La Cámara de Diputados de Salta dio luz verde la semana pasada a la creación del Registro de Obstructores de Lazos Familiares en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia, direccionado a registrar a los progenitores, guardadores o tutores que, tras conseguir la tenencia de niñas, niños y adolescentes, impidan “el ejercicio del derecho a la comunicación o contacto del otro progenitor no conviviente o de la persona que tiene tales derechos".

La decisión causó revuelo, ya que se manifestaron voces en contra como la de la organización Madres Protectoras de Salta, que a través de la representante Yanela Barrios indicaron que este registro “viene a atacar y revictimizar a las infancias, esto atenta y vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes y por eso estamos en total oposición y desacuerdo”.

En diálogo con los medios, Barrios advirtió que el registro acusa a las madres como “las obstructoras de vínculos cuando es totalmente lo contrario. Creemos en la palabra de ellos -niñas, niños y adolescentes- y de ese modo es que queremos protegerlos y actuamos y trabajamos en consecuencia”.

Asimismo, calificó la implementación del registro que se intenta "ponernos en una posición de madres vengadoras que están buscando venganza con los otros progenitores".

Cabe destacar que en septiembre de 2020 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó al SAP por “carecer de validez científica y jurídica", además de señalar "la falaz teoría ha sido utilizada para invalidar pericias psicológicas y psiquiátricas, negar la existencia del delito de abuso de menores y desconocer la voz de los niños y de las niñas".

De esta forma, la organización explicó que "la creación de este registro vendría a amparar a estos abusadores y violentos que quieren revincularse con los niños", y afirmó: “Nos planteamos cómo un niño que padeció y sufrió abuso puede querer vincularse con un abusador con la familia de su abusador”.

No obstruimos vínculos, simplemente protegemos y creemos a los niños cuando vienen y cuentan situaciones de abusos o violencia, en la mayoría de los casos”, concluyó.

Consecuencias del Registro

De forma semestral se enviará la lista de los "Obstructores de Lazos Familiares" a la Administración Pública Provincial, centralizada o descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, obra social del Estado o cualquier otro organismo dependiente del Estado Provincial y se estableció que una vez incluidas en el Registro estarán inhabilitadas para ser designadas como autoridad superior, en cargo jerárquico o como empleados en la administración pública.

Además de organismos autárquicos, en empresas y sociedades del Estado, en el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Auditoría General de la Provincia. Tampoco podrán postularse en concursos realizados por el Consejo de la Magistratura, la Unidad de Concursos del Poder Judicial o por el Ministerio Público, como así tampoco ser miembros del Consejo de la Magistratura.