La violencia institucional echó raíces en la Argentina. Se extiende y distribuye silenciosa e impunemente de manera federal. Por eso, en el 2017 se creó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, un organismo dedicado a monitorear y controlar los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro.
El trabajo es arduo para un organismo tan joven. Las y los 13 comisionados, es decir, integrantes de este Comité, se topan con la falta de registros sobre violencia institucional en cárceles provinciales, sobrepoblación carcelaria, y una violencia impregnada en la estructura cultural del país. ¿Cómo revertirlo y lograr el verdadero objetivo del encierro en estas condiciones: la reinserción social?
Tiempo Judicial dialogó con una de las comisionadas, Rocío Alconada Alfonsín, sobre la “escandalosa” sobrepoblación en las cárceles, especialmente las de Buenos Aires, que nuclea al 50% de las y los detenidos del país. Alconada realizó también un duro descargo sobre las “políticas criminales cada vez más duras” que no previene la inseguridad ni el índice de delito en las calles: “La ley de ley de ejecución penal hoy es una vergüenza, es contraria a las convenciones, a la Constitución, no permite la progresividad”.
Así, también apuntó contra el “discurso” de la “puerta giratoria” en las cárceles: “Creo que lo de la "puerta giratoria" es un discurso político del famoso populismo punitivista. Todo esto cuesta mucha plata, y es plata que no se está invirtiendo en educación, en ayuda a esos chicos”. Con esto, Alconada señaló que la solución no se encuentra tanto en el castigo como en la prevención a través de reforzar educación, incluso a sabiendas de que este es un camino más largo.
Este Comité actúa como órgano rector articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También diseña y recomienda acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promueve la aplicación de directivas, recomendaciones y criterios a las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal. Alconada es consciente de que erradicar las violencias del sistema penitenciario “son prácticas difíciles de detener, pero es indispensable dar el primer paso”.
-¿Cuál es tu rol dentro del Comité?
-El Comité está compuesto por 13 integrantes que se llaman “comisionados/as”, yo soy una de ellas. El trabajo que hacemos alcanza a todas las provincias de la Argentina. Sabemos que el sistema actual está fallando, y por eso se busca un trabajo colaborativo entre naciones y provincias. Se investiga cuáles son las situaciones y cuestiones sistémicas que hacen que quede habilitada una persona a torturar o abusar, y dónde esto se genera.
El “sistema” somos todos, que a su vez está integrado por la defensoría, por la fiscalía, por los organismos no gubernamentales, y nosotros somos el órgano rector.
Tras colaborar en la investigación de estas cuestiones sistémicas, formulamos recomendaciones a los Estados provinciales, municipales y nacionales para decirles cuáles son las medidas que están adoptando que facilitan la tortura y la violencia.
Los Estados deberían prestar atención a esto y cambiar las situaciones. Quiero aclarar que nuestro trabajo se puntualiza más en la búsqueda de las fallas sistémicas que habilitan las situaciones de abuso para buscar modificar eso, no tanto en la denuncia de casos particulares.
-¿Los Estados prestan atención a sus recomendaciones?
-Nosotros hacemos recomendaciones que no tienen fuerza de obligación, y aun así suelen prestarnos bastante atención. Hay que pensar que somos un organismo muy nuevo, de alguna manera hay que ir construyendo autoridad también y hay que ir ganándose ese lugar. Pero sí, el saldo en estos años es positivo, hemos logrado muchas cosas y hemos logrado que se modifiquen algunas cuestiones. Logramos que se construyan cada vez más mecanismos locales. Se ven cambios, pero esos cambios se ven primero en los papeles, falta para que se vean realmente en las costumbres. Son prácticas difíciles de detener, pero es indispensable dar el primer paso.
-¿Cómo está el sistema carcelario hoy?
-El sistema carcelario, en general, está mal. Hay una sobrepoblación muy fuerte. La sobrepoblación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires es escandalosa directamente. Y hay muchas otras provincias que también.
La cuestión de la sobrepoblación y hacinamiento no implica sólo incomodidad sino también una imposibilidad absoluta de cumplir con la función de la pena, que es la reinserción social. Si tenés un lugar donde los presos están hacinados, que no tienen ni acercamiento familiar, ni educación, dónde bañarse o comer bien, es prácticamente imposible. El problema que tenemos es que vamos tratando de atacar la cuestión como si fuera un problema del servicio penitenciario exclusivamente, pero el problema viene desde mucho más atrás y creo que tiene que ver con las políticas criminales.
