La semana pasada hubo un hecho que conmocionó al mundo judicial cuando en la sede del Consejo de la Magistratura de la Nación se encontró abierta una oficina que guarda las declaraciones juradas de todos los jueces y juezas.
De hecho, se presentó una denuncia en la justicia federal y esta causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Stornelli que ordenaron las primeras medidas de prueba. Una de ellas que se determine si hay cámaras de seguridad y si es así que se aporten las filmaciones.
Hoy, el Consejo de la Magistratura, presidido por Horacio Rosatti, reunió a sus integrantes en sesión reservada para hablar y resolver las medidas tomar en función de los “accesos irregulares a declaraciones juradas de magistrados/as y funcionarios/as judiciales”.
En la misiva a la que accedió este medio, la investigación interna del organismo, según informes iniciales, evalúa que en la oficina se encontraron “con la apertura de 24 sobres que contienen anexos reservados de declaraciones juradas de magistrados/as y funcionarios/as de diferentes fueros y jurisdicciones de la CABA y de las provincias; como también la posible manipulación de 9 sobres, según se infiere de su estado físico”.
Luego de las deliberaciones, el cuerpo de consejeros y consejeras resolvió “ratificar todo lo actuado por su Presidente y disponer la intervención del área a la que le compete la guarda y registro de las declaraciones juradas. La intervención le ha sido encomendada al señor Secretario General del Consejo”.
En este sentido, a tono con la intervención se tomaron otras medidas para resguardar todas las declaraciones juradas así como se realizará su pronto traslado a otro edificio del Consejo así como se llevará a cabo un "robustecimiento de los sistemas de seguridad que las preservan", a la vez que "reconducirlos a las tecnologías vigentes". Todo se deberá realizar en un plazo de 30 días.
Asimismo, el Cuerpo de Auditores del Consejo realizará los sumarios internos correspondientes a los responsables del área así como se dará curso a las actuaciones disciplinarias y los informes parciales que permitan complementar la intervención ordenada.
Por último, los jueces y juezas que deban presentar las declaraciones juradas periodo 2021 ante estas nuevas medidas se evalúa tratar en el plenario del organismo una posible readecuación del cronograma de presentación.
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