La ley de acceso a la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo establece también el derecho de las personas gestantes al acceso a información precisa y de calidad respecto a su derecho a elegir no continuar con un embarazo no deseado hasta la semana 14 de gestación.
Sin embargo, en septiembre de 2021, Amnistía Internacional -junto a la asociación civil Líbera Abogacía Feminista-, presentó una solicitud de acceso a la información dirigida al ministerio de Salud mendocino con sustento en la Ley 9070 que obliga al Estado a brindar información pública.
Según denunciaron desde estas entidades, la solicitud fue respondida de forma incompleta e imprecisa, ya que, por ejemplo, omitió informar sobre cuántas prácticas de IVE/ILE se realizaron y cuáles son los centros de salud públicos que garantizan dicha atención.
Ante esta situación, Amnistía pide a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que obligue al Estado de Mendoza a brindar información pública sobre salud sexual y no reproductiva para que toda la sociedad pueda contar con datos precisos y completos sobre la implementación de la ley de en la provincia.
Ante estas falencias, ambas organizaciones requirieron la intervención del organismo garante del derecho de acceso a la información en la provincia, la Auditoría General de Ética Pública. Aún así, dicho organismo rechazó el planteo y convalidó la falta de acceso a información central para monitorear la implementación de la ley y garantizar el efectivo acceso a la salud de las mujeres, niñas y personas gestantes de la provincia.
Contra ese rechazo, el 31 de marzo Amnistía Internacional presentó una demanda ante el máximo tribunal local, a través de la cual pidió que revise el accionar ilegítimo del Auditor General, y restablezca el derecho a la información vulnerado. “Acceder a información completa y precisa sobre el grado de implementación de la ley 27.610 es un derecho de todas las personas; así como producir y publicar la información necesaria para la implementación de la norma es una obligación del Estado en sus diferentes niveles y de acuerdo a sus competencias”, explicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Hacé clic aquí para acceder a la presentación judicial completa.
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