El organismo también aprobó un reglamento “mínimo” para funcionar a la espera de la integración conjunta y simultánea del Consejo que aún no se sabe si será de 17 o 20 integrantes luego del fallo de la Corte.
“Sino somos responsables para hacer que el Poder Judicial funcione, renunciemos!!!”, espetó el actual presidente del Consejo, Alberto Lugones, criticando con dureza a los medios envalentonado por un debate acalorado en el organismo en el último plenario previo al cambio de composición.
En este sentido dijo que “el despacho de la presidencia del cuerpo estará disponible si el presidente de la Corte quiere venir al despacho el lunes y asumir”. Este párrafo marcó lo álgido del debate de la aprobación del reglamento por siete votos.
El plenario de este miércoles fue discutido y movido por cambios en los acuerdos de último momento de los consejeros para aprobar un “reglamento de funcionamiento mínimo y de contingencia” que al final tuvo el aval de siete consejeros para poder funcionar luego de la fecha impuesta por la Corte Suprema, el viernes 15 de abril. El resto votó en contra: Culotta, Marías, Matterson, Recondo y Tonelli.
Reglamento mínimo para funcionar tras el 15-A
En medio de un acalorado debate con posiciones encontradas, el plenario aprobó “delegar en el presidente o el vicepresidente las facultad mínimas” para “la representación en juicio, para la gestión de recursos humanos en materias impostergables y asignación de asuntos a sólo efecto de su radicación”.
El reglamento provisorio faculta al Consejo de la Magistratura de la Nación para tomar decisiones administrativas hasta “tanto se verifique la integración conjunta y simultánea” del organismo. Es decir, que hoy en día sin nueva ley que regule al organismo y vencido el plazo impuesto por la Corte Suprema, se acordó una serie de medidas para la gestión administrativa del Consejo.
En este sentido, tras los feriados de Semana Santa, el lunes 18 de abril, el Consejo podrá funcionar en varios aspectos pese a la resistencia de un parte de los consejeros que no dieron acuerdo: en la parte administrativa como el pago de sueldos, compra de insumos y la gestión de recursos humanos así como en la asignación de recursos del presupuesto para los juzgados o fiscalías que estaban ya previstos que son “materias impostergables”, dice el reglamento al que accedió Tiempo Judicial.
“Los empleados no pueden vivir sin cobrar el sueldo un mes”, espetó Lugones.
Discusión
Previo a la votación del plenario, el consejero de los abogados porteños, hizo uso de la palabra. Diego Marías dijo que “no es prudente avanzar sino esperar a que actúe la Corte porque es la cabeza del Poder Judicial, lo hará más temprano que tarde”. Votó en contra de la resolución del reglamento provisorio porque no “cree que se paralice el Consejo”. En la misma línea, el representante de los jueces, Ricardo Recondo, explicó que “respeto los fallos y creo que a partir del día 120 que impuso la Corte hemos dejado de ser el Consejo de 13 miembros y cualquier decisión a partir de ese día será nula por eso no podemos hacerlo. La Corte se va a ocupar de este tema y voy a votar en contra del reglamento”.
Lugones dijo que “yo no voté ese encorsetamiento que puso la Corte en el fallo pero tenemos que hacer que funcione el Poder Judicial para los colegas de todo el país. Por eso tenemos que aprobar el reglamento aunque fue la propia Corte quien dijo que va a formar parte cuando esté integrado nuevamente el Consejo”.
"En consecuencia yo también leo el fallo y no coincido con el Dr. Recondo dice que el Presidente de la Corte asumirá cuándo se complete en forma simultánea. Eso lo pusieron ellos, para qué estamos acá si no hacemos que el Poder
Judicial funcione. Los funcionarios tienen que seguir trabajando y seguir cobrando, que los empleados puedan tener un sueldo y puedan comer a fin de mes porque los jueces podemos estar sin cobrar", criticó el juez que cerró con una frase lapidaria el plenario: "Nos volveremos a encontrar cuando Dios disponga".
Diego Molea se mostró “sorprendido y confundido” por el “arduo trabajo realizado para el cumplimiento del fallo de la Corte y quien está en deuda no es este Consejo, sino el Poder Legislativo o el Poder Judicial”.
“Había un consenso mínimo para votar este reglamento y dar certezas a empleados del Poder Judicial para el mínimo funcionamiento sabiendo que en pocos días con la nueva ley esto cambia. Nuestra responsabilidad es dar certezas y por una resolución de la justicia federal de Paraná me siento confundido por lo planteado, por el respeto a la palabra y por cómo venimos trabajando teniendo miradas distintas garantizando el funcionamiento del CM acatando el fallo de la Corte”, explicó.
Ustarroz dijo que “la precautelar del juez de Paraná sólo obliga al Poder Legislativo” y que “la solución es la nueva ley del Consejo”. “Me sorprende que por una precautelar exógena y compleja no hagamos esto previendo si viene o no la Corte el lunes”, y agregó “si la Corte quiere modificar este reglamento también lo haremos”.
