El diputado del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau calificó como "una aberración institucional" el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el Consejo de la Magistratura del pasado 16 de diciembre que obligó en 120 días al Congreso a sancionar una nueva ley para regular el organismo y elegir a sus nuevos miembros. Plazo que se cumplen el viernes próximo.

"Que cuatro individuos que integran la Corte Suprema le impongan al Parlamento con día y hora, que fue votado por 25 millones de ciudadanos, la obligación de sancionar una ley es una aberración institucional que sólo debe ocurrir en la Argentina", advirtió el legislador a través de su cuenta de Twitter.

Moreau consideró que "más grave aún" es que el fallo se haya establecido "bajo la coacción" de retrotraer la integración del Congreso de la Magistratura a la que establecía la Ley 24.937, derogada en el 2006, con 20 miembros en lugar de los 13 actuales.

“Para completar este dantesco juego hay que decir que el objetivo es que (Horacio) Rosatti se autocorone, como si fuera un Napoleón de pacotilla, titular del Consejo de la Magistratura", denunció el diputado, al referir que la ley del 2006 disponía que el organismo estuviera encabezado por el presidente de la Corte.

El legislador continuó su furia en redes sociales con una comparación llamativa: "Este golpe palaciego sólo es posible porque la Corte representa y se apoya en los grupos dominantes. Por esa razón hasta se dan el lujo de reformar la Constitución con sentencias".

El plazo de 120 días que había ordenado la Corte tras su fallo en diciembre pasado se cumplirá el próximo viernes 15 -que es feriado nacional por el Viernes Santo-, para que el Consejo equilibre su composición entre miembros técnicos (abogados, jueces y académicos) y políticos (legisladores y representante del Poder Ejecutivo). Mientras el Consejo negocia como seguir con un reglamento provisorio en principio y un plenario este miércoles, ya se eligieron tres nuevas consejeras por estamentos técnicos, y el Senado dio media sanción al proyecto de ley que propone 17 integrantes para el Consejo, no 13 como el actual, ni 20 como dispuso la Corte.