Representantes de los ministerios públicos fiscales de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires trabajan en forma coordinada en el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para desbaratar la venta de drogas en el barrio 1-11-14 del barrio porteño de Bajo Flores. Se trata de una organización que pese a los diversos procedimientos, causas judiciales y condenas dictadas en los últimos años continuó operando en la distribución de estupefacientes.
Según cuentan desde la fiscalía federal, la tarea de fiscales de las dos jurisdicciones derivó en resoluciones judiciales por las que se sometió a proceso a ocho personas en el fuero federal y a tres en el fuero local. Esto supone la continuidad de un trabajo conjunto iniciado hace más de un año en torno al fenómeno criminal localizado en ese barrio.
Lo que ocurre en el territorio tiene que ver con la operación de una organización que distribuye estupefacientes en una zona de la Villa 1-11-14, con el reciclaje de sus estructuras operativas, que significaron la intervención de otras personas y la reincorporación de quienes recuperaron la libertad.
El Juzgado Federal N°12, a cargo de Ariel Lijo, y el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Luisa María Escrich, coordinaron a mediados de octubre las órdenes de detención de diferentes personas individualizadas en requerimientos fiscales de acuerdo a las imputaciones formuladas en función de la competencia en materia de persecución de la narcorcriminalidad de cada ministerio público. Así, el Juzgado Federal N°12 dispuso la detención de doce personas consideradas en los eslabones más altos de la cadena de comercialización, mientras que el juzgado local ordenó las de otras cuatro vinculadas a operaciones de narcomenudeo.
La modalidad de intervención incluyó un punto resolutivo novedoso por parte del juzgado local en las órdenes de allanamiento. En esa instancia, el juez del fuero local resolvió adherir a lo dispuesto por su colega del fuero federal -en cuanto a los allanamientos- “haciendo saber que, en caso de que en el marco de esos procedimientos se verifiquen conductas que prima facie impliquen la comisión de delitos que guarden relación con el objeto procesal de la presente causa y que resulten de competencia del fuero Penal Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, esas conductas serán investigadas en el marco de la presentes actuaciones, siempre y cuando la titular de la acción penal impulse la acción por esos hechos”.
En el expediente se dio cuenta de que "las tareas de campo realizadas permitieron observar la presencia de satélites, la actividad de vendedores en los característicos puntos de venta de la banda, la vigencia del sistema de seguridad a través de chalecos y marcadores, el traslado de droga desde los puntos de venta hacia los lugares de acopio, entre otras actividades que evidencian la vigencia de la actividad de la banda".
Y el ECI explicó que "la investigación ha reunido elementos de distinto origen que convergen en un mismo sentido y dan cuenta de la necesidad de alcanzar un análisis integral que permita entender el contexto y la estructura involucrada en este tipo de actividades ilícitas. Tareas de campo realizadas por la Policía Federal, el aporte de informantes, los procedimientos de prevención con intervención del MPF, la declaración testimonial de tres testigos de identidad reservada, el aporte de dos imputados colaboradores y elementos de prueba incautados en registros domiciliarios”.
En la presentación el ECI repasó las tareas realizadas desde el año pasado para desbaratar la estructura. Indicó que en 2021 la organización estuvo liderada por Johnny Ray Arnao Quispe, alias "Pantro", y Ulises Romero Godoy, alias "Pitufo", ambos acusados con sus casos esperando debate oral y público. Añadió que los dos imputados "intervinieron en calidad de organizadores, impartiendo directivas al resto de los integrantes del grupo, supervisando su concreción y recibiendo el dinero producto de las ventas de drogas".
En efecto, el ECI explicó que en septiembre de 2021 se dispuso la detención de 23 personas por su intervención en maniobras de tráfico, pero varias de ellas aún continúan prófugas. Doce fueron procesadas -Arnao Quispe, entre ellas- y posteriormente el MPF requirió la elevación a juicio.
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