Los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, fueron denunciados por la organización MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán por nuevamente formular fallos misóginos. Esta denuncia se incorpora al expediente N° 138/20 que se tramita en el Consejo de la Magistratura donde se solicita la remoción de ambos.

En el fallo en cuestión condenaron a un hombre acusado de asesinar a su pareja mujer en febrero del 2021 y por el intento de asesinar a otra mujer. Sin embargo, en los fundamentos del fallo no utilizaron la figura de “femicidio” solicitada por la fiscalía ya que consideran a la perspectiva de género "inasible" y "oscura”.

En respuesta a esta sentencia, el fiscal del caso, Gabriel González Da Silva, y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, presentaron un recurso de casación con base en la interpretación de los jueces sobre la figura de “femicidio” y su falta de entendimiento sobre lo que es la violencia de género. Cabe recordar que el Estado argentino mantiene compromisos internacionales en materia de violencia contra las mujeres.

"La aplicación de los tratados internacionales sobre violencia de género no es optativa", destacaron y recordaron que la ley que modificó hace 10 años el Código Penal "estableciendo el delito de femicidio como un crimen agravado, es parte del cumplimiento de los deberes del Estado asumidos frente a la comunidad internacional".

"Tiene una mayor pena porque es una herramienta para intervenir sobre el fenómeno femicida, sostenido y estructural en todo el mundo; y es un delito en sí mismo, con nombre propio, también por un sentido simbólico de sacar de las sombras las causales de esa violencia y terminar con la impunidad", remarcó Labozzetta.

Esta no es la primera denuncia que reciben por misoginia en el ejercicio de su labor, ya que en septiembre del 2020 tuvieron otro fallo misógino.

En esta causa, que tenía como imputado a un hombre de 30 años por las violaciones reiteradas contra su hermanastra durante casi 10 años, los jueces Anzoátegui y Rizzi apuntaron contra los médicos que le realizaron a la víctima embarazada como "sicarios" y "asesinos a sueldo".

Además, expusieron que el aborto realizado era un "método de tortura de la mafia" y "rituales de las tribus antropófagas". Incluso llamaron "manual de salvajadas inhumanas" al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación. Lejos de defender a la víctima en cuestión, los jueces denunciaron penalmente a los médicos y defensores.

La implementación de la Ley Micaela se convierte en urgente y necesaria para una Justicia igualitaria.