El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba llevó adelante el primer relevamiento contextual y decisorio después de que en a fines del año 2021 se produjera una reforma legal en materia Penal Juvenil en la provincia. Algunos de los datos que arrojó el relevamiento sostienen que desde la implementación disminuyeron las medidas privativas de libertad con respecto a los casos ingresados.

"Los datos preliminares permiten dar cuenta del cumplimiento del objetivo y el espíritu de la modificación legislativa, que busca profundizar en las medidas tutelares o protectorias de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en conflicto con la ley penal”, explicaron desde el tribunal cordobés.

Entre los datos que se han difundido se explica que han disminuido las medidas privativas de libertad en relación a los casos ingresados. "En 2021, representaban el 19%; mientras que en 2022 bajaron al 12%. En la mayoría de las sedes judiciales no se dictó ninguna medida de este tipo".

A ello se suma que se acortó el plazo de duración de las privaciones de libertad: en 2021, el 26% duraban menos de 30 días, mientras que en 2022 dicha proporción subió al 37%. Además, se incrementó el 26% respecto a 2021, el porcentaje de NNyA con un nuevo procedimiento iniciado en el sistema Penal Juvenil.

Otro dato que se desprende del trabajo es que 3 de cada 10 NNyA de la población analizada "ya habían ingresado a la Justicia Penal Juvenil, o bien, tenían otra investigación en curso". Y en cuanto al género, el 87% son varones, mientras que el 12% restante son mujeres. No se informó otro género.

"Más de la mitad de los NNyA con información sobre esta variable consume algún tipo de sustancia psicoactiva (cannabis, alcohol, cocaína, tabaco, pasta base, LSD)", consigna el relevamiento realizado por el alto tribunal cordobés y que sostiene que las localidades Laboulaye, Villa María, Oliva y Morteros son las sedes judiciales con mayor cantidad de NNyA con causas iniciadas cada 10.000 habitantes.

El proceso de obtención y sistematización de los datos reunidos forma parte de la implementación del Registro Único de Indicadores en materia Penal Juvenil de los poderes judiciales provinciales argentinos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa fue creada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus) y su Instituto de Capacitación (Reflejar), a finales del año 2020 y siguiendo los lineamientos de Unicef.

 

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