Nunca antes la Justicia de Mendoza había vivido una crisis política tan grave como la que alumbró a fines de 2022, tras casi un semestre de disputas soterradas, anteproyectos y escasísimo diálogo y consenso, la reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia.
El oficialismo mendocino, de altísimo ADN radical, impulsó desde el Gobierno de Rodolfo Suarez, la Legislatura -donde tiene mayoría- y la propia Corte, modificaciones sustanciales para poner fin a la mayoría automática que el peronismo hizo valer, durante décadas, a la hora de resolver los casos Penales y Laborales tramitados en la Sala Segunda.
¿El argumento? Que tres jueces aglutinaban el 75% de las causas por resolver, lo que generaba una diferencia abismal respecto de la escasa cantidad a cargo de los otros tres jueces del fuero Civil y Comercial.
Ese 2 a 1 enfureció al oficialismo varias veces en los últimos años, especialmente cuando quedaron sin efecto sentencias condenatorias a dirigentes sindicales, como fue el caso de Roberto Macho y Raquel Blas, de ATE Mendoza, por cortes de calles. Entonces, se habló de terminar con el “Forum Shopping” y se fustigó que algunos litigantes buscaran, calendario en mano, al tribunal que dictara sentencias definitivas a medida de sus pretensiones.
Sin embargo, desde el ala peronista de la Corte echaban fuego por la boca por otra mayoría automática: el 4 a 3 que el radicalismo ostenta en el máximo tribunal al momento de los fallos plenarios. De hecho, durante una sentencia fechada en agosto de 2022, desde el PJ acusaron al oficialismo de “convocar a discrecionales llamados a plenario, de dudosa legalidad, para imponer la mayoría automática y así revertir sentencias de la Sala Segunda que se perfilan adversas”.
La reforma tan temida
En los pasillos judiciales muchos atribuyeron este embate a que el radicalismo ya le sacaba punta a un proyecto de reforma de funcionamiento de la Corte que preveía, entre otras acciones, la eliminación de la históricas Salas I y II especializadas en causas Civiles, Comerciales y Laborales y Penales respectivamente.
Nunca antes las rispideces políticas en la Corte habían quedado tan a la vista pública de los mendocinos. De hecho, el proyecto que el Ejecutivo mandó a la Legislatura fracasó en su formato original y se trabó en la Casa de las Leyes porque carecía de consenso, lo que obligó a los supremos de ambos bandos a bajar la guardia y a sentarse a dialogar. Incluso a ceder. Nada más y nada menos.
Así, tras intensas y afiebradas negociaciones, en el cuarto piso de los tribunales hubo humo blanco y los supremos acudieron en persona a la Legislatura y presentaron un plan consensuado. Pero antes, la Legislatura abrió el juego y convocó a especialistas en Derecho y a dos ex ministros de la Corte para consultarlos acerca de qué modificaciones realmente necesitaba la cúpula del Poder Judicial de Mendoza.
La prestigiosa Aída Kemelmajer de Carlucci, quien llegó al máximo tribunal en 1984 con 39 años y se jubiló en 2010, opinó que “terminar con las Salas e ir a un sistema de sorteo de todas las causas -lo que finalmente impuso el oficialismo- es subvertir el sistema judicial".
Con ella coincidió Alejandro Pérez Hualde, quien relativizó el concepto de “Forum Shopping”. El ex juez de la Corte entre 2004 y 2018 que ejerció la presidencia, consideró que “el sistema de sorteo de expedientes hará perder toda la certeza. Es que el 85% de las causas que entran son civiles, penales, laborales y no son causas contra el Gobierno. El problema de la elección de salas ocurre en el 15% de las causas directas contra el Gobierno porque son de acción de inconstitucionalidad o por acción procesal administrativa. Puede ser contra un municipio. Ahí sí existe la posibilidad de elegir sala".
