En el organismo tramitan más de 200 expedientes disciplinarios contra jueces y juezas y hay polémica por un total de 70 denuncias que la política apunta a que se tramiten en la comisión de Acusación pero los jueces resisten la medida.
En detalle, con datos actualizados a julio de este año son 216 expedientes disciplinarios los que hay en trámite en el Consejo de la Magistratura. Con la nueva conformación del organismo de 20 integrantes las denuncias en principios empiezan el trámite ante la Comisión de Disciplina, y en el caso que sean considerado “causal de remoción”, a pedido de un consejero, podría ser enviado a la Comisión de Disciplina. Lo que generó rispideces entre la política y los jueces en el CM.
En este sentido, la Resolución CM 94/22, dispuso que las denuncias ingresadas tengan su radicación en la Comisión de Disciplina con la salvedad de que los consejeros que la integran pueden enviarlos a la Comisión de Acusación si la acusación lo amerita.
La Comisión de Acusación con su nueva conformación y autoridades la preside el diputado de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, con la presencia de los consejeros Agustina Díaz Cordero, Martín Doñate (senador FDT), Alberto Lugones, Roxana Reyes (diputada UCR), Vanesa Siley (diputada FDT) y la representante académica, María Fernanda Vázquez, así como la participación remota de Graciela Camaño y la representante por los abogados, Jimena De la Torre.
Esta es la comisión en la cual radicarían los 70 expedientes contra jueces y juezas y que generó resistencias en el estamento de los magistrados. Primero, porque muchas se fundan en las sentencias así como cuestionan que la política activa denuncias que luego en los hechos no se plasman y terminan archivándose.
El consejero Juan Manuel Culotta expresó en diálogo con Tiempo Judicial que “las solicitudes por parte de algunos consejeros políticos para que casi 70 casos sean girados a la Comisión de la Acusación, carecen en absoluto de fundamentación caso por caso”.
En este sentido, su par del estamento de los magistrados Agustina Díaz Cordero, jueza civil, consideró que “advierto con preocupación que una gran cantidad de denuncias tienen su origen en el contenido de resolución o sentencia a pesar de que la ley impide la imposición de sanción fundada exclusivamente en el contenido de la sentencia” de un juez o una jueza.
“He presentado 19 pedidos de “rechazo in limine” respecto de denuncias infundadas o sustentadas en el contenido de sentencias. Es práctica habitual, que algunos profesionales o partes disconformes con la decisión adoptada, ni siquiera apelen la resolución y directamente efectúen una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Así como también existen también denunciadores seriales, que hacen de las denuncias un deporte y lo hacen sin que exista razón fundada”, expresó a este medio la consejera.
“En gran parte de los casos, los hechos denunciados no son más que el desacuerdo de una de las partes en un proceso con lo resuelto por quien ha dictado sentencia, materia que es ajena a la facultad disciplinaria del Consejo y debe resolverse a través de las distintas instancias recursivas y otras herramientas procesales previstas legalmente”, coincidió Culotta.
Por su parte, Alberto Lugones, ex titular del organismo y juez histórico de San Martín, planteó “no podemos generar un esquema en el cual una magistrada/o que está denunciada por un acto que puede ser causal de una sanción disciplinaria y que duerme con cierta tranquilidad en su cabeza, diciendo, no pasa nada. Mañana, lo convirtamos en un tema acusatorio, y al otro día no se sabe la suerte que puede tener cuando se someta a votación, y si va a continuar o no en el cargo que ejerce”, expresó Lugones a este medio aclarando que “dentro de esas denuncias algunas tiene que ver con ciertas decisiones penales en la justicia que, es público y notorio, que fueron archivadas”.
¿Los jueces tienen una visión corporativa con respecto a las denuncias?
Tiempo Judicial consultó a los tres de los cinco consejeros (incluyendo al presidente es Horacio Rosatti) del estamento de los magistrados sobre la histórica visión de la “corporación judicial” que viene siendo denunciado por la política cuando empieza sus críticas al Poder Judicial.
Lugones se mostró contrario a la “visión corporativa” de los jueces ya que muchas veces están de acuerdo en las decisiones y en muchas otras no así como aclaró que “tenemos que ser muy cuidadosos, marcarles a los magistrados qué se les imputa. Y si se los está imputando por mal desempeño la comisión en la cual tiene que discutirse el tema, es la Comisión de Acusación”.
Sobre esta postura, Culotta manifestó que “no importa una actitud corporativa, sino que tiende a evitar que exista una discrecionalidad de los representantes de los estamentos políticos para elegir arbitrariamente y según criterios políticos cuales magistrados deben pasar por un régimen más gravoso y cuáles no”.
Y recordó que “los jueces en el Consejo han sido 3 de un total de 13 y son ahora 5 de 20 de acuerdo a las distintas conformaciones que ha tenido el Consejo de la Magistratura, por lo que mal podría ser determinante nuestra postura para el resultado final frente a una mayoría política y de otros estamentos”.
Comentarios recientes