Algunos de los derechos humanos más elementales están vedados para las mujeres de al menos 57 países. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realizó un estudio en distintas naciones a fin de medir el poder de decisión que las mujeres tienen sobre su propio cuerpo.
Un 25% de las mujeres no puede decidir sobre su acceso a servicios de salud, un 25% no puede negarse a tener sexo con su esposo o pareja y el 10% no puede tomar decisiones con respecto al uso de anticonceptivos. Así, la cifra de mujeres que puede tomar decisiones en esos tres campos alcanza apenas el 55%, según revela el documento con cifras pertenecientes al 2022 y que lleva como objetivo “Visibilizar lo invisible. La necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales”.
Aún más, en más del 40% de estos países, el poder de decisión de las mujeres no sólo no mejora, sino que empeora. Un ejemplo es Benín, donde el 41% podía decidir en 2006, mientras que en 2018 sólo el 36% puede hacerlo.
“Este es el contexto en el que se debe entender la incidencia de los embarazos no intencionales”, explica el UNFPA.
Cabe mencionar, entonces, que a nivel global, entre 2015 y 2019 se registraron aproximadamente 121 millones de embarazos no intencionales (ENI) al año, “que representaron en torno del 48 % de la cifra total de embarazos. El 61 % de estos embarazos no intencionales terminaron en un aborto inducido”. Las cifras son tentativas, ya que la mayoría de los ENI permanecen en la oscuridad de la clandestinidad y no trascienden para ser contabilizados en los mencionados porcentajes.
Entre las conclusiones más relevantes del documento se menciona que los países con mayores niveles de desarrollo social y económico, mayores niveles de igualdad de género y políticas que contemplan un incremento del acceso legal al aborto seguro, experimentan menores tasas de embarazos no intencionales.
Fue la ONU quien ha tratado sistemáticamente declarar al acceso al aborto seguro, legal y gratuito como derecho humano para las personas gestantes y, en este contexto, milita por este "derecho reproductivo". Esto se ha puesto de manifiesto ante el rechazo por parte de organismos de la ONU a los fallos de la Corte Suprema de Justicia estadounidense que vetó el derecho hasta entonces constitucional de las mujeres a la intervención voluntaria del embarazo.
-Lea el documento de Naciones Unidas aquí-.
Haití y Mali
Entre los países que despiertan mayor alerta por el nivel de violación a los derechos humanos de las mujeres es Haití. Allí, según señala el informe, “las mujeres difícilmente hablan”, de acuerdo con la experiencia de la doctora Lise Marie DeJean, quien impartía talleres sobre salud reproductiva a las parejas en el sureste del país. “Siempre era el hombre el que hablaba”, recuerda.
El UNFPA indicó que más del 20% de las haitianas no tiene autonomía para tomar decisiones sobre su salud, ni puede negarse a tener sexo con su pareja.
La pobreza y el aislamiento rurales empeoran la situación. La doctora DeJean señaló que en dos localidades remotas del área donde trabajaba eran los hombres campesinos quienes se le acercaban a preguntarle sobre opciones anticonceptivas para sus esposas. “Es decir, cuando las mujeres usaban algún método, era por decisión de los hombres, lo que refleja una falta de autonomía de las mujeres”, recalcó.
El nuevo informe del UNFPA presenta un sistema para medir hasta qué punto los Gobiernos implementan las leyes que protegen el acceso de las mujeres a los servicios e información sobre salud sexual y reproductiva.
En Mali, otro de los países enumerados en el estudio, existe una gran brecha entre la ley y la realidad: cuenta con el 79% de las medidas legales que protegen la autonomía de decisión de las mujeres en cuanto a salud sexual, reproductiva y cuidados maternales; sin embargo, en la práctica no son suficientes para que ejerzan su derecho a un embarazo y parto seguros, por ejemplo.
El análisis subraya que en más de cien países no existen datos disponibles sobre el poder de decisión de las mujeres o sobre las leyes que garantizan su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
“Es muy urgente que se recolecten datos tanto en los países de renta media como de ingresos altos para observar el grado de cumplimiento del compromiso con el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos”, puntualizó Mengjia Liang, especialista del UNFPA en datos y coautora del informe.
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