Argentina es pionera en derechos humanos relacionados a género en América Latina. La lucha transfeminista ha logrado hitos como el voto femenino, el cupo laboral trans, la protección de la maternidad, la Ley Micaela, la Ley de Protección Integral y de Prevención de Violencias contra la Mujeres, la Ley N° 27.501 que incorpora al artículo 6° de la ley 26.485 sobre acoso callejero, la Ley de Parto Humanizado, el cupo laboral trans, la Educación Sexual Integral, la Interrupción Voluntaria de Embarazo, entre otros.
Pero aún falta mucho. Por ejemplo, hace un año, el presidente Alberto Fernández había anunciado, en la apertura de las sesiones legislativas ordinarias, el envío al Congreso del proyecto para crear un sistema integral de cuidados y la ampliación de licencias parentales pero aún no fue tratado en el recinto. Y con la misma suerte corre otra cuenta pendiente: la Ley de Equidad de Género en los Medios.
En diálogo con Tiempo Judicial, la abogada integrante de la red Abofem Río Negro, Julia Mosquera, indicó que “ninguna de esas leyes y derechos nos fueron dados; fueron conquistas”. ¿Qué reclaman entonces las mujeres y disidencias? Su efectiva implementación y la disolución del paradigma machista en el Poder Judicial. Esto nuclea uno de los reclamos más importantes del movimiento de mujeres y disidencias: la reforma judicial feminista.
El objetivo es garantizar el acceso a la Justicia y la transversalidad de la mirada feminista en el Estado, ya que “los movimientos feministas y las disidencias hemos reclamado por nuestros derechos, y aun así luego de conseguirlos y conquistarlos, nos encontramos con un Estado que en todos sus órdenes nos violenta el goce de ellos”.
Deconstruir el derecho
Tal como plantea Mosquera, los derechos de las mujeres y disidencias en Argentina no fueron dados sino ganados a través de luchas. Este 8M es un ejemplo de ello: hoy se conmemora a 129 mujeres que fueron asesinadas en 1857 por los dueños de la fábrica donde trabajaban y donde realizaban una huelga en reclamo por un aumento de salarios, reducción de la jornada laboral y fin del trabajo infantil. Sus patrones provocaron un incendio la fábrica Cotton Textile Factory sin imaginar que estaban encendiendo también un movimiento de mujeres trabajadoras que a lo largo de los años y alrededor del mundo perderían el miedo a reclamar, y a las reprimendas.
El sistema judicial, en todas partes del planeta, fue pensado por y para hombres, blancos, cisgénero, burgueses y heterosexuales para resolver aquellos conflictos que los tenían como sus protagonistas.
Pero, ¿cuál es la idea de “justicia” para los feminismos y cómo abordar las “injusticias”?
Mosquera aportó una respuesta englobadora: deconstruir el derecho. “El desafío es dejar de ver el derecho como algo estático y normativo, y verlo a la luz del conflicto individual, detenernos en qué necesita”. Con la Ley Micaela, todos los y las funcionarias del Estado deben capacitarse en materia de género a fin de dejar de fallar en la protección y garantía de derechos humanos ligados a las mujeres y disidencias. Con esto, se busca que se abandone la “imparcialidad” judicial, entendiéndola con una ilusión que, en realidad, lleva a la resolución de conflictos las lógicas clasistas, machistas y racistas.
Nuestro país cuenta con normativa específica en materia de derechos de las mujeres tanto nacional como internacional con vigencia constitucional que obliga a actores judiciales a investigar y resolver con perspectiva de género, “pero ello también obliga a lxs profesionales del derecho que deberían tener intervenciones donde puedan plantear algo distinto de la rigurosidad formal que a veces se nos exige como meros relatores de leyes, que articulen acciones con las distintas instituciones del Estado, para resolver el conflicto de manera integral o acompañar a su resolución con integralidad en perspectiva de derechos”.
Derecho penal y punitivismo
El modelo actual de Justicia falla. Una mujer por día muere en Argentina, y cada año existe un 17% promedio de mujeres que ya habían denunciado formalmente en la Justicia ser víctima de violencia de género. Con el afán de evitar víctimas fatales, el Poder Judicial opta cada vez con más frecuencia separar a la víctima y sus hijos/as (si fuese necesario) de su agresor con restricciones perimetrales y, en algunos casos, con prisión preventiva.
