El Poder Judicial resiste las amenazas, intervino la Corte y acordaron mayor seguridad

Estos últimos días, la Justicia reaccionó en todos los niveles, con la última novedad de la amenazas desde la cárcel del sur del país a un legislador provincial. La fiscal Susana Pepino, al juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Murúa y al fiscal federal Javier Arzubi Calvo así como al intendente municipal intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella y al senador provincial, Lisandro Enrico fueron amenazados vía mensaje de texto con el siguiente mensaje.

“Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del Juzgado Federal, Cuello Murúa y el Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”, decía el texto.

Como contamos ayer, en la madrugada del lunes, balearon una sede de la Policia Comunitaria y dejaron una nota acusando a dos policías de una unidad interna del Servicio Penitenciario Policial, en Rosario de “golpear a los pibes con el GORO”.

En el marco de las amenazas de este fin de semana, el sábado y ayer mismo la Corte Suprema de Justicia, a través del presidente Horacio Rosatti y el ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Aníbal Fernández tuvieron un diálogo telefónico en el cual acordaron “intensificar las medidas de seguridad para proteger a los juzgados federales de la provincia de Santa Fe”. Es decir, los juzgados ubicados en las ciudades de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.  Así lo confirmaron a Tiempo Judicial fuentes judiciales de la Corte nacional y provincial.

“Amenazan a uno es amenaza a todos”, resumió la lista Compromiso Judicial así como las otras dos listas, Bordó y Celeste, habían manifestado por separado que es “necesario de forma urgente tomar medidas junto a las autoridades nacionales”. En la misma línea, los ciudadanos realizaron una vigilia en la ciudad de Rosario con una protesta frente a la Gobernación donde exigieron una respuesta del Estado y anticipan nuevas medidas frente la escalada en la ola de violencia.

También desde la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe emitieron un comunicado

A Infobae.. el juez Murúa dijo que “a partir de esta situación de amenaza que tomó estado público, el sábado recibí el llamado del presidente de la Corte, doctor Rosatti, que me manifestó su apoyo personal de él y de todos los sus colegas la Corte Suprema frente a esta situación. Esto refuerza el compromiso que asumimos. No nos van a amedrentar; esto es producto de lo que venimos haciendo”, dijo uno de los magistrados amenazados que también destacó el acompañamiento desde el Consejo de la Magistratura.

En este sentido, los jueces provinciales también vienen reclamando protección hace 5 años como mínimo. Y son los magistrados que llevaron adelante justamente el juzgamiento y las condenas de las bandas de narcotraficantes por el delito de amenazas.

En diálogo con Tiempo Judicial, el juez penal Gustavo Salvador que intervino juzgando y condenando a la banda más peligrosa de narcotraficantes que domina la ciudad de Rosario “Los Monos” reveló que desde 2018 se producen amenazas telefónicas desde los penales sumadas a las balaceras a edificios públicos. Salvador es el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe Zona Sur, e integró la cámara de apelaciones de Rosario que confirmó las condenas de la banda Los Monos por amenazas.

¿Cuál es la situación hoy en Rosario con los ataques de las bandas narcos al Poder Judicial provincial y federal?

Venimos transitando un derrotero de casi 5 años y fuimos los primeros que pasamos por esta  condición en donde sectores desconocidos de criminalidad organizada atentaron contra nuestros domicilios particulares y contra edificios públicos sedes del Poder Judicial santafesino.

Las amenazas a magistrados y fiscales están ubicadas en un contexto donde esto ya pasó varias veces como por ejemplo cuando nos balearon el tribunal que juzgó a “Los Monos” y también los domicilios de los camaristas que confirmaron su condena. La justicia provincial viene luchando contra este tema desde hace más de 5 años, y hoy en día también la justicia federal ya recibió amenazas.

¿Cómo son estas amenazas?

Las amenazas telefónicas generalmente son de personas privadas de la libertad en penales ya sea provinciales o federales. Pese a ello, tienen el desparpajo de seguir amenazando fiscales y jueces del sistema federal y provincial en forma directa.

 ¿Hoy en día en día podríamos decir que la situación se agravó?

Sí, muchísimo peor que lo que pasó en 2018 que ya fue inédito y llamó la atención nacional y dio lugar al juicio por amenazas y balaceras. Hoy, el tribunal que los juzga por las amenazas también fue amenazado. El desparpajo no tiene límites y hoy esta sobresaltado. Yo creo que las bandas criminales utilizan la cobertura periodística del hecho como amplificador de su propia amenaza.

El juez Salvador reconoce y da por probado en juicio que las balaceras a edificios provinciales fueron organizadas desde la cárcel por el propio “Guille” Cantero como su autor intelectual.

En este sentido, el comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe Zona Sur, expresa “enfáticamente su preocupación ante la sistemática repetición de estas intimidaciones cada vez que distintos órganos judiciales direccionan su accionar contra integrantes de bandas de criminalidad organizada”.

En la misiva a la que accedió este medio, los 400 jueces y fiscales nucleados manifestaron que “la preocupación se profundiza a poco que se repare en que los actos intimidatorios se ordenan y/o planifican desde el interior de instituciones penitenciarias tanto federales como provinciales”.

En este sentido, el Colegio provincial expresó su solidaridad con las amenazas a “la fiscal Susana Pepino, al juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Murúa y al fiscal federal Javier Arzubi Calvo así como al intendente municipal y al senador provincial que fueron nuevamente destinatarios de graves amenazas”.

¿Cuál es el pedido más urgente a las autoridades tanto nacionales como provinciales?

El abordaje de los tres poderes del Estado y que este abordaje sea realmente en serio. Es necesaria una reacción enérgica y homogénea de los distintos poderes estatales, sin la distinción de niveles y más allá de intereses políticos coyunturales, para neutralizar el accionar de las organizaciones criminales que pretenden imponer una lógica de violencia totalmente inaceptable en un Estado democrático y constitucional de derecho.