La fiscal Gabriela Boquin consideró que la decisión dictada por la Sala B de suspender la quiebra del Correo Argentino resulta “nula, contraria a derecho y arbitraria”. Los abogados de la empresa de la familia del ex presidente Mauricio Macri pidieron la suspensión del concurso preventiva. "Lo decidido genera gravedad institucional pues el precedente podría generar un caos en la justicia nacional", advirtió Boquín.
El 5 de julio de 2021, la responsable del Juzgado Comercial N°6, Marta Cirulli, dictó por segunda vez la quiebra de la empresa Correo Argentino S.A.. Los representantes de la firma apelaron el decisorio, recusaron a la fiscal general Boquín e interpusieron otros recursos que dilataron el trámite de la causa.
El 4 de mayo pasado, la Sala B de la Cámara Comercial, integrada por las juezas Matilde Ballerini, María Elsa Uzal y Guadalupe Vásquez -quien votó en disidencia- resolvieron suspender el trámite de la quiebra -que ya lleva 20 años- tal como lo solicitaron los representantes del Correo Argentino.
Tras esta decisión, hoy se conoció el dictamen de la fiscal general ante el fuero Comercial, Gabriela Boquín, quien interpuso el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. "No he visto en 28 años como abogada, ni en más de 7 años de Fiscal (y habiendo intervenido en miles de dictámenes) que un concurso preventivo lleve más de 20 años de trámite y haya estado en la Alzada por casi 10 años para terminar resolviéndose lo mismo que se había resuelto 15 años atrás”.
La fiscal concluyó que “lo decidido genera gravedad institucional pues el precedente podría generar un caos en la justicia nacional paralizándose procesos como consecuencia de planteos como el aquí resuelto implicando una gran incertidumbre jurídica”.
Críticas a la cámara Comercial
Boquín fue muy dura con el fallo de la Sala B de la cámara Comercial que suspendió a principios de mes el proceso de la empresa Correo Argentina S.A. que lleva casi 22 años de trámite concursal sin resolverse.
La fiscal remarcó que la Cámara "incurrió en serias inconsistencias argumentales que la descalifican [a la decisión] como acto jurisdiccional válido pues falló no sólo apartándose de las circunstancias actuales de la causa y contrariando sus resoluciones anteriores, sino también apartándose de la normativa aplicable [los artículos 101, 273 último párrafo y 278 de la Ley de Concursos y Quiebras, los artículos 12, 16, 26, 33 y 285 del Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 33 de la ley 402 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1 y 129 de la Constitución Nacional, y los artículos 1 y 8 de la ley 24588], que demuestran la improcedencia indiscutible de la pretensión de la deudora".
En febrero de 2017, pleno gobierno de Mauricio Macri, y cuya empresa familiar evadió el pago del canon de la empresa de correos privatizada, trató de resolver la deuda de Correo con una quita de 70 mil millones de pesos a 2033. Propuesta justamente por el PEN a cargo de Macri en la causa de la quiebra de la empresa comprada por su padre Franco Macri y que fue controlada por Sideco Americana S.A..
En ese entonces, la fiscal general consideró que el consentimiento fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo -el entonces Juan Manuel Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180 días-, en virtud de que debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.
La representante del Ministerio Público Fiscal expresó en 2017 que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Asimismo, Boquín advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.
Esto derivó en denuncias penales para Macri y Oscar Aguad, entre otros, que hoy no llegan a ningún puerto en los tribunales de Comodoro Py. Pero si tuvo novedades, la histórica causa comercial por la quiebra que parece el agujerito sin fin. Hoy, Boquín pidió la intervención del Máximo Tribunal y suma otro conflicto para resolver por los supremos si es que desean meterse en el barro de la grieta.
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