La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) realiza desde hace tiempo un diagnóstico sobre las condiciones materiales y de habitabilidad de todos los centros de reclusión que componen el Sistema Penitenciario Federal. A partir de ello el organismo viene realizando recomendaciones para adecuarse en distintas unidades penitenciarias y en junio presentaron denuncias penales por malos tratos y torturas en los establecimientos.
La procuración identifica nuevamente la delicada situación de alojamiento de las prisiones federales con una población penal de 11.328 personas. Durante junio empeoró su nivel de ocupación, registrando un funcionamiento a casi el 104% de su capacidad declarada, especialmente en el CPF de CABA.
De investigación de la PPN se desprende que entre enero y junio de este año se registraron 117 casos de tortura y malos tratos, por los que se presentaron 49 denuncias penales. En paralelo, para el mismo período, se investigaron 24 fallecimientos en el SPF, de los cuales 7 fueron muertes violentas. Además, se tomó conocimiento de 46 medidas de fuerza: 43 individuales y 3 colectivas.
Se trata del Diagnóstico Penitenciario Federal (DPF), que realiza el organismo, y que “es un trabajo de relevamiento de las condiciones materiales y de habitabilidad” y que permite “obtener información actualizada, confiable y con perspectiva de derechos humanos sobre las condiciones en que habitan las personas privadas de libertad”, explican desde la PPN.
El desarrollo de este diagnóstico tiene que ver con las recomendaciones emitidas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU. A partir de ellas se insta al Estado argentino a que realice una auditoría a nivel federal de las condiciones materiales de detención.
“El desarrollo del proyecto implica una magnitud de trabajo que no tiene precedentes para la Procuración, tanto por la dimensión del proyecto, que abarca todo el territorio nacional, como por el tiempo de ejecución, que terminará en diciembre de este año”, explicaron desde el organismo.
Además detallaron que hasta el momento se confeccionaron 12 instrumentos de relevamiento, se desarrollaron instancias participativas con organizaciones de la sociedad civil y se realizó una consulta pública sobre los instrumentos de relevamiento, con su consecuente evaluación y respuesta.
A través de este diagnóstico la idea es poder generar un “plan de saneamiento y renovación que revierta el estado actual de abandono y hacinamiento”. El trabajo que lleva realizado la PPN incluye unas 41 visitas para relevar 14 establecimientos penitenciarios federales: CPF I de Ezeiza-varones, CPF II de Marcos Paz, CPF III de Güemes–Instituto Federal de Mujeres y de Varones-, CPF IV de Ezeiza-mujeres, CPF V de Senillosa, CPF VI de Luján de Cuyo, y Unidades 5, 6, 7, 11, 12, 16, 23 y 32.
“Cada visita al penal implicó reuniones previas y posteriores, elaboración de informes de cada jornada de campo y, en la mayoría de los casos, la formulación de Recomendaciones específicas”, concluyeron desde el organismo.
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