El juez de primera nominación de Gestión Asociada del fuero Civil, Héctor Rollán, emitió un fallo sin precedentes en el Poder Judicial de San Juan tras la demanda por “daños y perjuicios” que iniciaron los hijos de Fabiana Agüero, de 55 años, quien fue asesinada de un disparo por Rogelio Héctor Schiaroli, su expareja de 71 años. El hecho ocurrió el 13 de diciembre de 2019, en un departamento en pleno centro la capital sanjuanina.

El juez dio lugar a la demanda hecha por los hijos de la víctima en la que reclamaban un monto indemnizatorio de casi 15 millones de pesos, pero sólo por el monto de 4 millones que deberán pagar los herederos del femicida.

Al respecto, el juez Rollán argumentó: “En base a estas evaluaciones resolví hacer lugar parcialmente a la demanda de indemnización, descartado la reparación económica por el Valor de Vida, ya que falleció la señora Agüero, pero sus cabañas pueden seguir funcionando”. Y agregó: “Sí di lugar a los daños morales y psicológicos, resolviendo que los herederos de Schiaroli deben indemnizar a los hijos de la mujer con un pago de $4.296.000”.

Agüero había tomado la decisión de separarse definitivamente de Schiaroli, con el que convivió por 5 años, debido a que la celaba y acosaba posesivamente, pensando que le era infiel. Un día Schiaroli llegó al departamento y la asesinó disparándole con un arma calibre 22. Posteriormente él se disparó y quedó gravemente herido. Falleció dos días después.

Tras el crimen de Paola Agüero, sus hijos iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra los herederos de Rogelio Schiaroli. Reclamaron un resarcimiento de $14,8 millones, teniendo en cuenta diferentes rubros.

En concepto del "valor a la Vida y la pérdida de chance" le reclamaron $10,8 millones, cifra que surge del cálculo de lo que Agüero percibiría en promedio mensual ($100.000) por el alquiler de 12 cabañas de su propiedad en El Calafate (Santa Cruz), multiplicado por 9 años de vida activa que le hubiera quedado a su madre. Y por el "daño moral" pidieron $3 millones, por el sufrimiento del dolor de la pérdida de la madre.

Sumado al "daño psicológico y el tratamiento", demandaron un monto de $1 millón más para hacer frente a la asistencia de un psicólogo y, eventualmente, de un psiquiatra. Tras una pericia psicológica con un perito oficial de la Corte Suprema de Justicia, se determinó que los hijos de la víctima padecen trastornos de conducta y de personalidad, depresión, alteraciones cognitivas y estrés postraumático, ocasionados por el femicidio de su madre.