La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dirigida por Ángeles Ramos, emitió su informe trimestral estadístico sobre las causas que investigan los crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar y el avance de las mismas, en el que se destacó que hasta el 3 de junio de este año hubo 1070 personas condenadas. Esta tendencia se profundizó en mayo de 2020 en el medio del ASPO y la pandemia de Covid-19.
Asimismo, se constató que 161 acusados fueron absueltos, en 278 sentencias desde el 2006 en todo el país. Se informó, también, que hay 516 procesados y procesadas en las causas en trámite, de las cuales 20 están en juicio oral, 64 elevadas a juicio, esperan el comienzo del debate, y 272 en instrucción.
Hasta comienzos de junio solo 6 juicios terminaron este año. En tanto son 1492 personas las que gozan de los procesos de libertad, y tan solo 750 están presas. Son 21 los genocidas que actualmente están prófugos en el país y evitan ser juzgados por sus crímenes.
En comparación, la misma fiscalía explicaba en 2018 en esta nota de Tiempo Judicial, que había un 56 % de los imputados detenidos por delitos de lesa humanidad tiene prisión domiciliaria, y que hace 4 años había 2985 imputados investigados por delitos de lesa humanidad, el 23% (694) está procesado. El 43% (1293) está libre, el 34% (1034) detenido, el 21% (621) fallecido y el 1% (37) está prófugo.
De las personas presas, 565 están con arresto domiciliario, tan solo 118 en cárceles y 67 en lo que se llama “otras” instituciones, como la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal con sede en la guarnición militar de Campo de Mayo, y como sus características son distintas a la de una cárcel común, por ejemplo, la custodia es del ejército, la Procaduría no lo considera un establecimiento penitenciario.
Como una señal de alarma, el organismo detalló que, desde hace 6 años, puntualmente el 2016, dos tendencias que señalan que una mayor proporción de personas están en proceso de libertad, y que la modalidad de arresto domiciliario es la que se destaca.
En tanto, explicaron que los datos fueron recolectados y entregados por las fiscalías federales y unidades especiales de todo el país.
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