Casi un 70% de los padres hombres en Argentina incumple el pago de la cuota alimentaria y, en la mayoría de casos, también se desligan de las tareas de cuidado y los vínculos afectivos con sus hijos e hijas.
Esta cuota es obligatoria y mensual hasta que las hijas e hijos cumplan la mayoría de edad, y está destinada a financiar no sólo su alimentación sino también educación, salud, vivienda, vestimenta y demás gastos necesarios para adquirir una profesión y oficio.
El incumplimiento afecta los derechos de niñeces y adolescencias e impacta sobre la vida de madres que crían solas, convirtiéndose esto en una suerte de castigo y adoctrinamiento para ellas por haberse separado.
Aún más, el 40% de las víctimas de violencia de género no denuncia por miedo a no poder mantener a sus hijos. Se trata de un miedo sustentado: el 64% de las que se divorciaron por sufrir golpes, abusos o insultos no recibe cuota alimentaria de sus exparejas, según un estudio de la Fundación Avón, que también arrojó que el 80% de las mujeres encuestadas sufrió violencia física, sexual, psicológica o económica.
Este espiral de violencia de género responde a una matriz cultural, en la que la división sexual del trabajo responsabiliza a las mujeres por el cuidado del hogar y de los hijos e hijas, lo cual no sólo le consume mayor tiempo diario, sino que también le impide tener los mismos ingresos económicos que su par masculino. Esto complejiza el acceso a la Justicia por parte de las mujeres que vivan este tipo de situaciones.
Por esto, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Deudores Alimentarios que busca unificar las listas de deudores de cuotas alimentarias de todo el país y facilitar la inscripción de deudores, sobre el que Tiempo Judicial consultó a Diego Ortiz, abogado especializado en violencia familiar y de género.
“El proyecto de ley tiene un efecto disuasivo y coactivo. Ya en el objeto se vislumbra el término "mecanismo disuasivo eficaz" como herramienta de convencimiento para el progenitor incumplidor y alentando la disminución de litigios en el orden alimentario”, señaló el especialista, abriendo el interrogante sobre si es este registro suficiente.
Este proyecto tiene un espíritu visualizador que permite despertar interés en la agenda pública para restar impunidad al sistemático incumplimiento de los deberes del progenitor que logran esquivar las responsabilidades parentales.
“La finalidad del proyecto no sólo es docente al generar conciencia de cumplimiento, sino también coactiva al imponer una medida restrictiva de ejercicio de los derechos del progenitor incumplidor, como el derecho constitucional a circular libremente por el país o en el exterior. De esta manera, no se trata de ser tibios con medidas inocuas sino con la coerción necesaria para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria”, explicó al respecto Ortiz.
El abogado puntualizó que el proyecto brinda conceptos que definen “incumplimiento”, el cual “se configura por tres o más cuotas consecutivas sin pagar o cinco alternadas” con lo que se “intenta evitar la dilatación de la cuestión” en el cumplimiento de las cuotas. Y también resaltó que el proyecto indica cómo proceder ante estos casos: “La autoridad judicial interviniente realizará un oficio dentro de las 48 horas de constatado el incumplimiento al Registro de Deudores Alimentarios en Mora para la inscripción. Esto con copia al defensor. Se expresa la constatación y no la acreditación en el ofrecimiento y producción de prueba del incumplimiento”. Y amplió: “Esto quiere decir que dicha constatación podría ser de oficio (al anoticiarse del incumplimiento con las condiciones referidas) o impulsada por la parte. Esto debe ser claro porque extender los plazos para realizar una acabada investigación podría atrasar el ejercicio de derechos en vez de facilitarlos”.
Inscripción al registro
La lucha por acercar la Justicia a las mujeres que sufren este tipo de violencia económica es interjurisdiccional. En la Ciudad de Buenos Aires, fue el jueves 24 de noviembre que la Legislatura Porteña aprobó un proyecto presentado por la diputada Lucía Cámpora (Frente de Todos) que establece que la inscripción de morosos al Registro de Deudores Alimentarios de la Ciudad será gratuito. Previamente, la inscripción de un progenitor moroso en el registro implicaba un costo a cargo de la mujer que hacía el trámite de entre mil y 8 mil pesos.
En este sentido, el abogado consultado indicó: “Otra de las cuestiones es saber qué efecto va tener la inscripción de este registro y ahí agregamos el término ‘articulación interinstitucional’. Ya que el registro de este incumplimiento debe ser el dato para que las instituciones rechacen habilitaciones comerciales o industriales, trámites de obtención de DNI y pasaporte y sus renovaciones, permisos, concesiones, etc”. Y completó: “Los deudores tampoco podrán inscribir bienes inmuebles a su nombre ni postularse a cargos electivos. Un abanico de restricciones de derechos en aras de alentar al cumplimiento de su obligación que no puede esperar ni admite suspensiones”.
Lea aquí el proyecto completo de creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios
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