Este es el caso de la provincia donde se radica Mosquera, Río Negro, donde recientemente se modificó el Código Procesal Penal para habilitar la prisión preventiva en razón de la violencia de género. En contrapartida a este cambio de enfoque que busca salvar a las mujeres ante la incontrolable violencia machista, algunos sectores reaccionaron negativamente en defensa de los hombres al alegar que la Justicia “beneficia” a las mujeres con este accionar y “perjudica” a sus pares masculinos con tan solo la versión de la mujer ante la Justicia.
¿Qué hacer con los agresores entonces? ¿Cómo reparar a las víctimas? Sobre estos tópicos, Mosquera cuestiona si las herramientas para revolver estos dilemas es el derecho penal y el punitivimo o si lo es el derecho de familia. “¿Queremos una justicia que encierre o una justicia que acompañe a quienes son víctimas?”.
Según Mosquera una primera reflexión debe destinarse a “delinear expectativas”. “Si la construcción es reclamar lo mismo que el sistema de justicia reclama, seguramente nos vamos a hundir en miles de archivos y archivos, condenas, estadísticas y más pobres encarcelados (sin cumplir con la pretendida resocialización del sistema penal). Más allá del punitivismo puesto en auge por los sectores de derecha, en total desmedro y desconocimiento de los derechos humanos. Como si el garantismo fuese opcional. Como pudiésemos desde el feminismo pensar en negar derechos cuando por años, y aún hoy, somos invisibles en muchos sectores”.
Mosquera entiende que la respuesta a estas interrogativas debe ser abordadas desde el aspecto más estructural de la Justicia. Es decir, después de una tobillera electrónica o un botón anti pánico, ¿qué? “Qué sucede con la víctima, con su familia? ¿Qué sucede con el agresor? “Reclamamos políticas integrales de atención, con interdisciplina, con presupuesto, que se sostengan el tiempo. La reparación no depende solo de les agresores sino del Estado que debe tener un rol de acompañamiento y de intervención”, opinó la letrada consultada.
Y aclaró: “Esto no significa que renunciemos a la idea de justicia o de responsabilizar a aquel que daña a otrx. Creo que debemos pensar si vamos a seguir sosteniendo que la única forma de responsabilizar es el castigo y la sanción, si tenemos que pensar un sistema de justicia que se ocupe de las dimensiones de la reparación, y si eso es propio de la víctima o victimario. O si el Estado puede o debe ocupar un rol central, que es de protección integral de medidas efectivas que contengan a la víctima y al agresor”.
Con esto, queda expuesta la necesidad de una reforma judicial con clave feminista, es decir, con perspectiva de género que logre dar respuesta a los dilemas jurídicos que hoy imposibilitan la garantía plena de los derechos de las mujeres.
“Desde una reforma integral se propone pensar la justicia no solo como una respuesta que castigue y sancione, sino que analice cada caso en particular, con sus dificultades, con sus particularidades que se invierta tiempo en funcionarixs y equipos técnicos que escuchen, que articulen programas de atención a los agresores”, concluyó Mosquera.
Marzo de 2023
Este miércoles 8 se realiza un nuevo Paro Internacional Feminista. En la Ciudad de Buenos Aires, se llevará a cabo una marcha central desde la Av. 9 de Julio y Avenida de Mayo, hacia el Congreso de la Nación, a partir de las 16 hs., pero habrá movilizaciones en otros puntos del país y del resto del mundo.
La primera convocatoria a un paro internacional de mujeres y disidencias fue el 8 de marzo de 2017, meses después del Primer Paro Nacional de Mujeres del 19 de octubre de 2016, tras el brutal femicidio de Lucía Pérez que, el próximo 17 de marzo de este año se dará a conocer el veredicto del segundo juicio llevado adelante por su muerte.
El movimiento feminista también denunciará a la Justicia “por ser el brazo ejecutor de la persecución y criminalización de los liderazgos populares y feministas y por su rol para asegurar el saqueo de las corporaciones y por no dar respuestas a las demandas del colectivo feminista”, según puntualizan referentes del movimiento.
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