Desde hace dos lunes que el Ministerio Público Fiscal inició los alegatos en el juicio por delitos de lesa humanidad en la que se juzgan a los responsables de los denominados "vuelos de la muerte" que salían de Campo de Mayo durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
En su alegato, el fiscal Marcelo García Berro destacó que los imputados “formaron parte del engranaje represivo que permitió que los hechos criminales sucedieran y dejaran un número altísimo de víctimas del terrorismo de Estado” ya que "el método de eliminación física de oponentes que fue usado por las estructuras militares y que funcionó como un gran dispositivo de muerte”, dijo.
“Resultaba intrascendente que las víctimas estuvieran vivas o muertas cuando fueron arrojadas a las aguas del mar argentino desde los aviones de la muerte, por cuanto el aporte realizado por los imputados fue previo, coordinado, organizado y subsumido en el plan sistemático de exterminio”, dijo el fiscal sobre el accionar de los genocidas.
El juicio es llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín y tiene como imputados al ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros; el ex comandante de batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza; el ex oficial de operaciones de esa dependencia, Eduardo María Lance; y el entonces oficial de personal, Horacio Alberto Conditi. Actúan además querellas particulares e institucionales, que representan a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.
El juicio se centra en los casos de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace. Todos ellos fueron secuestrados entre 1976 y 1977, trasladados al centro clandestino de detención "El Campito” ubicado en Campo de Mayo.
Además de haber sido torturados fueron subidas a aeronaves y arrojadas al mar o al Río de la Plata. Sus restos aparecieron al poco tiempo en distintos puntos de la costa bonaerense y fueron inhumados como NN. Años después fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Se calcula que más de 5 mil personas estuvieron detenidas de manera ilegal en alguno de los más de cinco centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo. A los genocidas se les imputa el haber organizado, planificado y materializado “los denominados 'vuelos de la muerte' o 'vuelos fantasmas'".
Según explica la fiscalia, "para ello, recibían a las víctimas que eran trasladadas al Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo. Allí eran subidas, vivas o muertas, a los aviones y/o helicópteros del Batallón que luego despegaban y durante el vuelo eran arrojadas a las aguas del Río de la Plata y/o al océano Atlántico para que no fueran encontradas, debido a la clandestinidad del accionar desplegado por las Fuerzas Armadas". El fiscal García Berro continuará con su alegato el próximo lunes 28 de marzo.
Como colorario, la Justicia aún no puede determinar la cantidad de muertos por los famosos vuelos pero por ejemplo se sabe por los expedientes judiciales ya juzgados que dos religiosas francesas, Alice Domond y Leonie Duquet, fueron secuestradas, torturadas y arrojadas vivas al Río de la Plata en uno de esos vuelos, en 1977.
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