En medio de la preocupación que tiene en vilo a las asociaciones que nuclean a los inquilinos en la Cámara de Diputados se debate nuevamente la “Ley de Alquileres”, con dos posiciones, en principio, antagónicas. Una propone derogar la actual, dejando varios puntos flojos que perjudicarían a los inquilinos, la otra, pretende profundizar la legislación actual.
La "Mesa por los Derechos de les Inquilines" rechaza de lleno la flexibilización de la ley que, según señalan, es una base de derechos para el ciudadano. En este debate, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), explicó que los nuevos contratos se están cerrando con aumentos del 50 %. ¿Entonces? Esto quiere decir que un alquiler que durante todo el período que va de Julio de 2021 a junio de 2022 pagó $50.000, se va a $78.500 a partir de julio de 2022.
Al respecto, el abogado de "Inquilinos Agrupados", Andrés Bernal, dialogó con Tiempo Judicial sobre el debate, la ley, las propuestas y el riesgo de perder los derechos comparó con la época de privatización de las empresas públicas por parte del Gobierno menemista.
¿Qué es lo que se debate sobre la ley?
Es importante para nosotros poder identificar que no llegamos a esta situación por arte por arte de magia, no. Estamos hablando de la reforma de una ley que tiene dos años de sanción, después de prácticamente 40 años que en Argentina el Congreso no debatía una legislación protectora básica. Esta vez, que se sancionó hace dos años, estuvo vigente solamente un año, porque en el medio estuvo el decreto 320. O sea, con un año solamente de vigencia, hoy se debate la reforma de una ley que vino a elevar el piso de derechos de 9 millones de personas que alquilan en Argentina.
¿Por qué nuevamente está tela de juicio?
Llegamos a esta situación por dos factores. Por un lado, porque en el día número uno la corporación inmobiliaria, los grandes medios de comunicación y los sectores de la política, digamos, con negocios o intereses afines a los negocios inmobiliarios, operaron en contra de la ley. Después porque, por parte del Ejecutivo Nacional, se sistematizó el incumplimiento absoluto. Es como cuando en los 90', en los procesos de privatización, los trenes empezaron a llegar 20 minutos tarde, 30 minutos tarde, 50 minutos, una hora y media, y entonces indefectiblemente el desguace “porque son un fracaso, porque no funciona”.
Ese proceso de privatización la sufre la ley de alquileres. Institucionalizaron el fracaso, la deslegitimación, le tiraron encima un manto de incertidumbre, con esto de que se va a reformar de un momento para otro, convencieron con la idea de que fue un fracaso para las dos partes y entonces hoy estamos en esta situación. Igualmente, y esto también es importante decirlo, es una situación distinta a la que estábamos cuatro meses atrás, después de que el Presidente de la Nación, y un mes más tarde el Presidente de la Cámara de diputado, Sergio Massa, hablaban de fracasos de la ley, hoy la situación es otra.
¿Por qué?
Por la militancia de las organizaciones de inquilinos, es otra también por la intervención de la Mesa de Defensa de los Inquilinos, que hoy agrupa a muchísimas organizaciones del país. A partir de estas acciones pudimos revertir en el Congreso, donde finalmente llegó la discusión, la posición de la oposición oficial y quedó el panorama planteado en dos grandes posturas.
¿Cuáles son?
Por un lado, expresado en el dictamen de mayoría del Frente de Todos, profundización de algunos aspectos de la ley, sostener el plazo de tres años, la actualización anual de acuerdo al índice oficial, que ese índice sea el techo, entonces se puede pactar un aumento menor, un organismo de control, sostiene las registraciones en la AFIP, el depósito se puede pagar en cuotas y algunos aspectos así más particulares para la relación. Después está el dictamen de minoría, que el miércoles pasado, consensuado de Cambiemos con Graciela Camaño, planteó básicamente un proyecto de ley netamente regresivo, inconstitucional si se sancionaría, porque es regresivo en términos de derechos humanos o derechos que la población ya adquirió: el plazo, la previsión del precio respecto en términos de tiempo -un año-. Ese proyecto viene a bajar de 3 a 2 los años, la actualización puede ser trimestral, el aumento es de acuerdo a lo que dictamina el mercado. Vos podés ir a una inmobiliaria y te pueden decir "querés alquilar esto, las actualizaciones una vez cada tres meses de un 20% y si no te gusta andate".
¿Qué es lo importante en este debate?
Es que este proyecto de ley grafica que se habilita pedir cualquier cantidad de meses. Entonces para alquilar te pueden pedir dos, tres, cuatro, un año de alquiler de anticipo. Eso, que en la práctica hoy lo hacen porque la ley se incumple, significa, por ejemplo, que si una mamá soltera que está endeudada, que tiene tres pibes, que no puede comprar una garantía, no puede contratar un seguro de caución, entonces no puede acceder a ese alquiler formal. Hoy en la práctica le dicen "bueno, si querés alquilar esto anticípame cinco meses”, hoy eso está prohibido. Bueno, ahora lo legalizan. De esa misma manera legalizan una cantidad de prácticas a partir de los cuales expolian hasta el último centavo de los inquilinos.
¿Cuál es su posición y la de los organismos que nuclean inquilinos?
Primero, el escenario es crítico, ese proyecto viene a destruir y a perforar el piso de derechos, es regresivo en cuestión de derechos humanos y nos manifestamos naturalmente en contra. Estamos atentos y planificando acciones para encarar lo que viene.
El proyecto lo que hace es institucionalizar la decisión del mercado inmobiliario, en realidad institucionaliza la capacidad del mercado inmobiliario para decidir quién alquila y quien no. Legaliza las opciones que el marco inmobiliario hoy impone ilegalmente: contratos truchos, dolarizados, contratos de tres meses de alquiler para vivienda, depósitos a cualquier precio. Legaliza las prácticas purrias con las que el mercado inmobiliario hoy, en la práctica, se maneja.
Las posiciones están claras, hay una posición que es la de Juntos por el Cambio y el bloque de Graciela Camaño que son representantes de la corporación inmobiliaria. En estos dos años dos años para llegar a este punto estos personajes necesitaron hablar en nombre de los inquilinos. Entonces era común que digan la "ley fracasó para ambas partes, los inquilinos están perjudicados", eso no se traduce en el dictamen. En el proyecto de ley que ellos presentaron no hay una sola política de mejora cuantitativa cualitativa para la población que alquila, nada.
¿El objetivo es flexibilizar la ley?
Todo lo que la ley de alquileres le dio al inquilino, los tres años, el precio congelado, el depósito ordenado, un solo medio anticipo, todo eso, lo bajaron y lo flexibilizaron, todo para favorecer los negocios inmobiliarios. Las regulaciones que están planteadas, en el marco de relaciones, son para proteger de derechos. Entonces es un proyecto regresivo en términos de derecho.
¿Qué van a hacer si se efectiviza?
Nos estamos preparando para la sesión especial del 30 de junio porque parece que tendrían los votos para aprobar este este dictamen de minoría. Obviamente no nos vamos a quedar de brazos cruzados, después viene el Senado, donde vamos a reclamar que se vote en contra este proyecto y que, en todo caso, se avance en el dictamen de del Frente de Todos. En caso de que esta ley finalmente se sancionase le vamos a reclamar al Presidente de la Nación que la que la vete.
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