Los ministros reformistas reafirmaron su postura de eliminar las Salas bajo el argumento de que los jueces están obligados a estudiar cada caso sin importar que se trate del fuero Penal, Civil u otra especialización. También alegaron la necesidad de que el trabajo sea equitativo.
La reforma resultó, al final, un trámite
La reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza fue aprobada el 18 de octubre de 2022 por 35 votos a 1. Todo un trámite luego de semejante tensión política.
Primera novedad: se aprobó que las nuevas causas fueran resueltas por tribunales conformados por sorteo entre los 7 supremos. La aplicación de este nuevo mecanismo no será inmediata sino paulatina y escalonada a partir de julio de este año y con plazo final el 30 de diciembre de 2023, lo que fue interpretado como una concesión oficialista en favor del PJ.
Segunda novedad: el presidente de la Corte -hoy Dalmiro Garay- fue habilitado para resolver y tomar decisiones jurisdiccionales, algo que históricamente estaba reservado a los restantes seis magistrados.
Tercera novedad: las Acciones Procesales Administrativas deben ser resueltas por el pleno de la Corte y una de las primeras es la que plantearon por triplicado -el PJ, la Fiscalía de Estado de Mendoza y el Partido Verde- contra el proyecto de ley de Rodolfo Suarez para contraer deuda pública en dólares para refinanciar deudas por vencer.
La cuarta novedad tiene que ver con la elección del presidente de la Corte, que se realiza cada dos años y que se repetirá en noviembre de 2023 para elegir al sucesor de Garay.
El nuevo mecanismo aprobado por ley establece dos rondas de votación entre los 7 supremos hasta que alguno de los aspirantes alcance la mayoría 5 a 2 para ser consagrado. Caso contrario, una vez superada esta doble instancia se habilitará la tercera ronda de votación en la que se impondrá el supremo que alcance la mayoría simple.
La pimienta política
Los supremos guardaron las formas y jamás criticaron a sus rivales políticos. Los que no se guardaron nada, perdido por perdido como preveía en la votación legislativa, fueron algunos legisladores peronistas y radicales. Los cruces de campanillas los protagonizaron Lucas Ilardo (PJ) y Alfredo Cornejo, legislador nacional, ex gobernador, flamante precandidato a gobernador y padre de las reformas judiciales ejecutadas en Mendoza durante los últimos ocho años.
Ilardo, ex esposo de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y figura del PJ mendocino, cargó contra Cornejo, a quien llamó El Sheriff y le atribuyó "haber arrasado con la institucionalidad y la independencia de la Justicia y de los organismos de control a partir de 2015, cuando llegó al Ejecutivo de Mendoza”.
El político peronista criticó al gobernador Suarez por su "plan para regular el funcionamiento de la Corte, que viola la división de poderes públicos”. "Tenemos una Justicia tuerta que tiene un ojo abierto para ver causas las judiciales que involucran a los opositores y el otro ojo cerrado para no ver las del oficialismo y en especial de los radicales”
“Esta es una ley muy importante para el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza porque organiza el ingreso y el sorteo de las causas”, manifestó el senador nacional Alfredo Cornejo así como sostuvo que “los principales lineamientos fueron conversados en la Corte originalmente. Luego, el Ejecutivo mandó un proyecto y la Legislatura lo trató. Se hicieron modificaciones, pero lo sustancial es lo que propuso el Gobierno y que estuvieron de acuerdo los siete miembros del tribunal”.
“Se termina la especialidad para tratar los temas penales o laborales. Hay una secuencia a partir de julio para empezar a aplicarlo, pero de los temas contenciosos -que son todos los derivados del funcionamiento del Estado provincial- ya empiezan a sortearse", finalizó el líder radical.
Este ejemplo de la discutida pero finalmente consensuada reforma entre la Justicia y la política en territorio mendocino tiene que marcar la agenda que se puede negociar, discutir y hasta pelear con el objetivo final de mejorar el servicio de la justicia para todos los ciudadanos.
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