La Corte de Justicia de Salta confirmó dos medidas cautelares que piden garantizar el acceso a la salud de niños y niñas wichis. El máximo tribunal provincial tenía desde hace seis meses en sus manos el expediente. En la provincia, sólo en los tres primeros meses de este 2022 murieron 45 niñas y niños en los departamentos declarados en emergencia sociosanitaria.
Se trata de dos sentencias firmadas por el máximo tribunal el 18 de julio pasado, a las que accedió Tiempo Judicial, y que mantienen las medidas cautelares vigentes desde el 18 de enero pasado. Estas obligan a la Provincia de Salta a designar facilitadores interculturales en los hospitales de referencia o cabecera de los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín así como en el Hospital Materno Infantil de Salta capital.
La causa se encuentra en manos del máximo tribunal provincial porque este declaró su “competencia originaria” para intervenir por “resultar incontrastable que el diseño de las políticas públicas en pos de la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas del norte de la provincia recae sobre el titular del Poder Ejecutivo”.
El tribunal mantuvo las medidas cautelares, rechazando los argumentos del estado provincial, teniendo en cuenta “las particulares circunstancias que rodean el presente caso y que involucran derechos de la mayor jerarquía de un grupo con preferente tutela -niñas, niños y adolescentes”. La sentencia se encuentra firmada por las juezas Teresa Ovejero Cornejo, Sandra Bonari y María Gauffin; y los jueces Sergio Vittar, Ernesto Samsón y Pablo López Viñals.
“La presencia de facilitadores/as interculturales integrantes de los pueblos indígenas, colaborará en la comprensión, toma de decisión y acompañamiento en las diversas prácticas médicas que deban atravesar niñas y niños”, explicaron desde ACIJ, que forma parte de una de las presentaciones judicial, tras conocer las resoluciones.
Según datos del propio Ministerio de Salud Pública provincial en el primer trimestre de 2022 fallecieron 45 niñas y niños en los departamentos que se incluyen en las medidas cautelares. A ello hay que agregar que en 2020 murieron, al menos, 108 niñas y niños y 64 en 2021.
El amparo presentado busca “garantizar un acceso pleno e igualitario a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas desde el paradigma de la interculturalidad” y solicitó una medidas cautelar. Se busca también que el Poder Ejecutivo reglamente y haga efectiva la Ley de Salud Intercultural 7856.
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