Un Juzgado de Violencia de la Justicia Provincial dio curso a una denuncia sobre violencia de género contra el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, impulsada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) y admitió que el sindicato ostente la demanda colectiva de un grupo de 200 trabajadores de los equipos técnicos de la Justicia cordobesa.
Casi la totalidad son psicólogas, trabajadoras sociales y médicas –en menor medida- que denuncian la falta de acceso a cargos jerárquicos, en tanto se ven limitadas a la posibilidad de ascender en la carrera administrativa en relación a sus pares varones, siendo mujeres el 94,3% de la totalidad del personal del área.
Además, por su condición de no ser abogadas se consideran discriminadas a la hora de desarrollar su carrera dentro del Poder Judicial ya que se les exige el título y la colegiatura para su ingreso, mientras a los futuros abogados que comienzan su carrera en los tribunales provinciales, solo se les exige cinco materias aprobadas en la facultad de derecho.
La resolución estuvo a cargo del Juzgado de Violencia de 4ta. Nominación, a cargo de la jueza Nélida Mariana Wallace, y la demanda denuncia “la sistemática violencia de género en perjuicio de los derechos de las mujeres trabajadoras de los Equipos Técnicos del Poder Judicial de Córdoba”.
La secretaria adjunta de AGEPJ, Agostina Noccioli, sostuvo en distintos medios de prensa que la medida “constituye un antecedente de suma importancia” porque “es la primera vez que la Justicia se avoca para analizar un contexto de violencia laboral colectivo, no individual y nada más y nada menos que contra uno de los tres poderes del Estado” provincial.
La denuncia se fundamenta en la ley 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres” y lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). Hasta hoy, el TSJ no había respondido a la demanda ni dio alguna explicación de la situación pero estaría notificado, toda vez que están cumplidos los plazos legales para tal fin.
Según explicó ante la consulta de Tiempo Judicial, la psicóloga integrante del fuero de familia, Andrea Zuliani, una de las promotoras de la denuncia, la situación de discriminación denunciada tiene doble sentido porque, además de la inequidad para desarrollar la carrera administrativa en relación a las y los abogados, de los 216 integrantes de los equipos técnicos “20 son varones, pero ocho están ocupando cargos de jerarquía como coordinaciones o jefaturas de área, alcanzando un porcentaje altísimo en relación al total de los cargos disponibles. Además, no se trata de cargos por concurso sino designados por medio de resoluciones del TSJ”.
Y agregó que “si bien en el Poder Judicial cordobés alrededor del 70% de personal son mujeres, en el caso del área de Equipos Técnicos ese porcentaje alcanza al 94.3%, tratándose de una tarea feminizada.
Los equipos técnicos están presentes en cada uno de los 23 juzgados ‘multifuero’ del interior provincial, que cuentan con una trabajadora social y una psicóloga. Además, en algunas cabeceras departamentales como San Francisco o Río Cuarto se suma una médica legalista. A esto se agregan las profesionales del equipo de Córdoba Capital, ya sea del fuero Penal, Violencia, Civil, Familia, etcétera.
“En el único paro que se hizo por este tema, realizado en noviembre 2019 que contó con casi 100% de adhesión, a caballo de un reclamo salarial general, solo se hizo un descuento masivo por el día no trabajado a nuestro sector mientras que al resto de las áreas no se le tocó el sueldo. Fue una medida disciplinatoria que agudiza la situación de violencia que venimos denunciando”, se quejó Zuliani.
Vale señalar que el colectivo se decidió a realizar la denuncia judicial el año pasado ya que el reclamo tiene muchos años sin solución. La prueba consiste en diferentes resoluciones del TSJ y de la administración, notas firmadas de puño y letra de los funcionarios, diferentes petitorios de jueces y magistrados que avalaban pedidos de reconocimiento y los numerosos proyectos presentados por el grupo de mujeres, que dormían en la dilación y negativas rotundas “argumentadas en una perimida perspectiva de justicia y que profundizaron el daño por la exclusión y trato discriminatorio”, concluyó la psicóloga.
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