La ONU emitió un informe en el que analiza la utilización del Síndrome de Alienación Parental (SAP) en todo el mundo.
Se trata de la teoría utilizada para justificar al agresor acusado de violencia intrafamiliar o abuso sexual infantil alegando que el testimonio en un tribunal de la niña o niño en cuestión es influenciado por la madre e inducido a mentir.
De esta manera, la mayoría de los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes (NNA) o ejecutores de violencia de género son subestimados en los juzgados de familia y, en consecuencia, la tenencia de los y las niñas es otorgada al denunciado total o parcialmente.
La Relatora Especial sobre la violencia hacia las Mujeres de Naciones Unidas, Reem Alsalem, hizo público un informe en el que analiza la utilización del SAP en todo el mundo y será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se celebrará entre el 19 de junio y mediados de julio.
El escrito alerta también sobre la minimización por parte del Poder Judicial a este tipo de casos, donde los NNA mantienen visitas obligatorias con su agresor o donde no se separa al denunciado del núcleo familiar, dándole la oportunidad de tomar reprimenda contra su esposa y/o hijos e hijas.
“Esta falacia del SAP viene siendo utilizada desde hace muchos años para hacer creer a los jueces y fiscales que la madre le está lavando la cabeza a sus hijos para que declaren en contra de su padre, haciéndole creer al niño que fue víctima de un abuso sexual por parte de su otro padre o algo similar”, explicó en diálogo con Tiempo Judicial, Alejandrina Román, psicóloga, sexóloga, educadora sexual y especialista en abuso sexual infantil.
Si bien este artilugio jurídico puede ser utilizado por mujeres, Román indicó que “usualmente el abusador es el padre, abuelo, tío, o algún varón de la familia”.
Este machismo cultural que azota a los grupos familiares es detectado también en los tribunales donde “sólo el 2% de los casos de abuso sexual infantil llega a juicio” y sólo el “1% llega a una sentencia firme”, “el resto se archiva”.
La falta de capacitación en cuestiones de género y de abuso infantil, “a pesar de la implementación de la Ley Micaela”, y la presencia mayoritaria en la Justicia de “hombres que defienden a otros hombres” hace que el carácter “paternalista y machista” del sistema judicial persista.
Falsedad del SAP
Alejandrina habla de “falacia” al referirse al SAP ya que “no tiene entidad científica” y su existencia como tal fue cuestionada por instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Española de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología y la de Psiquiatría, la Asociación Médica Americana, y la Asociación de Psicólogos Americana. Con esto, las instituciones denuncian que se trata de un invento que tiene por objetivo “encubrir a agresores y abusadores de niños, niñas, adolescentes y mujeres”.
De hecho, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tiene una declaración en su página web donde sienta posición en contra del falso SAP al alegar que “esta teoría fue desautorizada por la ciencia en todas sus modalidades, tanto en el ámbito de la psicología como en el de la psiquiatría” y que “desde la puesta en marcha de la Convención de los Derechos del Niño se ha confirmado una y otra vez que los niños rara vez mienten”.
Aún más, hay fallos nacionales y locales que sientan jurisprudencia sobre su falsedad científica. Sin embargo, este recurso patriarcal es aún utilizado por la defensa de los acusados y por algunos tribunales para respaldar sus resoluciones.
Capacitación contra la pedofilia
Según la experiencia de la entrevistada en la materia, “ha quedado demostrada la desinformación del Poder Judicial respecto al abuso infantil y a las pericias psicológicas atendidas”, ya que no cuenta con suficientes “profesionales de salud capacitados para detectar el abuso sexual en menores”.
Existen “técnicas productivas con las que uno puede avalar si el abuso existió realmente, aunque sean niños pequeños que aún no pueden hablar”.
En concordancia con las palabras de Román, Verónica Spinelli, trabajadora social de Lihuen consultada también por este medio, una asociación civil que hace 22 años trabaja con casos de maltrato y abuso sexual infantil, expuso: “Lamentablemente, todavía hay personas que creen que un niño o una niña puede inventar, fantasear o creer que sufrió un abuso sexual que nunca ocurrió”.
“La validez que tiene el testimonio de las víctimas menores de edad en un juicio, lamentablemente, varía mucho. En primer lugar, hay que tener en cuenta que dependiendo la edad del niño o niña, su testimonio para el juicio se toma previamente a través de una cámara Gesell”, agregó Spinelli.
Y completó: “En los primeros 20 años de Lihuen, hemos atendido a más de 2000 niños, niñas y adolescentes, y sólo tuvimos una falsa denuncia, que la detectamos en la primera entrevista. Los niños y las niñas que han sufrido un abuso sexual desarrollan sintomatología e indicadores que no pueden inventarse”.
Para Román, la capacitación del Poder Judicial en esta materia es urgente, ya que los niños y niñas no pueden sostener mentiras ante personal capacitado. Se les somete a cuestionarios y a contar situaciones de abuso en Cámaras Gesell sin personal preparado para no revictimizar a las y los niños. “El falso SAP es un elemento más que nos aleja de la verdad y que no combate la pedofilia, que se ha acrecentado después de la pandemia”, sentenció la psicóloga.
“Hay que trabajar muchísimo desde la Educación Sexual Integral que debe ser implementada desde jardín para que madres y padres también estén capacitados para enseñarles a los NNA actitudes protectoras ante el abuso”, concluyó Román.
Agresión a profesionales de salud
Existe un fenómeno llamado “backlash”, una práctica que consiste en críticas, amenazas y denuncias hacia trabajadores y trabajadoras de la salud mental que se dedican a la protección de la infancia.
“Es un movimiento que aparece ante los abusos de NNA que tiene como objetivo agredir a los profesionales que defienden a los niños abusados. Hemos tenido casos en la Argentina y lo vemos a diario cuando nos toca ir a declarar por algún caso y tratan de desacreditar nuestras pericias psicológicas”, explicó Román.
Y concluyó: "Algunas colegas, por estos conflictos legales que aparecen, deciden no atender más estos casos de NNA porque pueden ser agredidas por los abusadores y descalificadas judicialmente".
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