En la antesala de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asuma al frente del Consejo de la Magistratura tras el vencimiento del plazo dado por el mismo máximo tribunal para que se sancione una nueva ley, el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, reclamó “tiempo para legislar” al Congreso, y así evitar un hecho de “gravedad institucional”. "Esperemos que prime la cordura y la defensa de las instituciones”, agregó.
En una publicación a través de la red social Facebook, titulada “Tiempo para legislar o conflicto de poderes”, el legislador habló de “alternativas existentes para encauzar el debate sobre el Consejo de la Magistratura”. “Hoy es un día bisagra para el funcionamiento institucional de la democracia argentina. Este lunes, la Corte Suprema de Justicia puede tomar decisiones gravísimas para la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones“, alertó el santafesino.
En ese sentido, subrayó: “Al expresar estas palabras no estamos ’embistiendo’ ni realizando una ‘ofensiva’ contra nadie. Al contrario: estamos advirtiendo y alertando sobre la gravedad institucional del escenario que se puede configurar hoy en la justicia argentina. Lo hacemos respetando la Constitución y las leyes vigentes. Y lo hacemos convencidos de que aún hay una salida posible”.
Tras la renuncia de Máximo Kirchner, el actual presidente de la bancada oficialista en la Cámara baja mencionó que “el 16 de diciembre de 2021, luego de tener el tema en estudio durante 1.577 días, la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 que en el 2006 modificó la composición del Consejo de la Magistratura”.
“Dijo además que el Congreso tenía 120 días para sancionar una nueva ley, que modifique la composición del Consejo de la Magistratura. A esa altura, la Corte ya sabía que desde finales de noviembre el Poder Ejecutivo había ingresado en el Senado de la Nación un proyecto que modificaba la conformación del Consejo, llevándolo de 13 a 17 miembros”, aclaró el diputado.
Martínez observó que “la CSJ dijo otra cosa en ese fallo de diciembre de 2021. Además de declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006 y de emplazar al Congreso para que en 120 días sancione una nueva ley, dijo que -de no haber una nueva ley- se reponía la vigencia de la Ley 24.937 sancionada en diciembre de 1997”.
“Esa ley de 1997, le daba al Consejo una conformación de 20 miembros y le cedía la Presidencia del Consejo al presidente de la CSJN, por aquél entonces Julio Nazareno, un ícono de los tiempos de la mayoría automática”, recordó.
El diputado analizó que “claramente, en ese fallo, la Corte anunciaba que estaba dispuesta a asumir facultades legislativas” cuando “los únicos que pueden dictar leyes son los y las diputados y senadores. El Poder Ejecutivo cuenta con la herramienta constitucional de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Pero la Justicia no puede legislar”.
En referencia a la media sanción que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tuvo en el Senado (con modificaciones), el santafesino resaltó que “de los 120 días con que contaba el Congreso para sacar una nueva ley, la Cámara de Diputados contó solamente con 4 días hábiles. Un despropósito. Imposible legislar en tan exiguo plazo sobre un tema tan profundo. Cumplido el plazo fijado por la CSJ en su fallo ¿qué pasará este lunes? -se preguntó-“.
Entonces sostuvo que “si en nombre de la -derogada- Ley 24.937 hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. La Presidencia de la CSJ comenzará a tomar decisiones sobre el Consejo de la Magistratura en el marco de una ley derogada hace 16 años atrás. Volvemos a la toma de decisiones hiper concentrada en una sola persona: la Presidencia de la CSJ”.
En el tramo final de su publicación, Martínez expresó: “¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo evitar un gravísimo antecedente institucional? ¿Cómo evitar este conflicto de poderes? ¿Cómo encauzar institucionalmente el tema? Con una sola palabra: TIEMPO. Si la CSJ le concediera al Congreso 90 días más para poder abordar con profundidad el tema, avanzando sobre la media sanción del Senado, todo se podría ordenar“.
“Sobre ese nuevo plazo, la Cámara de Diputados podría ir consensuando una metodología de tratamiento de la media sanción del Senado. Y todo se podría ir encauzando. Ciertamente, la totalidad de los diputados y senadores, sin distinción de espacio político de pertenencia, deberíamos estar pidiendo lo mismo: TIEMPO para legislar. Para eso fueron (y fuimos) elegidos”, agregó.
“Los posibles caminos están bien definidos. Darle tiempo al Congreso para legislar. O insistir en un escenario de gravedad institucional. Esas son las opciones. Y no hace falta argumentar demasiado, porque las consecuencias de ambas alternativas son muy evidentes. Será una decisión política de la Corte. Y especialmente de su presidente. Esperemos que prime la cordura y la defensa de las instituciones”, concluyó.
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