La audiencia de este martes de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados giró en torno al fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña quien falleció en diciembre del año pasado. Es interesante el aporte de la fiscal María Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desde 2017, quien precisó que desde agosto 2017 hubo “90 casos con peticiones por aplicación del régimen del 2×1, principalmente en Tucumán, Córdoba y La Plata, pero también en Resistencia, Mendoza y Rosario”.
De los 118 planteos, contabilizados al final del relevamiento, el 9 de agosto de 2017, se habían resuelto 63, de los cuales “el 95% de esos casos fue rechazado y en tres de ellos, correspondientes a La Plata, habían sido admitidos”. Es decir, se rechazó el beneficio en el cómputo de la pena (2x1) ante el pedido de las defensas de los condenados por delitos de lesa humanidad.
La intención del Frente de Todos con los testigos que asistieron fue investigar en la hipótesis de que existió un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre los funcionarios de la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco.
"Fue una amnistía encubierta. Cuando escuché la noticia sentí que me rompían de nuevo el esternón y las costillas a golpes", relató Gladys Cuervo, quien fue secuestrada y torturada en el centro clandestino que funcionaba en el Hospital Posadas durante la dictadura.
"El doctor Rosenkrantz había instruido a dos de su vocalía para que eligieran una causa. No le correspondía el 2x1 a Muiña, pero eligieron porque nadie lo conocía. Groso error: no era mediático, pero nosotros lo conocíamos", explicó la víctima en la comisión.
Una de las personas identificadas por Cuervo era Federico Morgenstern, de la vocalía de Rosenkrantz, quien había sido citado como testigo en la comisión y contó lo siguiente: “Los mayores ataques a lo resuelto en Muiña vinieron del lado del gobierno”.
Fue cerca de las 18 de ayer, cuando la comisión ya llevaba más de cuatro horas de reunión. Federico Morgenstern, de la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz, quien está a cargo de procesar todas las causas que vienen de la Secretaría N°3, que es la penal aseguró: “Me acuerdo bastante bien las cosas que pasaron con Muiña”.
En esa línea, recordó que recibió el legajo, lo estudió durante unos meses y junto a Rosenkrantz “preparamos el proyecto inicial de la causa” y que “después con el desarrollo de las discusiones y negociaciones internas, el proyecto fue recibiendo modificaciones” que hacen a “la lógica de un tribunal colegiado”, continuó.
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- Muiña murió en diciembre del 2021.
Sobre la elección justamente para el “beneficio en la condena por el 2x1” que le endilgaron las víctimas que relataron lo ocurrida horas antes en la misma comisión, Morgenstern señaló que “no me acuerdo por qué se eligió el caso Muiña” y resaltó que “no había una doctrina tradicional de la Corte en la materia”. “Los argumentos del doctor Rosenkrantz están en el voto y creo que son bastante contundentes”, agregó.
En un contrapunto con Leopoldo Moreau (FdT), Morgenstern señaló que “no había ninguna doctrina interamericana para seguir en la materia”. “La Corte Interamericana no había emitido fallos sobre esta cuestión jurídica que se emitió en Muiña”, manifestó, a lo que Moreau le respondió que no era así porque “la Corte Interamericana estableció que en los delitos de lesa humanidad no podían ser sujetos a medidas que aliviaran la pena”.
Sobre el supuesto “arreglo” del voto de Highton con el gobierno de Macri para avalar seguir en el cargo de jueza suprema al cumplir los 75 años, Morgenstern replicó: “Yo no tengo idea de nada extrajurídico… de si hubo reuniones con la doctora Highton (y Rosenkrantz). Mi experiencia en la Corte trabajando el caso Muiña con el doctor Rosenkrantz, otros jueces de la Corte y colegas míos de otras vocalías desmiente absolutamente esa cosa espuria que usted está insinuando. Si ustedes no están discutiendo Muiña, no sé para qué me convocaron. Yo no tengo nada que responder extrajurídico”.
Y según relata el medio “Parlamentario”, al recibir una pregunta del diputado del PRO, Álvaro González: “¿A usted le consta que hubo algún acuerdo entre el gobierno de turno, que era el del ingeniero (Mauricio) Macri, y la Corte en ese momento para dictar este fallo?”. “La respuesta es no, pero me gustaría agregar algo: sí recuerdo, y esta es una apreciación personal, lo alocado que me pareció el surgimiento de la tesis que esbozó la doctora Gaillard, porque los mayores ataques a lo resuelto en Muiña vinieron del lado del gobierno. Desde el primer día hubo un ataque sistemático, no a la Corte, pero al 2×1”, contestó el testigo.
Y en relación a la jubilación de Highton en la Corte, acudió como testigo Horacio Diez, subprocurador del Tesoro Nacional, quien entre 2016 y 2017 se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue consultado sobre por qué en diciembre de 2016 el entonces Poder Ejecutivo no apeló el amparo que había presentado Elena Highton de Nolasco contra el fallo Schiffrin, que sostenía que la edad límite para permanecer en la Corte era de 75 años, y de esta manera la jueza pudo permanecer en su cargo. En el oficialismo sospechan de que eso se hizo para construir una mayoría para el fallo Muiña.
Diez recordó que “el 26 de diciembre de 2016 se presenta la demanda de Elena Highton de Nolasco para continuar con su función luego de haber cumplido 75 años. Era uno de los casos de relevancia institucional, tenía que ver de manera directa con la integración del alto tribunal”. Por ser un amparo “los plazos eran abreviados” y “era imprescindible responder”, apuntó, además de mencionar que la magistrada había tenido “un pronunciamiento favorable del Juzgado Federal Contencioso Administrativo 6 alineado con la doctrina del precedente Fayt”.
En otro tramo, añadió que en las 48 horas que había para apelar al fallo no recuerda haber tenido intercambio con el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sino que solo recibió instrucciones del exsecretario de Justicia, Santiago Otamendi.
Último testigo de la jornada, José Sebastián Elías, también de la vocalía de Rosenkrantz, respecto del fallo 2×1, declaró que no participó “en la redacción del proyecto, sí en la discusión y en reuniones previas a la preparación del voto y la emisión de la sentencia”, para la cual se tuvieron en cuenta casos anteriores porque “siempre que se discute un aspecto de ese caso los precedentes están en primer orden. Para el doctor Rosenkrantz los precedentes son importantes”, señaló. “No tengo conocimiento de que hubiera habido algún grado de urgencia, no fue tratado de ese modo”, dijo sobre el tiempo del fallo.
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