Quienes son cercanos al Poder Judicial sabe cómo la Justicia actúa, especialmente en casos de violencia de género. Es por eso que Ana Clara Moncada decide contar públicamente su historia. Ella ya no busca justicia ante un tribunal y mucho menos venganza, sino que la impunidad no sea un mensaje institucionalizado ante la violencia contra las mujeres y disidencias, a fin de que a ninguna más le pase lo que ella denuncia.

Moncada militó en el sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (AEJBA), entre 2010 y 2016, de donde cuenta que debió irse por hostigamiento, abuso de poder y acoso sexual de un dirigente.

Más allá del nombre propio del acusado por Moncada, la sindicalista busca que se ponga en agenda de debate a la violencia de género y el racismo sistematizado dentro de los gremios: qué lugar se les deja a las mujeres y disidencias que deciden invertir su tiempo en militancia por derechos humanos y, en especial, a qué costo.

La militante judicial, en diálogo con Tiempo Judicial, explicó que la solución a su situación no se encuentra en un juzgado, sino en visibilizar no sólo cómo es el ecosistema sindical por dentro, sino también el doble filtro de valor que debe traspasar ella ante la Justicia: el machismo y el racismo; por mujer y por “marrón”.

Moncada milita recientemente en Identidad Marrón por los derechos de aquellas personas con “rasgos andinos”, y desde allí también señala la discriminación por etnia que algunas personas padecen socialmente, incluso ante el Poder Judicial.

Hoy, la entrevistada busca un repudio a su situación vivida y el "nulo accionar" del sindicato ante su caso, y un protocolo de actuación a incorporar dentro del gremio para prevenir nuevos casos o, al menos, evitar la revictimización de las denunciantes.

Moncada explicitó que pidió ayuda llevando su caso al Consejo de la Magistratura de la Ciudad y al INADI, pero “hasta ahora, no se ha habilitado canal de comunicación alguno, ignorando el reclamo, generando una nueva forma de daño psicológico”.

Hoy, 3 de junio, se cumplen 7 años desde la creación del movimiento “Ni una menos” como una expresión masiva destinada a visibilizar la violencia por motivos de género. Actualmente, la mayoría de los delitos con razones de género continúan sin una condena firme a pesar de haber sido denunciados. Por eso, visibilizar es justicia. “La impunidad es un mensaje demasiado peligroso”.

-Contame sobre tu caso.

-Desde el año 2016, está impedida mi participación en el sindicato AEJBA, Judiciales de la CABA y en la Federación Judicial Argentina, como resultado del acoso sexual cometido por el dirigente Matías Fachal.

Para dejar de ser su víctima, debí abandonar mis deberes políticos y perder mi espacio gremial, limitándose así el desarrollo propio de mi vida como representante sindical.

Durante 3 años, de 2013 a 2016, Fachal ejerció acciones que constituyen violencia de género, abusando de su autoridad como integrante de las Comisiones Directivas de ambas instancias, generando un daño a las especificidades de género y etnicidad (Ley N° 26.485, arts. 5 incs. 2, 3 y 5 y art. 6 inc. b., art. 9 Convención de Belem do Pará, Leyes N° 17.722 y N° 23.592 y punto 6, incs. c, g, i, j y n de la A/RES/66/130).

En 2015, enojada y a los gritos le dije que nunca pasaría nada entre nosotros, que no me molestara más. Un rotundo "basta". El “no” fue rotundo y claro. Se disculpó y prometió no insistir. Sin embargo, en 2016 insistió. Ante un nuevo rechazo mío, me insultó y, como represalia, no me habló nunca más, anulando mi participación.

Ese año, Guadalupe Santana y Mirta Odato charlaron con él, pidiendo explicaciones. Su mejor excusa fue que "se había enamorado". Yo no podía seguir participando en esas condiciones, siempre cuidándome, incómoda, alerta, siendo acosada. 

En ese año abandoné mis cargos y me desafilié. En abril del 2018 supe de su candidatura en Federación Judicial Argentina. Yo había decidido partir fuera del país, enfocándome en otros rumbos. Quería olvidarlo todo. Además, conociendo perfectamente el trato hacia las víctimas por parte de la Justicia, no me encontraba en condiciones de seguir y tener que revivir los hechos traumáticos que me dejaron fuera de un ámbito tan valorado y entrañable para mí para testificar.

