Se trata de Deolinda Carrizo, quien integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y que actualmente es la directora de Género e Igualdad de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación. El pasado viernes 2 de septiembre la dirigenta se enteró que una jueza provincial ordenó su detención en el marco de una causa por presunta “usurpación”. La resolución, dirigida a Carrizo y otros ocho campesinos, se dio en el marco de un intento de desalojo de una familia campesina que vive en el paraje El Urunday, de la localidad de Roversi, a unos 250 kilómetros al este de la capital provincial.
La titular del Juzgado de Control y Garantías en lo Penal de Santiago del Estero Ana Cecilia Vittar es quien emitió la orden de captura, a pedido de la fiscal auxiliar Luján González Garay. La acusan de usurpación sólo por estar encontraba desarrollando sus funciones en el marco de un conflicto territorial. Es que a fines de agosto se había dispuesto el desalojo de una familia campesina de apellido Medina. Y hasta allí fue la dirigenta.
La causa de desalojo se planteó a partir de una demanda de homologación de convenio con pedido de desalojo iniciada por Guillermo Marcelino Ríos contra la familia Medina. Es por convenios firmados en 2019. Pero la familia Medina argumenta que no sabía qué firmaba. La Justicia nunca realizó una constatación o inspección judicial en el inmueble para constatar quienes viven y la situación de la familia Medina. Con esto se dictó el desalojo.
"En un momento estábamos deliberando que lo que íbamos a hacer y ellos decidieron regresar a la tierra, y la familia ingreso de nuevo" contó Carrizo al medio enlatierra.com.ar y agregó que esa tarde "viene la policía y toma nota de quienes estábamos, eso cae en la fiscalía de tierra y ambiente" quien criticó el trabajo del Juzgado de Tierra y Ambiente también ya que dijo que “tiene un equipo de más de 40 n trabajadores sociales, ahora no hay ninguna excusa para ir a territorio”.
Un dato no menor, es que la orden de captura se quiso ejecutar el 2 de septiembre, el mismo día en que fue el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, algo que Carrizo puntualizó porque se intentó “cuando estábamos en alerta por lo que había pasado con la presidenta", dijo la dirigenta. Su abogada ya presentó el pedido de eximición de prisión.
"No es un caso aislado, y está sucediendo en la provincia, con la complicidad de la justicia" detalló y alertó sobre que “para nosotros es un atentado contra la democracia la expulsión de familias de sus tierras". Desde la Secretaria, en articulación con el Centro de Acceso a Justicia (CAJ) de la zona, se va a presentar una solicitud para que no se desaloje a la familia.
Carrizo no sólo detalló su situación personal y la de este hecho concreto sino que recordó que este tipo de situaciones ocurren “no sólo en Santiago del estero, hay grupos armados en la zona de la Florida, en el norte de Santiago del Estero, hay medidas para resguardar al empresario”, contó y recordó que hace unos días, producto de la lucha campesina, pudo detenerse el desalojo de otra familia campesina.
Se trata de Lucy Robles y su marido Benjamín Pérez, quienes desde 1991 viven en el paraje El Oasis, de Lamadrid, provincia de Tucumán pero que tienen en contra una decisión judicial que en 2018 quedó firme y que rechazó su pedido de posesión veinteañal. Desde entonces la familia vive en vilo por el desalojo y este año los titulares registrales volvieron a insistir con ello pero se logró la suspensión por una movilización que realizaron las organizaciones campesinas.
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