La reforma previsional de los empleados del Banco Provincia, impulsada por el macrismo, durante el Gobierno de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, generó que la Suprema Corte bonaerense sea determinante e impulse a los oficialistas y opositores a tomar una determinación sobre la modificación de la ley.
El proyecto de reforma del Bapro fue girado por el Gobierno de Kicillof a la Legislatura bonaerense con el objeto de modificar la Ley 15.008 que fue sancionada en 2017 durante la administración de María Eugenia Vidal y, dentro de otros ítems, les quitó el 82% móvil a los jubilados del Banco Provincia.
El máximo tribunal de la provincia, según fuentes consultadas por Tiempo Judicial, realizó la audiencia con todas las partes, no solo con el Poder Ejecutivo bonaerense a cargo de Axel Kicillof. Asimismo, trascendió que se les indicó que de no modificar la ley se declarará inconstitucional.
Cabe recordar, que desde mediados del año pasado el espacio oficialista intenta que las jubilaciones vuelvan a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese y elevar el aporte jubilatorio de los empleados activos del 14% al 16%.
"Hemos presentado un proyecto de reforma de la ley de jubilaciones que no surge ni de un capricho ni de una decisión intempestiva del gobernador Axel Kicillof, sino de un trabajo que se realizó en una comisión generada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, porque hay más de 5000 medidas cautelares en contra de la Ley vigente", sostuvo Jun Cuattromo, titular del BAPRO.
Además, la contribución patronal del banco del 16% al 28% y reducir a 60 años la edad jubilatoria para las mujeres y mantener los 65 para los varones. Asimismo, se calculó que al menos 5.000 pasivos iniciaron acciones judiciales contra el Banco Provincia. El riesgo es que, si la ley se declara inconstitucional el próximo 14 de diciembre, ese número podría crecer a 15 mil.
En esa línea, desde el PRO señalaron que puede haber un posible desfinanciamiento de la caja de los bancarios, además de que se necesitarán $42.000 millones de pesos para pagar, pero la recaudación entre aportes patronales y del personal llega a $23 mil millones.
Se espera que el oficialismo motive en los próximos días un nuevo debate y una votación favorable para modificar la ley, antes que la Corte actúe y genere repercusiones, tras las demandas, en el sector judicial.
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