Hoy se desarrolló una de las últimas jornadas de audiencias vía mixta (presencial y remota) en la causa Vialidad que tiene en vilo a la sociedad porque está acusadao la ex presidenta y actual vicepresidenta de beneficiar al empresario Lázaro Báez del supuesto direccionamiento de obras públicas hacia sus empresas en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Habló poco de la causa y cerró con las "mentiras de la causa Vialidad".
El cronograma marcó una larga agenda desde su inicio en formato presencial antes de la pandemia el 21 de mayo de 2019, su interrupción por este motivo y su reaudación en un formato que mezcla a los jueces del tribunal desde Comodoro Py, al fiscal desde la sede del MPF y a las defensas vía remota. Hasta ahora, es el único juicio en trámite para Cristina Kirchner y ex funcionarios, con los sobreseimientos dictados en las otras causas, y con el ojo de la tormenta opositora en la previa del inicio de la campaña presidencial 2023.
El Tribunal Oral en lo Federal N°2 le brindó la tercer oportunidad de hablar ante el público y en el canal de You Tube del Poder Judicial donde se pudieron seguir todas las audiencias cada lunes, martes y viernes. El proceso penal investiga las presuntas irregularidades en 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Hay que recordar que en la causa se le imputa a la ex presidenta de la Nación ser coautora de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.
La última vez que había hablado ante el tribunal fue el pasado 23 de septiembre en el último día de alegatos de su defensa donde hizo uso de la palabra para cuestionar a los fiscales y al proceso que enfrenta en los tribunales de Comodoro Py. Hoy, volvió a cargar contra los fiscales y los jueces al señalar que "la actividad de Comodoro Py fue disciplinadora de la clase política”.
"Hoy el partido judicial cumple el rol de estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina", sentenció Cristina en sus últimas palabras desde su despacho en el Senado. Así como cargó contra el ex presidente Mauricio Macri. Fue bastante escueta comparada a sus dos alocuciones anteriores, habló 15 minutos donde cargó contra Macri, los fiscales y el juicio relacionadolo con sus mandatos como presidenta.
Así como criticó a los jueces de Comodoro Py que intervinieron en la instrucción de la causa como Julián Ercolini y los camaristas Bruglia y Bertuzzi a quienes tildó que los "pusieron a dedo". En este sentido, Cristina dijo que “los juzgados se convirtieron en partido judicial” porque “ellos son la verdadera asociación ilícita". “El partido judicial no avanzó en ninguna causa sobre el préstamo del FMI", criticó para luegocerrar que “la actividad de Comodoro Py fue disciplinadora de la clase política”. “Este es un tribunal del fusilamiento”, bramó.
"Se demostró que cada una de las cosas que dijo el fiscal eran mentiras; no eran ciertas", afirmó la vicepresidenta al brindar sus "últimas palabras" ante el tribunal. Para luego exponer las "mentiras de la Causa Vialidad" en las cuales detalló por ejemplo que todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios . El argumento de Beraldi fue que la fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación, que el estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo 5 obras elegidas según criterios fijados por los acusadores, y que el perito oficial (Eloy Pablo Bona) una persona que tenía una activa participación en redes sociales expresando sus opiniones en contra de la familia Kirchner así como también el del propuesto a instancias de la fiscalía (Roberto Panizza). La única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la Ing. Adriana Alperovich, quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecios.
Además en la causa están imputados el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti; y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner.
La expresidenta había prestado declaración indagatoria en el juicio el 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, previo a la pandemia de coronavirus. Después de más de tres años de juicio, la exmandataria intentó el 22 de agosto pasado ampliarla, pero los jueces se lo negaron y, por eso, ahora decidió, en su condición de abogada, hacer uso de su derecho a la propia defensa en el alegato final en la causa.
En la audiencia de este martes también tendrán la oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López. Pero declinaron de hacerlo, así como se pasó a un cuarto intermedio para el 5 de diciembre donde podrán hablar otros tres procesados, y el 6 de diciembre se dará lectura al veredicto.
