Piden una investigación "independiente y exhaustiva" del asesinato de la periodista Griselda Blanco

Mediante una carta dirigida al fiscal de la causa Amnistía Internacional pidió una investigación independiente y exhaustiva en relación con el expediente donde se investiga la muerte violenta de la periodista Griselda Blanco. La mujer fue encontrada muerta el pasado 20 de mayo en su casa ubicada en la localidad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.

Se trata de la fiscal María José Barrerp Sahagún quien es la encargada de impulsar la investigación desde la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas. Con la firma de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, la carta hace hincapié en la “preocupación para que se garantice una investigación urgente, eficaz, imparcial y exhaustiva sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas, en particular, considerando su labor como periodista”.

Ello porque hay una “obligación del Estado de investigar, en forma real, eficaz y exhaustiva, todas las violaciones de derechos cometidas, adoptando, a su vez, las medidas necesarias para considerar todas las hipótesis acerca del desarrollo de los hechos, sin omitir líneas de investigación o actos relevantes y para ordenar, practicar, preservar o valorar, en forma oportuna y efectiva, las pruebas que sean pertinentes y relevantes para el pleno esclarecimiento de los hechos”.

Para Amnistía resulta muy importante la condición de periodista de la mujer, integrante también de la Asociación de Periodistas de Corrientes, que venía denunciando abusos dentro de las fuerzas de seguridad entre otras cuestiones vinculadas al poder político y policial.

“El Estado debe garantizar la debida diligencia en la investigación de la muerte de una mujer periodista, obligación reforzada por el rol de la víctima como comunicadora social, profesión fundamental para la convivencia democrática, la libertad de expresión, la transparencia y máxima rendición de cuentas a la que deben ser sometidos los agentes estatales o que cumplan un rol público”, expresó Belski.

También recuerdan desde Amnistía que la relatoría especial sobre libertad de expresión de la OEA ha señalado que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales, por motivos relacionados con su trabajo periodístico, constituye la más grave violación del derecho a la libertad de expresión. Y por ello exhortaron a la fiscal a “llevar a cabo una investigación eficaz, exhaustiva, imparcial e independiente a los efectos de conocer la verdad sobre la muerte de Griselda Blanco”.