A casi 20 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán los ex policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta pidieron a la justicia la libertad condicional. Mediante una carta abierta los familiares de Maxi y Darío, junto con organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, mostraron su oposición a que los asesinos accedan al beneficio.
“Nos oponemos a que los ex policías bonaerenses y asesinos de nuestros compañeros sean beneficiados con la libertad condicional”, dice la carta firmada por Alberto Santillán (Papá de Darío), Leonardo, Javier y Noelia Santillán (hermanxs de Darío) y Mara Kosteki (hermana de Maximiliano) y la abogada Paula Alvarado.
Cerca de ochenta personas fueron heridas, treinta de ellas con balas de plomo, durante la represión de junio de 2002. El operativo policial fue dirigido por los gobiernos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo el sistema judicial no avanzó en la investigación de las responsabilidades de los funcionarios políticos ni de los jefes policiales que tuvieron a su cargo la represión en 2002.
Maxi y Darío fueron asesinados a manos del entonces comisario bonaerense Fanchiotti y el ex cabo Acosta en el hall de la estación Avellaneda, hoy renombrada "Darío Santillán y Maximiliano Kosteki". Fanchiotti y Acosta fueron condenados a prisión perpetua en 2006. La "Masacre de Avellaneda", tal y como se la recuerda, ocurrió mientras el presidente de la Nación era Eduardo Duhalde y en la provincia gobernaba Felipe Solá.
“Ellos no son simples asesinos, como tampoco forman parte de la población carcelaria común. Estos sujetos fueron un eslabón necesario en la formación del operativo represivo del 26 de Junio del año 2002 en la ciudad de Avellaneda, orquestado y organizado desde las más altas esferas del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires”, continua la carta también acompañada por Frente Popular Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón, el Frente de Organizaciones en Lucha y Familiares y Amigos de Luciano Arruga, entre otras organizaciones sociales.
Ahora la defensa de los ex policías pidieron s ante el Juzgado de Ejecución Penal 3 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, acceder a la libertad condicional. La complejidad de la causa es tal que a la causa en la que se condenó a los autores materiales hay que agregarle dos causas más, una federal y otra provincial. En la justicia de Lomas de Zamora dos causas, una contra los policías, en la que resultaron condenados Fanchiotti y Acosta y otra contra las autoridades políticas de provincia, en la que se investiga a Felipe Solá y Luis Genoud.
“El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, no investigó el caso, y cajoneó la causa al punto de haberla llevado casi hasta el cierre definitivo, sin interesarse en ni una sola línea de investigación. Fue el garante para que hoy los responsables intelectuales se encuentren sin atravesar los tribunales”, explica la Carta Abierta de las familias.
Por su parte la causa que se encuentra en el fuero federal continua en el limbo de Comodoro Py. En 2004 por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la investigación acerca de la responsabilidad penal de las autoridades políticas fue dividida una parte a la provincia y la otra al fuero federal. En la causa que se encuentra en Py tiene como imputados al ex canciller Carlos Ruckauf, al ex presidente Eduardo Duhalde y al ex secretario de seguridad Juan José Álvarez. Ninguno fue llamado a prestar declaración indagatoria.
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