Gisella Gutiérrez, de 24 años, desapareció el 19 de julio del 2015 en el barrio La Favorita, de la Ciudad de Mendoza. Se presume que fue víctima de un femicidio. Tenía tres hijos y al momento de su desaparición estaba embarazada. Existe en el caso una gran complejidad: No hay cuerpo.
El principal sospechoso, señalado por varios testigos, es Héctor Díaz Tejera, quien habría querido obligar a Gisella a tener sexo con él y, al negarse, le disparó en la cabeza para luego desaparecer el cuerpo.
El 31 de octubre se llevó a cabo la primera jornada del juicio por jurado y, menos de una semana después, tras siete años de espera, los integrantes decidieron que no había pruebas suficientes para condenar a Tejera. Las mismas son testigos de identidad reservada por miedo a las repercusiones que declararon oír a Daniel Quiroga, acusado como cómplice y encubridor, que éste ayudó a Tejera a deshacerse del cuerpo en las inmediaciones del Dique Frías.
La Fiscalía de Homicidios, dirigida por Carlos Torres de Mendoza, trabajó para demostrar su culpabilidad junto con la querella integrada por Natalia Lorenzo y Fernando Peñaloza.
Al respecto, el abogado Peñaloza, en diálogo con Tiempo Judicial, explicó que “es difícil saber la deliberación del jurado, hubo dos posturas planteadas salvables con la posibilidad de que prime una sobre otra, y eso es lo que llevó a que no haya unanimidad”, y detalló que “nuestro sistema exige unanimidad y no se logró. El fiscal entendió que no correspondía pensar en hacer un nuevo juicio”.
“El resultado es de un jurado y no será cuestionarlo. Podemos no estar de acuerdo, propusimos otra alternativa, pero entendemos que es una decisión soberana”, afirmó el letrado y consideró que “es un caso muy complejo, no sé si se logró traducir la complejidad o desarmarlo y simplificarlo para que lo entienda el jurado, pudo haber sucedido eso”.
En tanto, subrayó que la complejidad del caso estaba dada por la prueba indirecta: “Hay un homicidio en el que el cuerpo de la víctima no está, un caso en el que los testigos son todos testigos de identidad reservada por el miedo que tienen a alguna represalia, por el contexto en donde de hecho ocurrió, el contexto donde vivía la víctima, los antecedentes del imputado”.
Con respecto a la familia de Gisella, aseguró que estuvieron en contacto y que sufre de una “doble victimización”. “La primera, es que tiene su hija desaparecida y ahora la segunda, que la posibilidad no se concretó. Es una gente que lucha por esto hace siete años, entienden de frustraciones y de negaciones”, lamentó.
Cómo seguirá la el proceso judicial
Al respecto, adelantó que “es muy difícil pensar una instancia judicial”, en razón de que ya hubo una absolución, y advirtió que una de las posibilidades es contar con que el caso está presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se podría informar esta situación en relación al juzgamiento.
Los testigos reservados
Peñaloza aseveró que aportaron por distintas vías la misma información: “Uno de los encubridores de la muerte de Gisela, Daniel Quiroga, le cuenta al testigo lo que había ocurrido, que Tejera le había disparado. Él está acusado actualmente por encubrir y por ayudar a Tejera a deshacerse del cuerpo”.
“No son testigos directos presenciales, son testigos indirectos. Evidentemente ese estándar de prueba no fue satisfactorio o suficiente para el jurado”, criticó.
Antecedentes
Son conocidos en la provincia de Mendoza al menos tres casos de la misma complejidad y sin cuerpos. El de Johana Chacón y Soledad Olivera, que sin estar el cuerpo presente se logró la condena de Mariano Luque. Y actualmente está el caso de Abigail Carniel, quien está desaparecida desde abril del 2021.
“El mensaje que nos deja este juicio en particular es que, lamentablemente, la gente no se va a animar a presentarse a denunciar o hablar por el miedo natural a hacerlo y por ver que no se logran los resultados. Es desfavorable en relación a la posibilidad de un mensaje para aquellos de que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir”, concluyó el abogado.
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