La frase es del presidente de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Domingo Sesin, quien dijo eso durante la apertura del año judicial en aquella provincia. Además instó a la comunidad judicial a terminar con los delitos que agravian “la esencia misma de los derechos humanos y la sana convivencia”. También insistió con la necesidad de la independencia e imparcialidad como “principios básicos” del Poder Judicial.
El salón de los pasos perdidos del Palacio de Justicia de la capital cordobesa fue el lugar en el que el titular del STJ afirmó: “Que no quede ninguna duda, quien comete un delito será sancionado por la Justicia en el marco de la ley, la Constitución y los derechos humanos y deberá reparar el daño ocasionado. Pondremos especial énfasis en proteger al vecino”.
“La independencia no se declama, se ejerce. Ni el Tribunal Superior ni ningún juez de este Poder Judicial reciben instrucciones del poder político provincial, nacional ni municipal”, aseguró Sesin. Y pidió que los y las juezas de Paz de Córdoba no duren sólo cinco años en sus funciones. Para el juez es necesario que tengan “inamovilidad en sus cargos” porque “se eligen por concurso”.
La apertura del año judicial cordobés se realizó el viernes pasado, allí también el magistrado cabeza del tribunal más alto provincial recalcó que “tenemos que decir basta a los femicidios (…) los abusos sexuales, la discriminación, el maltrato a los niños y ancianos, el no respeto a la diversidad; basta a los robos callejeros, las estafas bancarias, los cibercrímenes, entre otros delitos”.
Una sociedad justa “requiere un intenso compromiso comunitario” y propuso extender la experiencia de los jurados populares para fortalecer la participación activa de la sociedad en la Justicia Penal.
El magistrado planteó que los jurados podrían acompañar a la Justicia de Paz y a los Ayudantes Fiscales cuando aplican el Código de Convivencia Ciudadana. También sugirió la puesta en marcha de una Justicia barrial de menores causas para asuntos de vecindad, que también cuente con la participación de jurados populares vecinales.
Y concluyó: “La seguridad jurídica implica que la persona, los bienes y los derechos de los ciudadanos están protegidos frente a cualquier obrar arbitrario o injusto de los poderes públicos o de los particulares”.
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