Si metés presos sin parar, no va a haber nunca un sistema penitenciario que resista.
La madre de todos los problemas de la Argentina es que se plantea combatir y no prevenir el delito. Es la madre de la sobrepoblación, de todo.
-Entonces, ¿no estás de acuerdo con que existe una "puerta giratoria"?
-Yo creo que hay una decisión política que le hace creer a la gente que existe una "puerta giratoria". Pero Argentina es uno de los países con tasa más alta de encarcelamiento.
Para ejemplificar, en el año 2007, por el delito de amenazas había 432 personas presas, hoy por ese mismo delito hay 5660 personas presas. Creció más de 10 veces.
Por drogas, tenemos 5000 contra 13000 en ese mismo periodo de tiempo.
Ahora, si me preguntan por la ley penal tributaria, es decir, la gente que evade impuestos, en el 2007 había 87 presos y hoy hay 7. ¿Alguien puede creer que hay mucha menos gente en las cárceles? ¿Que se combatió así el delito? No, hay una intención de encarcelar más. Si ponen penas cada vez más duras. La política criminal no ha hecho otra cosa que ser cada vez más dura. La ley de ley de ejecución penal hoy es una vergüenza, es contraria a las convenciones, a la Constitución, no permite la progresividad. O sea, a una persona la meten presa y la sacan a los 20 años. ¿Cómo una persona va a reinsertarse a la sociedad si no vio la calle en 20 años, si no tuvo contacto con el exterior? No va a saber ni cómo se maneja un celular. Afuera va a haber cambiado el sistema. Te encierran para que te reinsertes y en el medio no te dejan hacer nada con la nueva ley, no hay salidas previas. Esto serviría también para que las autoridades puedan ver cómo se manejan los liberados afuera, porque tal vez salen y están peor que antes. Es cuestión de ir probando, pero nada de esto pasa con la ley actual. Se ha hecho una involución muy grande. Con todo esto, hay cada vez más delitos.
Por eso creo que lo de la "puerta giratoria" es un discurso político que es el famoso populismo punitivista. Todo esto cuesta mucha plata, y es plata que no se está invirtiendo en educación, en ayuda a esos chicos.
La mayoría de las personas que están presas empiezan con problemas desde chicos.
El 95% de los presos con hombres. El 60% de ellos son menores de 35 años. De ellos, el 88% no terminó el secundario. El 7% es analfabeto. La gente presa son los jóvenes pobres.
Se está gastando fortuna en las cárceles, pero, ¿por qué no prevenimos? Claro que es un trabajo más largo, pero va a ser mejor para todos porque va a haber menos gente que viva el infierno de la cárcel y va a haber menos gente que viva el infierno de la inseguridad. El cambio tiene que ser estructural. No podemos seguir poniendo parches sobre parches, sino que hay que animarnos a ir a la raíz del problema. Aunque encarcelemos a medio país algún día, el problema así no se va a solucionar. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las políticas criminales e inclinarnos por la prevención y no salir a buscar cómo castigar. Yo no quiero soltar delincuentes, lo que quiero es que no haya delitos en la calle.
-¿Cómo promueven las buenas prácticas dentro de las cárceles?
-Hacemos monitoreos generales de las cárceles, no de buenas prácticas específicamente, sino de todo. Sí fomentamos las buenas prácticas y participamos de algunos programas especiales sobre eso. Y también fomentamos algunos proyectos desde el Comité que están vinculados con el monitoreo.
Hay una intencionalidad de este Comité de abrir la cárcel para que haya tratos más humanitarios. Por ejemplo, hay iniciativas como la reparación de bicicletas que es un trabajo que realizan las mujeres presas. Cuanto más abierta sea la cárcel y cuanta más gente ingrese, hay menos posibilidad de abuso porque todo se sabe más y hay más chances de que alguien se entere, que vea lo que allí pasa. Si nadie puede entrar por un mes a una cárcel es muy fácil que alguien cometa un abuso y nadie se entere.
-¿Es Buenos Aires la provincia con más muertes de presos/as bajo custodia?
-Buenos Aires es el lugar con más muertes bajo custodia nominalmente, pero no tiene el índice de muertes más alto. Pasa que Buenos Aires tiene cerca de 50 mil detenidos, es decir, casi la mitad de todos los detenidos del país.
Pero si dividimos la cantidad de detenidos con la cantidad de muertes, el índice más alto lo tendría hoy Tucumán y luego Mendoza. El sistema federal tiene un índice de muertes más alto que Buenos Aires.
