Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires busca poner un límite a los honorarios de los mandatarios de la Ciudad en la ejecución de deudas fiscales. Desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) mostraron su descontento.
Se trata de la iniciativa presentada por el legislador Hernán Reyes de la Coalición Cívica ARI quien y que pretende hacer foco en los “honorarios profesionales de los mandatarios de la Ciudad”. Es que, se explica en la iniciativa, “los juicios ejecutivos llevados a cabo por deuda tributaria tienden a generar grandes conflictos” en lo que respecta a estos honorarios.
Lo que se pretende es que los honorarios de los mandatarios de la Ciudad sean regulados por el juez competente y se le pongan un tope del “25% del total reclamado, con más los intereses devengados a la fecha del pago efectivo”. “Hay casos en que los honorarios representan hasta más del doble de la deuda. No puede ser”, atinó a decir el legislador autor de la iniciativa en sus redes sociales.
Una vez conocida la iniciativa, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal emitió un comunicado en el que sostuvo que “el trabajo profesional de un abogado o abogada debe tener un monto mínimo de retribución” y “ese mínimo se vincula con la necesaria dignidad y respeto que debe tener la labor letrada”.
Además, la entidad que encabeza Ricardo Gil Lavedra explicó que el honorario “tiene carácter alimentario” y por ello “corresponde tener presente esta regla y rechazar las iniciativas que pretenden reducir esa mínima compensación”.
Otro que se sumó a las críticas es el expresidente del CPACF, y actual candidato al consejo porteño Jorge Rizzo, sostuvo que “el proyecto del legislador Reyes es otro intento de tratar de 'robar' honorarios profesionales”.
Sin embargo, la iniciativa de Reyes plantea que los mandatarios “tienden a especular con las formas y medios de reclamo de deuda, a los fines de lograr percibir la mayor cantidad de honorarios posibles”.
“Podemos observar que en más de una ocasión se inician procesos de ejecución fiscal contra pequeños deudores, en donde en gran medida la mayor parte de lo que deberán abonar será en calidad de honorarios profesionales”, dice el texto ingresado en la Legislatura porteña.
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