Este jueves de acuerdo entre los cuatro supremos del cuarto piso del Palacio de Tribunales, sacaron dos causas donde más allá del ruido mediáticos recién se dirimió el conflicto de competencia del expediente. ¿Qué es? Es el primero paso de cualquier causa luego de presentada la demanda, es decir, se dirime qué magistrado o magistrada y en que fuero específico o temático se llevará adelante el expediente que podrá tener un largo recorrido para el dictado de una sentencia pero que seguramente será un as en la manga de la Corte.
La polémica por el Consejo con la política en el medio de los tirones por el músculo dentro del organismo que llegó al colapso con la judicialización de la elección de los senadores para este período hasta 2026, también la coparticipación federal y las causas "cercanas" que generaron que bancos demandaran a Larreta por los nuevos impuestos así como la resolución sobre sus jubilaciones son cartas poderosas para jugar en los próximos meses.
Con respecto a la reforma jubilatoria de los magistrados/as que introdujo el presidente Alberto Fernández en el invierno en pandemia, la Corte se cansó que decenas de jueces declinarán su competencia por razones obviamente lógicas, nadie quiere dictar sentencia, es decir, resolver sobre el bolsillo de sus colegas. Lo que hizo la Corte con la firma de tres de sus cuatros jueces, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda fue directamente decidir que sea la jueza del fuero previsional, Valeria Bertolini, quien “de inmediato” deba llevar adelante el expediente y dictar sentencia.
Lo llamativo es que las fuentes consultadas de la CSJN destacaron que se “declaró la competencia de la jueza más joven del fuero de la Seguridad Social para entender en un planteo presentado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) contra el régimen jubilatorio del Poder Judicial”.
Sí, son dos causas por esta problemática más interna que externa, una del gremio de los empleados judiciales y la otra del juez del Tribunal Oral de Neuquén: “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo de la Nación y otro s/ acción meramente declarativa” y “Coscia Orlando Arcángel c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ amparo ley 16.986”.
Este misil es más interno que externo pero también los misiles encaran hacia afuera a todos los sectores políticos. Uno, siempre enfrentado con la Corte Suprema y otro que quiere jugar con ella pero no puede hasta ahora.
También este último jueves, la Corte Suprema de Justicia declaró su competencia originaria en dos causas en las que se discute el régimen normativo establecido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el impuesto sobre los ingresos brutos. Es decir, los impuestos que creó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, enojado porque el presidente le quitó puntos de coparticipación federal para dárselos al gobernador Kicillof y acudió a la Justicia como venimos contando en Tiempo Judicial.
En una de ellas, el Banco Central de la República Argentina planteó la inconstitucionalidad de la Ley Tarifaria 2021, la modificación al Código Fiscal y la Ley de Presupuesto 2021 mediante las cuales el gobierno porteño eliminó la exención del impuesto sobre los ingresos brutos o grava con ese impuesto determinadas actividades -operaciones de pases, reguladas por el BCRA. Y además los bancos tiraron la bronca también ya que llegó a la CSJN otra causa presentada por la Asociación Civil de Bancos Argentinos (ADEBA) y un grupo de bancos quienes demandaron al Gobierno porteño y su Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Tarifaria 2021 y de la modificación al Código Fiscal. (CSJ 1753/2020 - Banco Central de la República Argentina c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de s/ acción declarativa de certeza - (expediente digital) CAF 18.156/2020 - ADEBA Asociación Civil de Bancos Argentinos otros c/ GCBA otro s/ procesos de conocimiento)
Ambas causas reclaman lo mismo por eso la Corte también tendrá en sus manos esta decisión que viene de la mano de la causa por la coparticipación federal. Tras la poda de puntos de coparticipación a la C.A.B.A., el GCBA eliminó la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos que regía para las operaciones realizadas con títulos, bonos, letras, certificados y demás instrumentos emitidos por el BCRA y, como consecuencia de ello, que los bancos debían tributar dicho impuesto por las compensaciones o rendimientos generados por las operaciones ejecutadas por medio de esos instrumentos, con una alícuota del 8%.
Según fuentes judiciales, la Corte señaló que el objeto y la causa planteados por “ADEBA resultan análogos a la que se discute en BCRA” y por eso resolvió que el proceso corresponde a la competencia originaria del Máximo Tribunal. El primer paso de los cuatro supremos fue correr traslado de la demanda al Gobierno porteño por el plazo de 60 días, es decir que el dilema se traslada al febrero 2023.
En este sentido y esperanzado por un fallo supremo a favor, Larreta manifestó que “si la Corte Suprema hace que nos devuelvan la plata de la coparticipación, bajo los impuestos que subimos”. Más allá del optimismo, también jugó fuerte en el Consejo de la Magistratura porque logró que por la representación de la Cámara de Diputados, ingrese un diputado “larretista”, Álvaro González, que deberá convivir con halcones del PRO en el organismo.
En modo Consejo, ayer la Corte Suprema resolvió que va a avanzar en tomarle juramento a los 4 representantes propuestas por la Cámara de Diputados como forma de “presión” a la presidenta del Senado que envió sus candidatos pero con las críticas y la judicialización que realizó el senador del PRO Luis Juez que cuestiona al designado Martín Doñate.
Aún sin fecha de jura, y sin representantes del Senado el organismo renovó su estructura de 20 integrantes presidido por el presidente de la CSJN, Horacio Rosatti. La semana que viene ingresarían formalmente los diputados Álvaro González y Rodolfo Tailhade, y renuevan mandatos Vanesa Siley y Roxana Reyes. Los nombres que envió el senado son Doñate, los también oficialistas Mariano Recalde e Inés Pilatti de Vergara y el radical Eduardo Vischi. Pero la Corte tiene "en estudio la situación" y suma otra causa que pone en vigilia a la política.
Así, estas tres causas se suman a las que la CSJN podría “decidir” resolver en el 2023 como las que juzgan a Cristina Kirchner así como procesamientos del ex presidente Mauricio Macri que mantienen el ojo de la política en los supremos mientras ellos hacen silenzio stampa.
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