Hay muchos lugares donde tal vez los índices podrían ser más altos aún pero no hay registros. Esto es algo que nosotros también estamos haciendo de a poco: generar registros. Con ayuda de otros organismos, hicimos un informe sobre los registros de tortura y el estado de las investigaciones. Cómo se investiga en las provincias. Y por ejemplo, una de las cosas que vimos es que en el país sobre estos temas hay sólo 21 registros hasta ahora.
-¿A qué se debe la falta de registros?
-Porque esto debería registrarlo el Estado, y el Estado no quiere registrar sus propias falencias. Por eso es también importante que intervengan organismos no gubernamentales.
Hoy, además de que sólo hay 21 registros, hay que ver la concentración: de esos 21, 12 están en CABA y provincia de Buenos Aires. Por eso también hay muchos más datos de Buenos Aires. Por ejemplo, la Comisión por la Memoria y Federal viene hace años trabajando y recolectando datos acá. Hay muchas provincias que hasta ahora, que empezamos a ir a visitar, no se sabía ni lo que pasaba, ni qué había.
Acabamos de ir a La Rioja, por ejemplo, que tiene un código contravencional por el que se podía detener a los hombres vestidos de mujer. Así detienen a todas las chicas trans. Nosotros les dijimos que esto es una locura y ahora se comprometieron a aprobar un código contravencional nuevo. Estas cosas pasan, pero hay lugares que permanecen en la oscuridad absoluta. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Esta frase es de una realidad abrumadora.
-Además de Buenos Aires, ¿qué otras provincias tienen un buen registro?
-Podemos decir que Santa Fe está muy bien de registro. Es una provincia muy prolija, con un trabajo de la defensa espectacular que registra y que visita las cárceles. CABA también mantiene buenos registros.
Después, en Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Juan, San Luis, Catamarca, La Pampa, La Rioja y Formosa no hay ni un sólo registro. Nada de nada. Es una invisibilización absoluta. Estamos trabajando en esto y yo creo que se van a mejorar muchas cosas. En San Juan se está haciendo un trabajo ahora con el sistema de cárceles también en el que participamos dos comisionados. Se hacen trabajos de capacitación. Y lo que está bueno es que el sistema entero de prevención trabaja articuladamente con todos. Por esto, con San Juan se va avanzando. Se le va marcando cosas y el Ejecutivo va respondiendo de a poco. Es un trabajo de participación y seguimiento. Si bien el Comité es el órgano rector de todo, el trabajo necesita de articulación con todos. Solos es imposible.
-¿El monitoreo es compartido con organizaciones sociales?
-Hay un registro donde las organizaciones sociales se pueden registrar para hacer monitoreos. Pero las inspecciones nuestras las hacemos nosotros.
Sí pueden convocarnos algunas organizaciones sociales por algún tema puntual y trabajar en conjunto. Nosotros intentamos que la norma del Comité sea la flexibilidad, ya que tratamos de no ser un organismo burocrático.
-¿Cómo es el procedimiento de esas inspecciones? ¿Qué datos recolectan?
-Previamente, se hace un estudio de lo que se va a ver en un determinado lugar: las unidades penitenciarias que hay, la cantidad de personas que están detenidas, las normas y códigos contravencionales que tienen en cada caso, para entonces saber dónde mirar, qué denuncias ha habido en los lugares. Se habla con las organizaciones sociales de esas provincias, se habla con los defensores, con fiscales, jueces, con la Corte, se hacen visitas institucionales a todos los actores del sistema.
Luego se va a las comisarías, a las unidades penitenciarias, institutos de menores, instituciones de salud mental, a veces geriátricos, etc.
No sólo se observan las condiciones de un lugar, se tienen entrevistas confidenciales. Se examina no sólo las cuestiones edilicias sino de los tratos y de la cuestión del acceso a la Justicia. Saber si los presos tienen acceso a los abogados, si las causas avanzan o no, si alguien les avisa de lo que sucede en su proceso o no. También hablamos con familiares de detenidos a veces. Es súper exhaustivo.
-Todavía no está implementado. Pero vamos a firmar un convenio para ser parte. Estamos viendo cómo integrarnos. Creo que puede tener buenos resultados que, seguramente, no sean inmediatos ya que no es algo fácil, porque son muchas cosas. Todo lo que sea empezar a sumar más gente en el interior es indispensable. La información, la recolección de datos se tiene que federalizar más.
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