El primer paso será hoy a partir de las 15 donde la Comisión de Legislación General presidida por la diputada oficialista, Cecilia Moreau, que tras las críticas de todos los sectores involucrados empieza hoy el debate en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. Para acelerar el trámite será una única comisión que aborde el tema.
El cronograma de trabajo será escuchar en Diputados a todas las partes afectadas, inquilinos, propietarios e inmobiliarias, con el fin de receptar sugerencias, testimonios y la norma que se sancionó en junio de 2020 que no dejó conforme a nadie.
En torno a derogar, suspender o modificar la Ley de Alquileres (27.551) hay casi una veintena de proyectos presentados por legisladores de distintos bloques. La polémica de esta normativa pasa por los contratos de dos a tres años de alquiler y los ajustes anuales con la fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE).
La actual Ley de Alquileres tuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2019, en el tramo final del gobierno de Cambiemos e impulsada por el exdiputado Daniel Lipovetzky. Tuvo un amplio acompañamiento, con 191 votos afirmativos, ninguno negativo y 24 abstenciones.
La sanción final de la ley llegó en junio de 2020, ya bajo la gestión del Frente de Todos y en un contexto de pandemia donde los precios de los alquileres estaban congelados por DNU. En ese momento, la oposición de Juntos por el Cambio se diferenció y estuvo ausente al momento de la votación. Así, la norma fue sancionada en el Senado por unanimidad, con 41 votos positivos del oficialismo y aliados.
Inmobiliarias e inquilinos
Marta Liotto, presidenta de CUCICBA, el colegio de corredores inmobiliarios porteño, sostuvo que el segmento atraviesa un estado de "tensión, aunque también entusiasmo" ante la posibilidad de que Diputados avance en el corto plazo con las modificaciones solicitadas.
"El sector de las inmobiliarias se unificó en una sola voz como nunca antes. Consideramos que la derogación que se exige puede hacerse de forma inmediata. Son sólo dos puntos los que estamos pidiendo. Puede resolverse en una única sesión", afirmó.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Agrupados manifestó que “pusieron sobre la mesa una discusión fundamental para que sea más justo y digno alquilar vivienda en Argentina. Frente a la actitud mafiosa del mercado inmobiliario vamos a redoblar esfuerzos para que se cumpla la ley y se regule el precio de los alquileres”.
Cambios
El proyecto del diputado José Luis Gioja, que comenzará a discutirse propone cambios en los plazos de contrato y topes en los incrementos. Es decir, que el valor inicial de los alquileres sea como máximo un 20% superior al que correspondería por la fórmula de ajuste anual. Así mismo, el proyecto de ley propone un tope del 10% en el caso de renovación de contratos.
Propone cambios impositivos donde los locadores o propietarios perciban por los alquileres pueda deducirse de los Ingresos Brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Y el proyecto de ley exime del pago de Bienes Personales a los inmuebles debidamente registrados que sean puestos en alquiler. Este beneficio tendría una duración de 15 años y se aplicaría solo si existe un contrato vigente. Es decir que no aplicaría para viviendas que figuran como “en alquiler” pero están deshabitadas.
Alquileres sociales e inmuebles en desuso
El proyecto propone además que se cree una ley que introduzca un gravamen especial para aquellos inmuebles que se encuentren deshabitados, pese a que podrían ser usados como vivienda. Así como crea la figura de Alquileres sociales que se centra en la falta de oferta, pero no afecta directamente ni a propietarios ni a inquilinos. En detalle, la iniciativa propone que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la gestión pública de alquileres sociales.
Comentarios recientes