La justicia porteña dio un nuevo revés al Gobierno de la Cuidad, tras decidir dar lugar a la medida cautelar presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que pedía la protección del Pasaje Masón al detectar que la construcción de un edificio violaba el procedimiento de doble altura puesto por la Legislatura.
Fue el juez Osvaldo Otheguy, del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad N° 8, quien suspendió la construcción del edificio en el Pasaje Mason al 4435 en el barrio de Palermo. Al respecto, consideró que la incorporación de un artículo que habilitaba la edificación en el Código Urbanístico, ya que modificaba la altura permitida, no respetó el procedimiento de doble lectura que establece la Constitución de la Ciudad.
La modificación
El eje de problema reside en que, según el magistrado, la modificación fue incorporada en el recinto durante la segunda aprobación de la Ley N° 6361. Además, desde señalaron que no estuvo presente ni en la aprobación inicial en la ley, ni en la audiencia pública ni en el despacho del proyecto durante la segunda lectura.
Asimismo, la “excepción” fue incorporada en el último momento violando las instancias de transparencia y participación ciudadana. Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, consideró que “en la Ciudad de Buenos Aires, existe una inseguridad jurídica muy grave para la ciudadanía”.
“La Legislatura aprueba leyes que no respetan el procedimiento de sanción de leyes que establece la Constitución. Es decir, la ciudadanía no tiene la certeza de que aquello que se publica como ley en el boletín oficial es una ley que respetó el procedimiento constitucional”, señaló.
En tanto, opinó que “ahora el Poder Judicial detectó nuevamente que violaciones claras a la Constitución durante la sanción de una ley”, y remarcó que en este caso “se otorgó una excepción inmobiliaria que duplica la altura permitida de construcción en el Pasaje Masón que fue incorporada en el debate parlamentario en el último momento y que, por tal motivo, no permitió a la ciudadanía participar con relación a esta modificación normativa que afecta a unos de los paisajes protegidos como son los pasajes”.
El organismo recordó que hubo otras “violaciones del procedimiento constitucional de sanción de leyes”, y señaló: “La ley que autorizó la venta de Costa Salguero en la Costanera Norte que fue declarada inconstitucional por la justicia, la ley 6179 que autorizaba la venta de 80 hectáreas de tierra pública, una de las leyes que había autorizado la privatización del estacionamiento medido y el servicio de acarreo de autos, la aprobación por ley del convenio urbanístico que autorizó un nuevo puerto madero en la Costanera Sur denominado Costa Urbana, etc.”
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