Por cinco hechos ocurridos a partir del 22 de julio en medio de un fuerte plan de lucha que incluye paros y la paralización de servicios públicos del Gobierno de Mendoza, ATE y otros gremios -ATSA y Sitea- Macho fue imputado por el entorpecimiento de la libre circulación del transporte.
Idéntica situación involucró a otros dirigentes sindicales, entre otros la pareja de Macho, pero la derivación para éste fue extraordinaria: la detención. A tres semanas de los hechos, el fiscal instructor, Fernando Giunta, recopila pruebas para avanzar con la investigación. Entre otras, las filmaciones de cámaras de videoseguridad ciudadana sobre los distintos cortes de calles y de rutas protagonizados por Macho y dirigentes y afiliados de ATE y otros gremios.
También prepara el llamado a declaración testimonial de personas afectadas y de personal policial para que brinden sus versiones de los hechos que se investigan. La causa judicial contra Macho y otros gremialistas es una de las tantas pesquisas jurídico-políticas que se tramitan en la Justicia de Mendoza, que en los últimos tiempos asignó al fiscal Giunta todos los expedientes relacionados con cortes de calles, bloqueos de rutas y toma de terrenos.
El caso Macho
Esas 24 horas de detención del dirigente de ATE fueron el escenario perfecto para que colisionaran dos posturas contrapuestas, mientras Macho arengaba a los suyos a seguir la protesta en las calles mientras él seguía siendo “un preso político”.
Para ATE y los demás gremios en Mendoza se estaba concretando “la crimininalización de la protesta por mejores salarios y condiciones de trabajo frente a un escenario de pérdida de poder adquisitivo”.
Para el gobierno del radical Rodolfo Suarez, se ejercía la defensa de los derechos de la ciudadanía toda de circular libremente. Y con una frase de cabecera: “Los derechos no son ilimitados; terminan donde afectan los derechos de los demás”.
El agitado combo se completó con un aumento salarial acumulativo del 44% otorgado por decreto y la certeza de que los estatales no bajarían los brazos; de hecho, el SUTE -docentes públicos- y SADOP -privados- concretaron una huelga de 72 horas.
Roberto Macho no es una figura nueva para la Justicia de Mendoza. En 2016 fue condenado junto a la ex dirigente Raquel Blas por cortar calles durante la protesta sindical, frente a Casa de Gobierno. Pero en 2021, la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto la sentencia y los absolvió reconociéndoles el derecho a la protesta en las calles.
Fue gracias a los votos de los jueces peronistas Omar Palermo y Mario Adaro pero con la disidencia del radical José Valerio, que eternizó aquella frase de “Los derechos no son ilimitados”.
Comentarios recientes