-¿Qué te impulsó a denunciar públicamente y divulgar tu caso?

-En diciembre de 2018 se difundió el video de Thelma Fardín. Días después, la carta que hace público el acoso perpetrado por el sindicalista Fito Aguirre. Ambas denuncias fueron impactantes, pero me sentí absolutamente identificada con la descripción de los hechos de S. H.: el contacto físico con connotación sexual no deseado, las actitudes posesivas como vigilancia o escenas de celos, comentarios sobre la apariencia, mensajes fuera de lugar, mentiras a su esposa como si existiera algo que ocultar entre nosotrxs. La incomodidad absoluta en las reuniones o viajes, el asco total y la impotencia aplastante. La dificultad de categorizar la situación, el rechazo a ocupar el lugar de “víctima”. Intentar sobrellevar el acoso, esperar que se detenga. Gritar que no, que basta, que frene. Escucharlo hablar bonito sobre derechos de las mujeres y no lograr que desista en tocarte y poseerte.

En efecto, al día de hoy, somos nosotras las que tenemos que dar las explicaciones. Así las cosas, en 2019 salí del país. En 2020, debido a la pandemia, fui repatriada. Para inicios de 2021 tuve una reunión con una excompañera, actual integrante de la conducción, quien no tuvo una solución para mi caso.

Ella propuso una mediación: imposible. Yo no podía soportar la presencia de Fachal, no podía verlo ni en fotos. Le explicaba que no había forma de compartir nada, porque mi integridad psicofísica había sido sistemáticamente vulnerada.

A mediados de 2021, durante la segunda ola de Covid, casi deprimida por no poder regresar al espacio político en el cual quería participar, por la injusticia de haber quedado fuera por un machista hipócrita que va a las marchas del 8M y 25N, por las mentiras alrededor de mi desafiliación, retomé el asunto en terapia. Recordé detalles de todo tipo: reviví la emoción de los logros colectivos y personales. Así también, el asco, la angustia, la bronca, el dolor.

El 23/9/21 supe que él sería el próximo Secretario General de la Federación Judicial Argentina. Por el fuerte impacto emocional, hablé. Conté en un audio difundido en el Congreso lo que resultó ser un secreto a voces: muchas y muchos habían indagado sobre mi repentina ausencia y se habían enterado “el rumor”. 35 congresales y dirigentas/es de 9 provincias exigieron atender el caso. Otros, sin negar los hechos, alegaron una “operación política” y el proceso electoral avanzó.

-¿Cuál fue la reacción del acusado ante tus denuncias públicas?

Matías Fachal, en su nuevo rol de máxima autoridad, acudiendo como Alperovich a la teoría de la “falsa denuncia, causa armada por motivos políticos”, amenazó con cartas documentos a dos dirigentas de la Pcia. de Bs. As. Las instó a callar o ser denunciadas civil y penalmente, mientras intentaba armar –sin éxito- un pacto machista de complicidad con todo varón de su agenda, negando mis dichos. ¿Les suena?

Entonces realicé una presentación vía mail ante FJA sin obtener respuesta. Pasados 7 meses, el 26/4/22 envié la Carta Documento N° 148341545: silencio total.

También me dirigí a mi sindicato de base, AEJBA (Asociación de Empleados del Poder Judicial de la CABA). La carta documento fue rechazada. Ese mismo día, envié una notificación al Consejo de la Magistratura de la CABA (CUIJ 9089-8) y realicé una denuncia ante el INADI (Expte. 43474750). Expliqué los hechos de Violencia Sexual, Política e Institucional de Género que sufrí, su modus operandi.

Hasta ahora, no se ha habilitado canal de comunicación alguno, ignorando el reclamo, generando una nueva forma de daño psicológico. En ese sentido, para preservar mi integridad psicoemocional no he acudido a los tribunales. No quiero regresar al lugar de víctima, ni siquiera en el aspecto legal.

-¿Tu impedimento para hacer una denuncia formal ante la Justicia es su falta de perspectiva de género?