Graciela Caamaño aseguró que “más allá de las columnas de opinión la realidad es que las treces personas que acá trabajamos para el acabado cumplimiento del fallo de la Corte Suprema”. Y firmamos una nota pidiéndole al Senado y a Diputados, y también al presidente, que traten la nueva ley porque “advertimos las vicisitudes de los alcances del fallo”.
Por su parte, Vanesa Siley, dijo que “sino se aprueba el reglamento ahí si se paralizaría el Consejo” y “esperemos que la propia Corte cumpla con su mandato constitucional para que la justicia funcione”.
Concursos en trámite postergados
En el inicio del plenario, fue más simple aprobar que todos los concursos en trámite en el Consejo de nuevos jueces o juezas pasen a la comisión de labor hasta el normal funcionamiento del Consejo y su nueva composición.
Por unanimidad se decidió que todos los concursos en trámites de jueces nacionales y federales vuelvan a la comisión de labor del Consejo de la Magistratura hasta tanto se complete la nueva conformación.
El representante del PEN, Gerónimo Ustarroz, fue la voz cantante para enunciar que no hubo acuerdo para aprobar en el plenario los concursos en trámite. “Llegamos al último día estuvimos haciendo muchos esfuerzo para consensuar y no arribamos un acuerdo más allá de ser generosos con la propuesta hacia el grupo que debería haber generado los votos que faltan. La solución al atolladero es una nueva ley y el Poder Legislativo tiene una oportunidad histórica en solucionar esto”.
El diputado de Cambiemos Pablo Tonelli dijo que “no hubo acuerdo para aprobar ninguna terna de concursos de jueces y estamos comprometidos para que se sancione nueva ley orgánica tras el fallo de la Corte que declaró inconstitucional de la ley 26080”.
Ambos coincidieron en esperar la nueva ley: “La solución es una nueva ley orgánica para darle nueva vida al Consejo. Sino es inmediato el Consejo tendrá nuevos miembros tras el fallo de la Corte y espero que podamos seguir funcionando hasta la nueva ley o con los nuevos consejeros hasta noviembre, espero que el Consejo no se paralice”.
También se aprobó el reglamento para la posterior elecciones de jueces y abogados para el nuevo Consejo, donde elegirán abogados del interior y de la Capital Federal para asumir en noviembre.
Incertidumbre
Fuentes del Consejo manifestaron a Tiempo Judicial, que reina la incertidumbre en cómo impactará el reglamento provisorio en el día a día en el Consejo y que pasará el lunes cuando la Corte Suprema sea parte del mismo más allá que el mismo fallo supremo expresa que los consejeros nuevos deben asumir simultáneamente.
El fallo supremo decidió que, sino se aprueba ley nueva antes de este viernes, el Consejo vuelve a su conformación original antes de la reforma de 2006 que tenía 20 miembros. Hoy tiene 13 y mientras se suceden elecciones de los estamentos que lo integran se debate también un proyecto de ley que eleva a 17 integrantes el número de miembros del organismo que juzga y selecciona a magistrados y magistradas.
Se realizaron ya dos elecciones del estamento de abogadas y de las juezas, donde ingresarán tres mujeres al Nuevo Consejo: por las abogadas, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, así como por las juezas Agustina Díaz Cordero. Para llegar al hipotético número de 20 consejeros/as faltarían: el ingreso de un juez de la Corte Suprema, un miembro del sector académico que se elige el 18 de abril y el resto de los legisladores, uno por cada cámara (Diputados y Senadores) en principio.
De hecho, se filtró que serían Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) y Luis Juez (Pro-Córdoba) los nuevos consejeros propuestas por la oposición.
Designaciones de dos consejeros para “nuevo Consejo”
Según fuentes parlamentarias, la designación de dos legisladores, uno por cada cámara, está frenada y así lo expresó el senador del FDT, Oscar Parrilli. “Antes de pensar qué va a pasar el lunes, hay que analizar lo que está haciendo la Corte Suprema, que no es más que un golpe institucional al Consejo de la Magistratura. Es de una gravedad institucional inusitada. Así como la Corte Suprema de 1930 convalidaba golpes, ahora lo hacen Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dos personajes que aceptaron asumir por decreto y que hicieron la vista gorda durante todo el macrismo”, sinceró Parrilli, alfil judicial de la vicepresidenta y quien avanzó en la media sanción de la nueva ley del Consejo.
Por su parte, el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, le contestó y dijo que “ponen a la Argentina a las puertas de un gravísimo conflicto de poderes”. “Los fallos de la Corte no son de cumplimiento opcional sino que son obligatorios”, agregó.
Más complicaciones
Ayer, y en la Justicia Federal de Paraná, en Entre Ríos, el juez federal aceptó un amparo de un diputado y le ordenó hoy a los presidentes de ambas cámaras del Congreso que se abstengan de designar los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura.
El juez Daniel Edgardo Alonso, titular del juzgado Federal N° 2 de Paraná hizo lugar a una medida pre cautelar presentada por el diputado Marcelo Casaretto. “El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley, y no se pretenda poner en vigencia una Ley ya derogada en 2006″, sostuvo Casaretto a través de su cuenta de Twitter.
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