Ante el problema de la sobrepoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires, la semana pasada se inauguró una alcaldía en Lomas de Zamora destinada a aliviar la cantidad de detenidos que se encuentran en comisarías y que, por la propia lógica de la estructura, en muchos casos no ven representados sus derechos básicos, lo que dificulta en principio dos ejes: la posibilidad de trabajar una reinserción social del detenido y el trabajo en la propia dependencia, ya que se debe designar personal policial a la custodia.
Ante estas nuevas localizaciones, Tiempo Judicial dialogó con Claudio Santagatti, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, que celebró la creación de la alcaldía dedicada al departamento judicial y explicó que “se busca generar un vaciamiento, o una instancia provisoria para que después los detenidos, si hay sentencia, vayan a lugares de aprisionamiento”.
“Cada departamento judicial de esta manera se hace cargo de sus presos y los tiene detenidos en sus propias ciudades”, indicó el referente y afirmó que “en el caso del gran Buenos Aires, los presos mayormente están en cárceles del interior, esta idea de alcaldía es formidable en ese sentido, ahorra al preso irse y es una buena posibilidad de que la familia lo vaya a visitar, de cercanía para reinserción próxima”.
En ese marco, destacó que “libera a la policía y vuelve a su función original, que es la prevención y la seguridad, y no la custodia de detenidos”, y consideró: “Hoy vivimos una verdadera crisis, estamos más o menos en unas 57 o 58 mil personas aprisionadas y la capacidad es más o menos de un tercio. Hay una superpoblación”.
Santagati, en tanto, opinó que “la idea de tener detenidos en comisarías es una idea contranatural, porque la comisaría no es para tener detenidos, sino para el pequeño tiempo de aprehensión hasta la derivación”, y agregó que los magistrados saben “que hay sentencias a la cual la provincia debe adecuarse, como el caso Verbitsky 1 y 2, que son hábeas corpus colectivos a los cuales la provincia debe dar respuesta y debe adecuar su infraestructura, principalmente para dar las garantías constitucionales y hacer cumplir la función de las cárceles, que deben ser para reinsertar a quienes están allí”.
“Los magistrados somos los que controlamos que se cumplan las leyes y las condiciones de los detenidos. De hecho, somos quienes presentamos habeas corpus, los que tuvimos en su momento la resolución de los mismos, es una situación en la que nos ocupamos en la diaria”, subrayó el magistrado.
Asimismo, enfatizó que esta modalidad genera “agilización de los tiempos procesales”, y destacó que “la fijación de juicios con plazos acortados hacen que también este sistema funcione más adecuadamente, lo mismo que la posibilidad de que los jueces se sientan apoyados en el caso de que otorguen libertades y las mismas correspondan”.
“La población tiene que entender que existen derechos que se deben cumplir y eso implica muchas veces la libertad de un detenido”, dijo Santagati y concluyó: “Acordémonos que el sistema penitenciario está basado en la dignidad. Todas las medidas que tiendan a mejorar las condiciones mejora las posibilidades de que esa persona reflexione del error cometido y pueda volver con su familia y conseguir un trabajo digno. Indudablemente todas estas medidas tienen como objetivo ese fin”.
Comentarios recientes