Desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de este año, se produjeron 110 femicidios, 3 trans/travesticidios y 6 femicidios vinculados de varones. Además, 123 hijas/os quedaron sin madre, de los cuales el 65% son menores de edad. DATOS.
El 58% de los agresores eran parejas o exparejas, según datos aportados por un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.
“La violencia de género es multicausal por lo que debe tener un abordaje integral, interdisciplinario y federal desde una perspectiva de género”, explicó a Tiempo Judicial Ada Rico, una de las fundadoras de la mencionada Casa del Encuentro, quien se presentó como activista y luchadora por los derechos de las mujeres, niñas y niños y personas trans, desde una perspectiva integral de los Derechos Humanos contra toda forma de violencia, abuso y discriminación desde un feminismo popular.
“Desde el 2008 al 2018 las estadísticas indicaban una víctima de violencia de género cada 30 horas en nuestro país. A partir del año 2019, el monitoreo indica un femicidio/trans/ travesticidio cada 29 horas. Y en los primeros 4 meses de 2022 tenemos una víctima de violencia sexista cada 25 horas”, sintetizó la entrevistada. “Estos datos son un indicador de que las políticas públicas que implementa el Estado son insuficientes, porque no se logra disminuir los índices de violencia sexista”, sintetizó.
Del total de femicidios ocurridos este año, 26 ya contaban con una denuncia previa al agresor, 4 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención y 7 de ellos pertenecían a agentes de fuerza de seguridad.
Rico apuntó contra el rol revictimizante del Poder Judicial y de la responsabilidad del Estado en estos asesinatos tras la ausencia de políticas públicas tendientes a la prevención de estos delitos con razones de género.
El peligro en el hogar
El mayor peligro de vida para las mujeres es su propia casa. El citado informe arrojó que, al analizar los más de 100 nuevos femicidios, el 65% de éstos ocurrieron en la vivienda de la víctima.
“Estos porcentajes que se repiten año tras año, indican que para una mujer en una situación de violencia el peligro está en su hogar, que esa persona con quien construyó un proyecto de vida es quien termina asesinándola y también queda demostrado que no cree que la justicia la protegerá”, especificó Rico.
Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos registrados, seguida por Santa Fe, Córdoba, y Santiago del Estero.
Tal como Ada Rico explicó a este medio, estos femicidios son contabilizados por haber sido visibilizados en algún medio de comunicación: “Toda la información que nosotras tenemos es la que se publica en los medios de comunicación y desde el Observatorio de Femicidios la recopilamos”.
Particularidades de los casos
El informe detalla, a fin de ser puntos de partida de análisis y estudio de este fenómeno machista, que 7 víctimas tenían indicio de abuso sexual, 3 víctimas eran mujer trans, otras 8 eran migrantes, 4 eran de pueblos originarios, 4 víctimas estaban en presunción de prostitución o trata y 4 de ellas estaban embarazadas. En cuanto a los femicidas, 12 de ellos se suicidaron.
Para la Casa del Encuentro, fundada el 4 de octubre del año 2003 por Ada Beatriz Rico, Fabiana Tuñez y Marta Montesano, con el fin de diseñar un proyecto feminista por los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, “es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de Derechos Humanos, así se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”.
En caso de querer más detalle, el último libro que presentaron desde La Casa del Encuentro los femicidios y trans/travesticios desde 2008 a 2017 y allí están los casos con su correspondiente condena y/o sentencia firme. Se puede acceder a la información de este libro en www.porellaslibro.com.
Responsabilidad del sistema Judicial
Entre otros datos destacables, cabe mencionar que 26 víctimas ya habían realizado denuncia ante el Poder Judicial. Además, 4 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención y 7 de ellos pertenecían a agentes de fuerza de seguridad.
“Es imprescindible que el Estado, que tiene la obligación de proteger a las mujeres que denuncian al agresor y garantizar medidas integrales de asistencia, protección y seguridad, refuerce la protección desde una mirada interdisciplinaria y con un abordaje integral y federal que proteja en forma efectiva a una mujer o compañera trans en situación de violencia”, opinó Rico.
La activista apuntó contra la responsabilidad del Poder Judicial de brindar acceso rápido y transparente al servicio de justicia. Según afirmó, “es primordial que ante el dictado de una medida cautelar se contemple la voz de la mujer para que la misma sea eficaz y se otorguen dispositivos de protección -botón antipánico, exclusión del violento del hogar, incorporación a un refugio- conforme al riesgo evaluado”.
Así también, “se incrementa la protección a la mujer cuando se realiza la colocación de la tobillera electrónica al agresor. En este tipo de supuestos el Estado lleva adelante el seguimiento y monitoreo de la mujer y del agresor, contando con un lapso de tiempo prudencial para dar aviso a las fuerzas de seguridad cuando se localiza al agresor en un rango de metros cerca de la mujer”.
“Se tienen que profundizar las medidas como, por ejemplo, si no existieran tobilleras, poner una custodia las 24 horas especialmente cuando se notifica al agresor de la medida porque el bien jurídico a proteger es la vida de la víctima”, adhirió.
Acceso a la Justicia
El valor de los testimonios de las mujeres y diversidades en la Justicia se encuentran devaluados y subestimados. Por esto, es indispensable que este colectivo cuente con abogadxs con perspectiva de género que defiendan sus derechos ante un sistema judicial machista y patriarcal.
Para esto, mencionó que existen patrocinios jurídicos gratuitos. “En junio de 2021, el Estado Nacional anunció la creación del ‘Programa Acercar Derechos’ en uno de sus lineamientos se informa el traspaso del ‘Cuerpo de abogados y abogadas’ (Ley 27.210 del 2015) a la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con un aumento de su dotación y presupuesto”.
“Insistimos en la capacitación a efectores de la justicia para que el abordaje ante una denuncia por violencia sexista tenga un accionar con perspectiva de género. Por esto, reclamamos que se cumpla a nivel nacional la Ley Micaela (programa de capacitación en género y violencia contra las mujeres) y la evaluación posterior de la misma”, esgrimió Rico, quien puntualizó que “la violencia de género necesita una mirada federal”.
“No es lo mismo el acceso a recursos en los centros urbanos, que en las zonas más alejadas. La realidad es una sola: nos siguen matando. Sabemos que para trabajar la prevención se necesita un cambio cultural e implica un proceso extenso, en el que se deben reforzar las políticas que faciliten los caminos de resolución”, aclaró finalmente.
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