En el marco de la Jornada sobre Acceso a Justicia para Personas Mayores, organizada en conjunto con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Secretaría de Bienestar Integral del Gobierno de la Ciudad presentó el informe sobre Protección de Derechos de las personas mayores para el período comprendido entre enero y octubre de 2022.

Allí se debatió sobre el Programa Proteger, que brinda un abordaje integral con intervención psicosocial, asesoramiento legal, acceso a la protección judicial para las personas mayores, de 60 años o más, que se encuentren en situación de violencia y/o extrema vulnerabilidad por carencia de redes.

En este marco, dicho estudio arroja alarmantes cifras:

  • En dicho periodo, se recibieron 1.230 nuevas solicitudes de intervención al Programa Proteger, un incremento aproximado del 25% en comparación al mismo periodo del 2021.
  • El 83% de las personas mayores que solicitó la intervención del Programa manifestó sufrir violencia intrafamiliar y/o doméstica, y 7 de cada 10 expresaron haber sufrido maltrato psicológico.
  • El 75% de las personas afectadas se registraron de género femenino.
    Más de la mitad de los afectados, un 53%, tienen entre 75 años o más, siendo el promedio de edad de 72 años.
  • El 80% de quienes ejercen violencia tienen un vínculo familiar con la persona mayor. 5 de cada 10 sufrió maltrato por parte de sus hijos.

 

 

Líneas de asistencia

Por la situación planteada, desde el Gobierno porteño lanzaron una línea telefónica gratuita denominada Escucha Activa, un espacio de acompañamiento para fomentar la integración de las personas mayores a través del diálogo y de la empatía.

¿Cómo funciona? Los interesados podrán comunicarse al 147 desde la Ciudad de Buenos Aires o al 0800-999-2727 desde cualquier parte del país. Una vez seleccionada la opción correspondiente (Opción N° 5), de lunes a viernes de 8 a 20 hs., será atendido/a por un operador especialmente capacitado, con quien podrá conversar y también conocer las propuestas que la Ciudad tiene para ofrecerle de acuerdo a sus intereses o necesidades.

Sofía Torroba, Subsecretaria para Personas Mayores, expresó que “Desde la Subsecretaría trabajamos en generar herramientas e instrumentos para visibilizar y concientizar sobre los derechos de las personas mayores. A través del Programa Proteger, continuaremos trabajando en la prevención y el acompañamiento de las personas mayores en situación de violencia y vulnerabilidad”.

Quienes se encuentren o conozcan a alguna persona en situación de violencia pueden comunicarse al 0800-222-4567 de lunes a viernes de 8 a 17 horas, o enviar un correo electrónico explicando la situación a: proteger@buenosaires.gob.ar. En caso de emergencia, es necesario llamar al 911.

 

Caudal de denuncias

Durante el periodo enero-octubre del corriente año la Secretaría recibió a través de distintos canales 1.230 nuevas solicitudes de intervención, dando como resultado un incremento aproximado del 25% en comparación al mismo periodo del 2021. Estas solicitudes provinieron en su mayoría de organismos oficiales alcanzando el 65% de las demandas. El 35% restante fueron demandas realizadas, en forma directa o espontánea, por las personas mayores afectadas o por terceros.

Las intervenciones de los casos que ingresaron al Programa Proteger son llevados a cabo por equipos interdisciplinarios conformados por psicólogas/os, trabajadoras/es sociales, abogadas/os, que trabajan, en promedio, 440 casos al mes.

Los casos trabajados por los equipos interdisciplinarios generaron más de 13.200 acciones de intervención enfocadas en la protección de los derechos de las personas mayores que atravesaron situaciones de violencia o extrema vulnerabilidad por carencia de redes, en los términos de la Ley 5.420. Dichas acciones incluyeron entrevistas domiciliarias, evaluación y valoración de riesgo, elaboración de informes interdisciplinarios, asesoramiento legal y psicosocial, acompañamiento en la concreción de denuncias, acompañamiento en operativos policiales, seguimiento de expedientes judiciales, ingreso al Dispositivo de Alojamiento Protegido y articulación con organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre otros.