El Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado de manera unipersonal por el juez subrogante Santiago Federico Díaz, condenó a 7 años de prisión, por transporte de estupefacientes, al conductor de una camioneta al que, durante un control vehicular, se le encontraron más de cien kilos de cocaína.
La condena, dictada el pasado 22 de mayo, recayó sobre Víctor Camacho, detenido mientras circulaba por la ruta 34, a la altura del puesto de control de la localidad de Pampa Blanca. Allí, personal de la Sección Vial del Escuadrón 53 de la Gendarmería Nacional, lo detuvo para el examen de documentación y físico de rutina. En ese momento el perro antinarcóticos reaccionó de forma positiva frente a la posibilidad de presencia de droga en el lado derecho del rodado.
Al realizarse una requisa más a fondo de la camioneta se encontraron 101 kilos de cocaína en un compartimento fabricado en el piso del utilitario, donde estaban ocultos 96 paquetes de cocaína. El valor del estupefaciente incautado fue calculado en la suma de casi 200 millones de pesos (en rigor, $195.601.381), lo cual representa un monto significativo, no sólo por su cotización, sino también por la magnitud del daño en abstracto a la salud pública.
En función de las pruebas producidas por la fiscalía en el debate, el fiscal dio por demostrado el hecho imputado a Camacho, conclusión que reforzó con una serie de mensajes extraídos del teléfono secuestrado al acusado, de los cuales surge que había viajado a la ciudad boliviana de Cochabamba, al parecer, para proveerse del tóxico.
Durante el juicio unipersonal, el fiscal puso de relieve otras conversaciones de las cuales se desprendía que el acusado ofrecía otra sustancia derivada de una “planta” verde, por la cual recibió demandas, entre ellas “tres bolsitas de eso verde, que tiene la planta”.
También, en la causa se valoraron los mensajes donde surgía la mención de contactos con otras personas, a quienes el acusado describió como sus “jefes”, mientras que en otros reconocía su rol en la elaboración del estupefaciente, lo cual se vio confirmado con el hallazgo de mensajes en los que se hacía alusión a distintas sustancias químicas necesarias para ello.
En base a esta carga probatoria, la fiscalía solicitó que Camacho fuera declarado penalmente responsable y se procediera a la aplicación de una pena de 7 años y 6 meses de prisión, mientras que la defensa pidió que la pena fuera de 4 años de prisión y bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Pero el juez estipuló una condena de siete años de prisión, rechazando lo solicitado por la defensa de Camacho, y procedió al decomiso del dinero incautado y al vehículo secuestrado.
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