La iniciativa presentada en el Senado de la Nación busca actualizar y ampliar la defensa de los consumidores y usuarios a los tiempos que corren con un Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación. “Estamos proponiendo un cambio de paradigma poniendo a los consumidores y consumidoras en el centro de la escena”, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien impulsa el proyecto con el apoyo del secretario de comercio Matías Tombolini, el diputado provincial de Mendoza José Luis Ramón y asociaciones de usuarios y consumidores de todo el país.
"Hay que revertir un sometimiento estructural en las relaciones de consumo y las situaciones que se dan y no están alcanzadas por una norma que ponga a la dignidad de la persona humana como prioritaria”, añadió la senadora y dijo que “como mendocina sé de la importancia de que estos derechos sean garantizados no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino en cada una de las provincias del país”.
Entre otras cosas, el Proyecto de Ley busca estimular las acciones individuales y colectivas, así como los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de derechos. También impulsa el consumo sustentable y pone en debate la obsolescencia artificial programada, junto con la verdadera durabilidad de los productos. Se ocupa de regular diferentes formas y tipos de publicidad comercial engañosas y situaciones contractuales abusivas.
Además, propicia el acceso real e igualitario a los servicios públicos esenciales y promueve la participación de las y los consumidores en la elaboración e implementación de políticas públicas. El espíritu y alcance federal se muestra ya que se invita a las provincias a ampliar este tipo de mecanismos tomando el Código como un piso mínimo de derechos.
Según datos de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor los rubros que lideran la lista de reclamos son: servicios financieros y seguros (34,8%), telecomunicaciones (29,5%), electrodomésticos (12,8%), rodados y automotores (11,6%) y servicios de administración de pagos (11,3%). Luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, las tres provincias que reúnen mayor cantidad de reclamos son Santa Fé, Córdoba y Mendoza.
"La presentación y la puesta en debate de este proyecto, es un hito importante porque de una vez por todas los usuarios y consumidores vamos a tener una herramienta que va a permitir el ejercicio del derecho con la protección del orden público, sin ningún tipo de interpretación por parte de funcionarios o por parte de aquellos que nos proveen los productos y los servicios a cada una de las familias argentinas", dijo durante la presentación Ramón, otro de los legisladores que impulsa la iniciativa.
Tombolini, por su parte resaltó que “la asimetría de la información nos lleva a una situación en el presente en la que es necesaria la intervención del Estado para hacer lo que hizo siempre el peronismo: emparejar la cancha. Y eso implica muchas veces tocar los intereses de los sectores concentrados. Entonces, cuando aparecen herramientas que le dan al sector público la capacidad de penalizar a quienes lastiman los derechos de los usuarios y los consumidores es algo que debemos celebrar”.
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