La justicia cordobesa decidió que un banco debe resarcir a una persona por los daños causados tras entregar una tarjeta de crédito a un sujeto que usurpó su identidad mediante un Documento Nacional de Identidad (DNI) falso. Con ese plástico se realizaron compras que no fueron pagadas y la víctima ingresó como moroso al sistema del Banco Central, quien le notificó su situación.
El Juzgado en lo Civil y Comercial de 16° Nominación de la ciudad consideró que en la investigación se pudo acreditar la responsabilidad del banco al incumplir su “deber de seguridad”, el cual no desempeñó para proteger al cliente ni tomó los recaudos necesarios al emitir la tarjeta de crédito.
María Eugenia Murillo, jueza del tribunal, remarcó que la víctima no dio el consentimiento para que se realice un plástico a su nombre, lo que provocó una deuda a su nombre que derivó en llamados telefónicos y mensajería de texto para el cobro. Además, subrayó que las entidades bancarias no resultan ajenas al “deber de no dañar”, y destacó que se deben crear mecanismos que eviten esta situación.
El tribunal señaló que las maniobras fraudulentas forman parte el riesgo empresarial en la actividad de captación de clientes y que la entidad debe asumir el riesgo de esa forma de contratación. Cabe señalar, que la víctima debido a esa posición de deudor frente al BCRA perdió la oportunidad de acceder al programa social “25 mil viviendas”, realizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En tanto, la jueza ordenó que el banco pague $200.000 pesos, más intereses, por el daño punitivo causado. “Esto demuestra un claro ejemplo de desprecio y grave desinterés respecto de la dignidad e integridad del Sr. C., puesto que tal actuar no se compadece con el profesionalismo que es exigible a los bancos, ya que con una mínima diligencia esta situación podría haberse evitado”, dijo la funcionaria.
“El hecho de ser incluido erróneamente en una base de datos como deudor moroso, constituye una situación por sí gravosa con aptitud suficiente para provocar un estado de intranquilidad y preocupación que superan los límites normales. Resulta indudable que la difusión de información crediticia incorrecta por más de un año ha afectado su tranquilidad anímica”, finalizó la jueza.
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