Durante el año 2021, el Poder Judicial de Córdoba celebró 77 juicios con jurados populares. Un informe elaborado por la Oficina de Jurados Populares, que depende de la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia, precisó que 36 de estos juicios estaban relacionados con hechos de violencia de género.
Ante esto, Córdoba detectó que en los juicios con jurados populares se carece de perspectiva de género y se cae en la revictimización de las víctimas y la liberación de los imputados o culpables.
Esto fue advertido también por la defensa de los acusados de delitos sexuales, que piden que sus clientes sean juzgados en juicios por jurados, donde tienen más chances de alcanzar la absolución.
Con la incorporación de la Ley Micaela, un porcentaje del Estado ya aprehendió algunas herramientas para asegurar la igualdad ante la ley entre hombres, mujeres y disidencias, para lo cual es imprescindible la perspectiva de género. Dicha ley establece la obligatoriedad de todos los operadores y operadoras de los tres poderes del Estado de capacitarse en esta materia, mas esto no incluye a la población en general que luego participa de estos juicios.
Tras dejar en libertad a abusadores sexuales, algunas sentencias de juicios por jurado fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que también brindó al jurado una capacitación sobre perspectiva de género con base en la Ley Micaela.
Córdoba es la primera provincia en tomar la iniciativa de capacitar a los jurados populares en materia de género. Esto sucedió a raíz de que concluyera que los acusados de delitos sexuales prefieren ser juzgados en juicios por jurado, porque evalúan que la incorporación de la perspectiva de género penetró más en operadores de la justicia que en la población en general.
Cabe recordar que en Buenos Aires esta problemática se puso en relieve tras la violación grupal sucedida en el camping El Durazno, en Miramar. Allí se comprobó que tres hombres mayores de edad violaron a una menor, de 14 años. En septiembre del 2019, un jurado popular integrado por 12 ciudadanos declaró “no culpables” a Lucas Pitman (24, al momento del hecho), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25), cuyo veredicto no puede ser apelado por la fiscalía ni la familia de la menor.
Ante esto, Tiempo Judicial había contactado a Maximiliano Orsini, abogado defensor de la víctima, quien opinó que lamentablemente, la sociedad argentina no está preparada para juzgar estos hechos porque está instalado el prejuicio hacia la mujer”, ya que “todavía tenemos resabios de una sociedad machista y patriarcal, por lo que entiendo que sería injusto para la víctima que la sociedad la juzgue”.
“No estoy de acuerdo con que se aplique el juicio por jurados para los delitos de abuso sexual de menores de edad, de abuso sexual en general y los delitos de femicidio. En los casos de violencia de género, el jurado no debería resolver porque son cuestiones y pruebas muy complejas que requieren preparación, y esa preparación la tienen los jueces, no la tiene la sociedad todavía”, agregó el letrado.
En sintonía con Orsini, Córdoba analiza la misma premisa. La Oficina de Jurados Populares informó que ya tiene programados y con pedido de fecha de audiencia 72 juicios para el período 2022. Muchos de estos serán por violencia de género, resta ver cómo solucionarán la falta de perspectiva de género a la hora de dictaminar.
-Aquí, el calendario de juicios con jurados populares de la provincia de Córdoba.
-Manual instructivo del funcionamiento y conformación de los jurados en Córdoba.
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