Detalles de la reforma judicial federal para Santa Fe

Este proyecto de ley tiene que enmarcarse en la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal que rige en Salta y Jujuy y no tuvo avances en los últimos dos años. En este sentido, el proyecto de Reforma Judicial de 2020 planteado por el presidente planteaba como contamos en esta nota la creación de 7 juzgados federales para Santa Fe. PROYECTO DE LEY. 

Y hoy en la primera sesión del año, la cámara de Diputados luego del auge de las amenazas de las bandas de narcotraficantes a medios de comunicación y a miembros del Poder Judicial en el último tiempo, avanza en darle media sanción al proyecto de ley denominado “fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe que consiguió el dictamen que le faltaba ayer miércoles evaluando su costo presupuestario.

La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; 9 defensorías y 6 juzgados federales, así como 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 57 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales en la provincia aquejada por las amenazas "narcos".

"El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen", señala el proyecto aprobado que debe pasar al Senado para convertirse en ley.

El texto elaborado con la participación de los tres bloques con representación parlamentaria: el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Socialismo. Está dividido en cuatro grandes capítulos: Ministerio Público Fiscal; jueces con funciones de garantías; jueces con funciones de revisión; y jueces con  funciones de juicio y ejecución.

Del Ministerio Público Fiscal: En cuanto al Ministerio Público Fiscal, el proyecto crea cinco cargos de Fiscal Federal Penal ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y de ejecución para la ciudad de Rosario, tres cargos para la ciudad de Santa Fe; uno para Rafaela, uno para Reconquista, uno para San Lorenzo, uno para Venado Tuerto y otro para San Nicolás (provincia de Buenos Aires).

Del Ministerio Público de la Defensa: Además, se generan tres cargos de Defensor Penal Federal, con jurisdicción en Rosario y uno con jurisdicción para la ciudad de Santa Fe. En lo que respecta a los magistrados, la iniciativa origina un cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, uno con asiento en la ciudad de Rafaela, uno con asiento en la ciudad de Reconquista y uno con asiento en la ciudad de Rosario. También un magistrado trabajará en la ciudad de San Lorenzo y otros en Venado Tuerto.

“La implementación del nuevo Código depende de una Comisión Bicameral creada con ese fin en el año 2014 mediante la Ley 27.063. Luego de 9 años, la Comisión sólo logró la efectiva aplicación de la norma en las provincias de Salta y Jujuy, con muy buenos resultados”, fundamentó uno de los diputados que más apoyó el proyecto, Roberto Mirabella.

¿Inversión o costo?

Previo a su paso por el recinto, la comisión presidida por el diputado oficialista Carlos Heller, la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, logró el miércoles pasado la firma de los 40 legisladores que participaron de la reunión para tratar la iniciativa que busca fortalecer la Justicia Penal Federal de Santa Fe.

La iniciativa, que ya había obtenido dictamen unificado en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal el pasado 8 de marzo, fue presentada por el diputado del FDT por Santa Fe, Roberto Mirabella, y acompañada por diferentes legisladores de dicha provincia.

Heller explicó que solicitaron “a la Oficina de Presupuesto del Congreso un informe sobre el costo fiscal de la iniciativa, que no es vinculante, pero que conocer el dato ayuda a la comprensión de las medidas que hay que tomar en cada momento”.

“Tomando los salarios de los 50 cargos que se crearían a partir del proyecto, se generaría un costo bruto de 1564 millones anuales, con datos actualizados a marzo. Y, si se descuenta lo que recibirá el Estado por contribuciones patronales jubilatorias, personales jubilatorios y por ingreso por impuesto a las Ganancias, generaría una recaudación estimada del orden de los 456 millones de pesos”.

Y prosiguió: “De esta manera, el costo de cubrir los 50 cargos creados sería de 1108 millones de pesos, lo que significaría un 0,0075% del PBI, equivalente al 0,2% del crédito asignado en el presupuesto 2023 al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público en conjunto”.

Según la Oficina de Presupuesto, “el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente. El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen”. Las erogaciones en personal se calculan en “1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional”.