Tras haber suspendido y mandado a juicio político por mal desempeño al juez federal Walter Bento, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación tiene pendiente de resolución la cobertura de tres vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Hoy, ese tribunal de alzada -con competencia en causas que se tramitan en el Gran Mendoza, San Rafael, San Juan y San Luis- funciona con tres de sus seis integrantes titulares por las renuncias de Juan Antonio González Macía y Olga Arrabal y el fallecimiento de Alfredo Porras. Manuel Pizarro, titular de la Cámara Federal, asegura que “están al día” y que, en caso de ser necesario, convocarán a magistrados subrogantes de los Tribunales Orales, ya que está vigente la ley de subrogancia que así lo permite.
Con todo, también están listos para sumarse el abogado penalista Fernando Peñaloza y el juez mendocino Ramiro Salinas, a quienes el Poder Ejecutivo nacional designó como subrogantes en octubre de 2022 debido a la demora en la definición del concurso 409. Esta instancia fue convocada inicialmente para elegir al sucesor de Macía pero fue ampliada en 2020 para cubrir la vacante que dejó Arrabal. Para ocupar el sillón de Porras no se ha llamado a concurso, a pesar de que el magistrado murió en ejercicio del cargo hace 14 meses.
Un detalle acerca de Salinas: en caso de ser convocado para integrar la Cámara Federal de Apelaciones para tratar algún expediente, deberá renunciar al cargo de juez penal colegiado del Poder Judicial de Mendoza que ejerce hace más de 20 años, ya que ambas funciones son incompatibles en simultáneo.
Hasta el momento, a casi 8 meses de la designación presidencial por decreto del PEN, ni Salinas ni Peñaloza han sido llamados por la Cámara Federal de Apelaciones. A pesar de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza funciona con la mitad de sus tiulares desde hace bastante tiempo, Miguel Piedecasas asegura que en la Justicia Federal de Mendoza están funcionando bien.
El rol de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza también cumple funciones de Superintendencia. De hecho, apenas el juez federal Walter Bento fue suspendido en Buenos Aires el 31 de mayo, se encargó de designar a Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal 3, como subrogante de las causas penales, y a Pablo Quirós, del Juzgado Federal 2, como subrogante de la competencia electoral.
La Cámara, actualmente integrada por Pizarro, Gustavo Castiñeira De Dios y Juan Ignacio Pérez Curci (este último de licencia hasta fin de mes), viene de emplazar a Bento en 36 horas para desalojar los despachos de juez electoral y penal y para devolverle al Poder Judicial de la Nación todos los elementos de trabajo que utilizó desde que Néstor Kirchner lo designó hace 17 años al frente del Juzgado Federal 1.
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- Olga Arrabal (renunció y dejó vacante), Alfredo Porras (murió y dejó vacante) y los 3 camaristas en actividad: Përez Curci, Pizarro y Castiñeira.
El remezón del caso Bento
La suspensión y desalojo de Bento, quien desde el 26 de julio deberá afrontar un juicio oral y público por el delito de asociación ilícita junto a otras 27 personas, trajo alivio a la estructura de la Justicia Federal de Mendoza. De hecho, el magistrado trabajó durante los últimos meses en su despacho de juez electoral ubicado a doscientos metros del edificio de los Tribunales Federales, en el cuarto piso del Correo Argentino.
Sin embargo, en Mendoza preocupa que la Justicia Federal sea considerada “la oveja negra” del Poder Judicial de la Nación y sufra el retardo de designaciones de personal, entre otras cuestiones, como sucedió años atrás con la caída casi completa de la anterior Cámara Federal de Apelaciones por renuncias y destituciones por delitos de lesa humanidad.
La destitución de Otilio Romano -finalmente condenado por delitos de lesa humanidad en su época de fiscal- por caso, fue el comienzo de un terremoto que dejó a la Cámara Federal a media máquina. Después hubo renuncias pero el nuevo elenco de magistrados tardó varios años -concursos incluidos- en quedar en funciones.
Más atrás en el historial, recordemos que Bento asumió seis años después de que Luis Leiva, su antecesor, fuera suspendido por mal desempeño, cargo por el que fue destituido en 2002 tras las denuncias e intervención del hoy fallecido banquero Raúl Moneta, como un coletazo de la quiebra del Banco Mendoza SA, que había aglutinado a los bancos provinciales De Mendoza y De Previsión Social.
Aquí, en Mendoza, los ojos de la Justicia Federal están puestos en Walter Bento y los procesos penales y políticos que deberá afrontar. Los observadores más optimistas calculan que recién a fin de año habrá definiciones en ambos frentes.
Que las audiencias del TOF 2, de las que se prevé que participen más de un centenar de testigos y al menos 30 abogados defensores, y que hayan sido programadas para tres días por semana más que el Jury de Enjuiciamiento tiene 180 días hábiles de plazo para destituir o confirmar a Bento, invitan a pensar en que habrá que esperar varios meses para que ambos desenlaces sucedan.
Mientras, el suspendido juez federal, con procesamiento firme en varios delitos penales en el ejercicio de la función, quedó envuelto, en las últimas horas, en una nueva polémica con Dante Vega, el fiscal acusador ante el TOF 2. Quedó confirmado en Mendoza que la esposa y los hijos de Bento, quienes están implicados en la causa penal, avanzan en el Consulado de España en Mendoza con la tramitación de la ciudadanía de ese país en el marco de la ley de nietos.
Horas antes, Vega había pedido informes a esa dependencia por la posible tramitación de los pasaportes de la Comunidad Económica Europea a pedido de la familia Bento, lo que generó la fuerte sospecha de una posible huida del país antes de enfrentar la dura acusación penal.
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