-Sí, la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial está por demás reconocida por la mismísima FJA. Incluso en el ámbito porteño fue necesario crear un Observatorio de Género en la Justicia, a cargo de la Dra. Diana Maffía, para “propiciar iniciativas orientadas a promover la igualdad.”

Y basta con conocer las noticias de estos días. Menciono 3: Thelma Fardín acudirá a la ONU por la falta de tramitación del expediente que tiene el apoyo de los Ministerios Públicos Fiscales de 3 países. Javier Anzoátegui, juez penal, con antecedentes de misoginia, insiste en una sentencia con que la violencia de género es un “oscuro concepto” impulsado por una “ideología falaz”. Sebastián Villa, jugador de fútbol, con pruebas contundentes acreditadas en la causa, sigue con normalidad su vida. Exista condena firme o no, el movimiento feminista exige una decisión simbólica y política por parte del Club. En este escenario, ¿quién puede exigir la denuncia penal? ¿Qué medidas puede tomar un juzgado? ¿Cuántas mujeres son asesinadas con decenas de denuncias en trámite?

-¿En qué situación te encontrás actualmente?

-Como comenté, el acoso sexual terminó con mi apartamiento. No quiero ser revictimizada, ni sometida al perfilamiento racial por mi origen: soy migrante forzada de la Provincia de Jujuy, marrón. Mis rasgos andinos constituyen un factor de discriminación por etnia. Asimismo, un proceso penal perjudicaría la situación de empleo de Fachal. No es esa mi intención.

-¿Qué buscás al hacer público tu caso?

-Pretendo que la propia organización arbitre los medios para hacer justicia, aplicando todas las consignas que demandamos al Poder Judicial.

Estamos ante un planteo que hace al ejercicio de los derechos humanos: la violencia hacia una persona racializada por su género, constituye un fenómeno de gravedad, por ser un abuso de poder que impidió el ejercicio de un rol político y social, de forma antidemocrática. La solicitud de esclarecimiento, compartida por 60 dirigentes y ex dirigentes de 14 filiales no tiene respuesta alguna. Tampoco el pedido de renuncia y/o apartamiento preventivo, pese a las mociones que lo exigieron en Plenario.

Gracias a la comprensión y acompañamiento de militantes y referentes de todo el país, en diciembre conversamos sobre “Violencia de Género y Racismo en las Organizaciones Sindicales” con Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo LF), Belén Silva (Abogada Ecofeminista – Colectivo Identidad Marrón), Mila Montaldo (Lic. en Trabajo Social. Esp. en Salud Mental y Justicia de Género - Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos de la Fiscalía ante la Cámara Federal de MDP – Miembro de Justicia Legítima) y Enrique Stola (Psquiatra experto en Violencia de Género y Masculinidades, miembro de APSA, perito en los casos Grassi, Thelma, Higui, entre muchos otros).

Las reflexiones y las posibles acciones a llevar a cabo son diversas… Yo pretendo un repudio a las acciones de Fachal, para desalentar y prevenir nuevos abusos, una reparación a modo de Disculpas Públicas y la creación de un Protocolo de Actuación para casos de VG.

Propongo también como instancia de revisión de sus conductas machistas -dado que los cursos por Ley Micaela no lograron conmover ni un ápice sus actitudes- el Grupo de Reflexión sobre Masculinidades, coordinado por Enrique Stola y Diego Gómez, organizado por Desertores del Patriarcado.

Insto a que mi ex organización, hoy reaccione ante la injusticia, conforme lo demanda el momento histórico de avance en derechos. La impunidad es un mensaje demasiado peligroso.

-¿Qué opinás sobre la presunción de inocencia?

- Respecto a la presunción de inocencia creo que el hecho de que no sea legalmente "culpable", no impide que existan gestos para reparación de la víctima y para desalentar otras violencias. Es cuestión de creatividad.

Desde lo ético, desde lo moral, desde lo político: ¿Se debe socializar con él como si nada? ¿Se debe compartir una mesa, una reunión? ¿Con cuántas personas a lo largo de la vida hemos perdido el vínculo por diferencias en valores/criterios/opiniones sin que existan "condenas firmes"?

A la "justicia" la administra el Poder Judicial. Su significado, lo define el pueblo. ¿Nos parece justa esta situación?