Alegato fiscal y defensas
El fiscal Diego Luciani fue muy duro en su alegato como lo pueden ver en esta nota quien pidió la condena para todos los acusados entre ellos Cristina Kirchner a quien le solicitó la pena de 12 años de prisión en varias jornadas de alegato con palabras bastantes altisonantes como por ejemplo "los expedientes gritan". El fiscal Luciani encabezó junto al fiscal Sergio Mola, su acusación contra los ex funcionarios procesados dando ellos por probado la “asociación ilícita piramidal del jefe de Estado para que la maniobra ilícita pudiera llevarse a cabo" en la cual “instalaron una de las matrices más grandes de corrupción extraordinarias que se desarollaron en el país”.
"Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que les generaría los beneficios" y hablando de Lázaro Báez "se mostrarían incondicionales" para la maniobra a la que calificó como de “corrupción sistémica”. En ese sentido, explicó que hubo una "ausencia absoluta de control con la finalidad de la defraudación de los fondos del Estado convirtiendo a Lázaro Báez de la noche a la mañana en un empresario de la construcción”.
En este juicio se pudo ver cómo se profanaron todas las reglas, y se vieron abusos de poder durante 12 años realizados estratégicamente desde el Poder Ejecutivo para direccionar las obras públicas hacia personas de confianza del ex presidente Néstor Kirchner como Lázaro Báez.
"Hubo 17 licitaciones de las 51 investigadas que no pasaron por el control del Congreso", detalló Luciani quien dijo que en "47 casos no se concretaron las obras públicas previstas". Además, contó que en las licitaciones "hubo todo tipo de artilugios financieros para favorecer a Lázaro Báez así como las ilegalidades en 12 años de gestión de la corrupción".
Sobre Lázaro Báez, señaló que "se le adjudicaron obras a su empresa por sobre otras mucho más experimentadas en el rubro construcción siendo como antecedente que fue sólo empleado bancario y monotributista previo a la llegada de Kirchner a la presidencia en 2003. Báez constituyó la firma en esa época montando una estructura societaria junto con las empresas de Ernesto Clarens y Guido Santiago Londeau. Y de un día para el otro se convirtió en el principal empresario beneficiado de la obra pública de Sta. Cruz, el 78 % de las obras fueron para Báez.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, utilizó varias jornadas para referirse contra los fiscales del "lawfare" así como a rebatir los argumentos utlizados por los fiscales en sus alegatos. Para Belardi, el juicio está probando que la Vicepresidenta "jamás impartio ninguna directiva vinculada a estos casos".
Beraldi se refirió a la acusación por irregularidades en la ejecución y pago de las obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015, tras dar por probado que no hubo delito de asociación ilícita ni defraudación.
"No existe una obligación de control" sobre las obras por parte de la Presidencia de la Nación que "no puede ni debe tener control porque la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico", remarcó Beraldi ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
"Es imposible que el Presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio", concluyó.
La defensa de Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional, cuestionó este lunes que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hayan apelado a pruebas de otras causas judiciales en las que todavía no hubo sentencia y advirtieron que, por esa razón, deben ser descartadas por el Tribunal.
En el último día de su alegato, el abogado de Periotti, Federico Paruolo, mencionó como ejemplo la "causa Cuadernos" donde quedó "acreditado" que las anotaciones del remisero Oscar Centeno sobre supuestos pagos de sobornos "tiene más de mil enmiendas".
"No sabemos cuál va a ser la consecuencia jurídica de eso, pero claramente esa cuestión debilita toda la prueba que la fiscalía quiere usar de ese expediente" en este juicio Vialidad, advirtió Paruolo.
El letrado culminó hoy su alegato con un pedido de absolución ante el Tribunal Oral Federal 2 y reiteró que la denuncia que dio origen a la causa por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tuvo "objetivos políticos" y fue "armada".
Días atrás, la defensa de Periotti argumentó que durante el juicio ya se probó "que las obras (realizadas en Santa Cruz) eran necesarias, que se hicieron a un precio justo y que se pagó sólo lo que se ejecutó" y remarcó que la acusación sólo se sostiene por la existencia de "una guerra judicial".
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