Distintos funcionarios se mostraron a favor de empezar este verano con el proceso de juicio político a los cuatros integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y quien fue muy duro fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, quien también amagó con reformar el Consejo de la Magistratura por decreto. “El artículo 99 de la Constitución Nacional no lo impide”, respondió el ministro de Justicia en una entrevista radial cuando le preguntaron si una reforma por decreto era una posibilidad.

Entre los argumentos que avalarían esta iniciativa, el funcionario señaló el “fallo insólito de la Corte del 16 de diciembre de 2021”, por el cual la Corte exigió reformar la composición del Consejo de la Magistratura para ampliar a 20 integrantes y ser presidido por Horacio Rosatti como funciona hoy en día. “Se animaron a revivir una ley derogada por el Congreso de la Nación 16 años atrás para meterse a manejar el Consejo”, criticó Soria quien denunció que la oposición “bloquea el funcionamiento no solo del Consejo con la Corte de por medio sino con sus medios de comunicación”.

El pedido de juicio político del presidente de la nación al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por la cautelar que se emitió desde el máximo tribunal a favor del Gobierno de la Ciudad sobre los fondos destinados al distrito, cosechó algunas muestras claras de apoyo por parte de distintos funcionarios públicos que habían criticado la decisión del organismo.

La senadora bonaerense Teresa García, perteneciente al espacio del Frente de Todos, señaló que "no se puede construir una institucionalidad seria cuando tenemos a un señor que cree que es un emperador", y consideró que "es auspicioso que se ponga la máxima institucionalidad encima de este tema”. Los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) expresaron hoy su apoyo a la iniciativa que impulsa el presidente Alberto Fernández junto a varios gobernadores para pedir el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tiempo que advirtieron que "el federalismo no se negocia".

“Esto instala el debate de la máxima institucionalidad del país, que es el presidente de la Nación, de alguna manera resistiendo y defendiéndose de los embates que está teniendo la Corte sobre el resto de los poderes", afirmó en diálogo con los medios.En ese tono, opinó que "el accionar en todos los frentes para evitar que la Corte siga avanzando como está avanzando sobre otros poderes como el Legislativo y Ejecutivo", y destacó que “es correcto que el presidente ponga el tema sobre la mesa. Hoy no tenemos número, hay que construirlo y para eso y para eso hay que construir sentido”.

En cuanto a la cuestión de la coparticipación, la senadora enfatizó: “La justicia al tomar la determinación de darle a la Ciudad fondos que no le corresponden, porque fueron entregados de forma arbitraria por medio de un decreto de Mauricio Macri, merece la resistencia de todos los gobernadores”. “Me parece que tiene que haber una acción concreta del Ejecutivo, nacional y provinciales, que tenga que ver con la recuperación de la autoridad frente a este avasallamiento”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, profundizó sobre la relación entre el Gobierno porteño y la Corte Suprema, y afirmó que hay una “relación promiscua, no hay ninguna novedad”, y agregó que “la justicia en nuestro país no es ni de pendiente ni Imparcial”.

“La conveniencia entre Juntos por el Cambio la Corte Suprema, sectores de la justicia federal y grandes medios de comunicación no es ninguna novedad”, lamentó el funcionario y sostuvo que “la reciente filtración de chats y conversaciones que comprueban la relación promiscua entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad es el corolario de un proceso de degradación del poder judicial nunca antes visto en nuestra historia democrática”.

En ese marco, explicó que todo empezó Mauricio Macri “firmó los decretos para designar a Rosatti y a Rosenkrantz hace siete años”, y detalló todo “fue agravándose hasta llegar a la situación actual: una Corte Suprema que viola la Constitución e interviene en los otros poderes del Estado solo para garantizar los intereses políticos de Juntos por el cambio”.

“En los últimos años hubo innumerables situaciones que dejaron ver que la justicia en nuestro país no es independiente e Imparcial. Sin ir más lejos, yo mismo he denunciado a las reuniones clandestinas que Macri y jueces mantenían en la Casa Rosada y Olivos para armar causas y encarcelar dirigentes políticos, trabajadores y sindicalistas”, criticó.

En esa línea, Soria sostuvo: “Increíblemente, luego de 3 años de impulsar reformas judiciales fundamentales y necesarias para nuestro país y de enfrentarnos a un bloqueo institucional nunca antes visto, la propia interna descarada de Juntos por el Cambio termina sacando a la luz y confirmando lo que todos los argentinos saben que ocurre”.

Además, se opinó que la Corte y la oposición manipulan e intervienen “en otros poderes del Estado para garantizar los intereses políticos de Macri, Rodríguez Larreta y los beneficios económicos determinados de grupos económicos a costa del bolsillo de los trabajadores”.

En cuanto al pedido de juicio político, en particular, consideró que “es la única vía institucional válida para responder a una serie de conductas de actitudes y fallos que son totalmente arbitrarias e injustificados a la Constitución y a las leyes”.