En una muestra de avance histórico a favor de los derechos de las personas con discapacidad, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, tras un amparo colectivo iniciado en el 2019, decidió que las escuelas privadas no podrán excluir, por ningún motivo, a los alumnos que tengan algún grado de complejidad.
Según la justicia, el Gobierno de la Cuidad deberá diseñar e implementar políticas públicas que garanticen la resolución y que no haya más discriminación sobre el acceso a la educación de las personas discapacitadas. La demanda colectiva fue realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
En tanto, la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA sumó su asesoría en el caso para demandar al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá gestionar las medidas necesarias.
Según la denuncia presentada, se vulneró “el derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que Argentina ratificó en el año 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde 2014”.
Fue la jueza Patricia López Vergara, a cargo del Juzgado nro. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, quien consideró inconstitucional la omisión del Gobierno al no accionar contra las instituciones que discriminan, y deberá presentar una propuesta para revertir la situación en 30 días.
Asimismo, la magistrada exigió que la propuesta debe tener en cuenta los siguientes ítems: el establecimiento de un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad; la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos, y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción; la adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias; y la producción de información que permita monitorear las políticas implementadas.
“Parece querer segmentar, encasillar, aislar, segregar, en definitiva, deshumanizar, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las personas con discapacidad”, concluyó la jueza sobre la exclusión.
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